MARACAIBO —El gobierno de Nicolás Maduro adelantará en los próximos días un “maquillaje” inconstitucional al reformar el poder judicial, agravando la falta de separación de poderes en Venezuela, advirtió este martes la oposición al chavismo en un debate del Parlamento electo en 2015.
El oficialismo, que ejerce mayoría en la Asamblea Nacional votada en 2020 -la oposición la desconoce como un poder legítimo por presunto fraude electoral-, redujo en diciembre la cantidad de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y, luego de meses de debate, se apresta para designar nuevos jueces.
Los diputados antichavistas valoran esa reforma como un “maquillaje” que viola la Constitución, según Delsa Solórzano, parlamentaria electa hace siete años.
“No pretendamos que va a resolverse el sistema de administración de justicia con un maquillaje de cambio de magistrados. No existe esta posibilidad”, dijo Solórzano en la discusión de la comisión delegada que representa al Parlamento de 2015.
La oposición considera que esa Asamblea Nacional, donde tenía mayoría, es la única institución legalmente constituida en Venezuela. Además, acusa a Maduro de usurpar el poder desde enero de 2019 y exige repetir las elecciones presidenciales con mejores condiciones, bajo observación internacional probada.
Estaba previsto que las delegaciones del chavismo y de la oposición acordaran una reforma y democratización del poder judicial en México, en la mesa de negociaciones facilitada por el Reino de Noruega. El oficialismo se retiró de ese diálogo hace cinco meses alegando que Estados Unidos lo boicoteó.
El chavismo, según Solórzano, “ha pretendido impulsar una inconstitucional reforma del sistema de justicia”. La diputada denunció que la inminente designación de nuevos magistrados busca “eludir” el papel de la Corte Penal Internacional (CPI), que investiga crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Excesos y agendas ocultas
El oficialismo defendió la legalidad de la reducción de magistrados de 32 a 20. Sus diputados, electos en diciembre de 2020 en una votación rebatida por buena parte de la comunidad internacional, ya tienen en sus manos una lista depurada de los candidatos a ocupar esos puestos en el Tribunal Supremo.
Juan Guaidó, presidente del Parlamento de 2015 y a quien 50 gobiernos reconocen como mandatario encargado del país sudamericano desde 2019, participó en el debate de este martes, realizado por videoconferencia.
Los aliados de Maduro permitieron que los magistrados actuales aspiraran a ratificarse. Esa propuesta viola la Constitución, además de que sería concretada por un Parlamento “ilegítimo”, opinó la diputada Tamara Adrián, por su parte.
“No pueden participar porque excedería del límite de los 12 años que establece la Constitución”, manifestó ante sus colegas parlamentarios de oposición.
Un poder judicial “a medida del régimen” de Maduro sería el anhelo del oficialismo con la reforma, de acuerdo con la legisladora Yajaira Castro.
“Busca lavar la cara a un expediente que suma más de 200 presos políticos, persecuciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales y severos señalamiento sobre violaciones sistemática de los derechos humanos”, señaló.
Solórzano, asimismo, insistió en que la justicia en Venezuela es “inexistente” y citó el informe actualizado de la Misión Independiente de Verificación de Hechos de las Naciones Unidas sobre el país sudamericano. “Marca la falta del debido proceso, la ausencia absoluta de este derecho humano”, dijo.
Para ella, es “impensable” que una reforma del poder judicial por el “régimen” de Maduro pueda dar como resultado un sistema de justicia independiente.
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