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Parlamento de Guatemala endurece penas para castigar el aborto


Activistas se manifiestan al margen de un evento que celebra una nueva ley denominada "Ley para la Protección de la Vida y la Familia", para protestar por la nueva ley en la Ciudad de Guatemala, el 9 de marzo de 2022.
Activistas se manifiestan al margen de un evento que celebra una nueva ley denominada "Ley para la Protección de la Vida y la Familia", para protestar por la nueva ley en la Ciudad de Guatemala, el 9 de marzo de 2022.

La nueva ley, aprobada en el Día Internacional de la Mujer, duplica las penas de prisión por aborto, prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo y educar a los niños sobre la diversidad sexual.

El Parlamento de Guatemala, de mayoría conservadora, aumentó las penas de prisión que reprimen el aborto y, además, prohibió el matrimonio entre personas del mismo sexo y la enseñanza sobre la diversidad sexual.

La ley, conocida como “Protección de la vida y la familia”, fue aprobada la noche del martes con 101 votos, ocho en contra y 51 ausencias. Dicha legislación introduce cambios en el Código Penal, entre ellos, el aumento de tres a 10 años de prisión a las mujeres que aborten.

La normativa además amplía las penas a médicos y a aquellos que faciliten la interrupción del embarazo y la aumenta hasta los 50 años de cárcel si se practica un aborto sin consentimiento y en consecuencia, la madre muere, delito que antes tenía una condena de 12 años de prisión.

La legislación guatemalteca hace una excepción cuando corre peligro la vida de la madre, pero la nueva ley establece más requisitos para que esto se aplique.

Otra modificación que abarca la ley es la prohibición de que las entidades educativas públicas y privadas promuevan políticas o programas a niños, niñas y adolescentes que tiendan a desviarse de su identidad sexual de nacimiento.

Además, una reforma al Código Civil ahora establece que “queda expresamente prohibido el matrimonio entre personas del mismo sexo” en Guatemala.

Tras la votación del Parlamento, el fiscal guatemalteco de derechos humanos Jordan Rodas dijo que la normativa “vulnera” las convenciones internacionales a las que se adhiere Guatemala y anunció que luchará para que la Corte Constitucional lo juzgue ilegal.

Por su parte el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, publicó en sus redes sociales que con la ley se “enviaba un mensaje claro al mundo” y que no existía excusa para “no cumplir lo que manda nuestra Constitución Política de la República”.

El miércoles, un día después de aprobada la ley, el presidente Giammattei junto con líderes religiosos en una ceremonia especial declararon a Guatemala “capital pro-vida de América Latina” para los próximos cuatro años.

* Con información de AP y AFP

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