La decisión del gobierno argentino de cancelar la licencia a la proveedora de Internet Fibertel –propiedad de Cablevisión, una empresa del Grupo Clarín– generó polémica en Argentina y fue calificada como una “persecución ilegal” por parte de Cablevisión.
Asimismo, los diputados de la oposición argentina anunciaron que presentarán un proyecto de ley “para dejar sin efecto” la revocación de la licencia, según informó el periódico Clarín.
El gobierno le dio un plazo de 90 días al millón de abonados a Fibertel para migrar a otros proveedores.
En tanto, la revocación de la licencia significó un duro golpe para el Grupo Clarín, ya que el negocio representaba un 64,9 por ciento de sus ingresos. Al mismo tiempo, favorecerá a dos empresas extranjeras: Telefónica de Argentina, filial de la española Telefónica, y Telecom Italia.
La medida fue anunciada por el ministro de Planificación, Julio De Vido, quien justificó que Cablevisión no tenía licencia para prestar el servicio de Fibertel: "Ha caducado una licencia que Cablevisión estaba ejerciendo ilegalmente, siendo que Fibertel se disolvió en enero de 2009”, aseguró a los medios de prensa locales.
Pero el Grupo Clarín, políticos de la oposición y defensores de los derechos de prensa aseguran que la revocación de la licencia es otra embestida de los Kirchner contra la libertad de prensa en Argentina, especialmente contra el Grupo Clarín -principal conglomerado mediático del país– que ha tenido fuertes roces con el gobierno.
Así lo dijo Alejandro Aguirre, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a voanoticias.com: “La SIP está sumamente preocupada con lo que ha sido una serie de acciones por parte del gobierno, que aparentan estar dirigidas en contra del Grupo Clarín. Pedimos que estos procesos sean manejados de forma muy transparente y muy clara”.
Asimismo, consideró muy “extraño” que el gobierno argentino no se diera cuenta hasta ahora que la licencia que Cablevisión ejercía había caducado en enero de 2009.
“Estamos hablando de muchísimos usuarios de Internet en Argentina. Que el Estado se de cuenta ahora de que hubo un problema de esta naturaleza, y que antes no diera un aviso, es extraño. Imagínese que uno se sube a un avión, luego sube el gobierno y le dice que hace nueve meses que la línea aérea no tiene permiso para volar”.
“Y la solución dada, de simplemente ordenar que todo el mundo tenga que cambiar de compañía en 90 días, no es una cosa usual dentro de un Estado de derecho normal”, agregó Aguirre.
Al presidente de la SIP le arma que esta decisión se dé en el marco de un antagonismo muy fuerte entre el gobierno y los medios de prensa independientes, particularmente el diario Clarín. “Creo que uno tiene bastante derecho a sospechar que aquí hay un problema político”.
Además, no es un caso aislado. Aguirre recordó que el martes, el gobierno argentino presentará un informe de 400 páginas con supuestas pruebas de que los directivos de La Nación y Clarín compraron de manera irregular la compañía Papel Prensa durante la última dictadura militar en el país en 1976.
Según adelantaron los medios locales argentinos, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner denunciará que La Nación y Clarín cometieron delitos de lesa humanidad para forzar a los dueños de la papelera a vender sus acciones, algo que ambos periódicos rechazaron.
“Nadie sabe qué piensa hacer el gobierno al respecto, están todos temblando”, dijo Aguirre.
El informe que presentará el gobierno y la revocación de la licencia de Fibertel son señales de que “el gobierno quiere ser el árbitro de lo que se puede leer, ver o escuchar en Argentina”, consideró el presidente de la SIP.