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Presidente de Perú niega acusación de corrupción presentada por la Fiscalía


El presidente de Perú, Pedro Castillo (centro), junto a su primer ministro Aníbal Torres (izq) y el canciller César Landa (der) durante una conferencia con la prensa extranjera en Lima el 11 de octubre de 2022.
El presidente de Perú, Pedro Castillo (centro), junto a su primer ministro Aníbal Torres (izq) y el canciller César Landa (der) durante una conferencia con la prensa extranjera en Lima el 11 de octubre de 2022.

En una conferencia con la prensa extranjera, Pedro Castillo señaló que deben probar los presuntos delitos que cometió durante su gobierno. Descartó que vaya solicitar asilo político en otro país y evitó declarar si cerrará el Congreso.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, negó los graves cargos por corrupción que la Fiscalía General presentó el martes en una denuncia constitucional ante el Congreso.

En una rueda de prensa con los medios extranjeros en Palacio de Gobierno por primera vez en 14 meses de gestión, Castillo afirmó que no tiene ningún temor y defenderá la democracia en el país.

“Vamos a descartar todo tipo de acusación y vinculación que se hacen, las tienen que probar primero”, dijo Castillo que estuvo acompañado por sus ministros.

En otro momento, el mandatario peruano fue consultado si solicitaría asilo político en algún país extranjero ante la eventualidad de que su situación legal se vea más complicada por las pruebas que aparezcan en su contra.

“No voy a salir de mi país, nos sometemos a todo tipo de investigación”, replicó.

Castillo aprovechó para cuestionar las diligencias fiscales que tuvieron lugar el martes, que incluyeron el allanamiento de la casa de su hermana en un distrito de Lima. “Lo han hecho al entorno de la familia, al entorno ministerial, no hay fundamento real. Son acusaciones planificadas y vamos a seguir dando la batalla”, declaró.

También negó que haya pedido asilo político a su homólogo venezolano Nicolás Maduro para su exsecretario personal, Bruno Pacheco, y sus sobrinos, como reveló un aspirante a colaborador eficaz a las autoridades.

Según la Fiscalía General de Perú, a Castillo se le imputa ser el presunto jefe de una organización criminal "enquistada" en el Estado que direccionó una serie de licitaciones de obras públicas durante su administración, que empezó en julio del año pasado. Son casos relacionados con el Puente Tarata III y Petroperú.

Hay que mencionar que el presidente también es investigado por los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en noviembre del año pasado y por un "presunto encubrimiento" para no atrapar a los prófugos de su gobierno.

Evitó pregunta sobre el Parlamento

En un momento de la rueda de prensa, Castillo eludió una pregunta sobre si contemplaba la posibilidad de cerrar el Parlamento y pasó la respuesta a su primer ministro Aníbal Torres, quien enfatizó que el Gobierno hará uso de todas las acciones que le permite la ley ante los órganos internos y ante organismos internacionales.

“Buscaron la vacancia, la suspensión o renuncia y mediante estas investigaciones fiscales dijeron que iban a encontrar las pruebas a través de los colaboradores eficaces, pero nunca presentaron una prueba directa en contra del presidente de la República. No lo van a poder presentar porque no existe”, dijo Torres.

Desde julio de 2021, la confrontación entre Castillo y el Congreso ha sido tal que se promovieron dos procesos de impugnación que no lograron los 87 votos requeridos por la Constitución. Este escenario polarizado es similar a lo ocurrido en 2016, cuando el expresidente Pedro Pablo Kuczynski enfrentó una mayoría opositora que terminó destituyéndolo en 2018.

Martín Vizcarra, quien era vicepresidente de Kuczynski, ascendió al poder y, un año después, decidió cerrar el Congreso por rechazar una moción de confianza que buscaba impedir la elección de los miembros del Tribunal Constitucional de Perú.

Finalmente, el primer ministro Aníbal Torres enfatizó que la denuncia constitucional contra Castillo solo puede acusarlo de traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso e impedir la reunión y funcionamiento de órganos electorales, según el artículo 117 de la Constitución.

“No hay más delitos por los que se le pueda acusar o someter a antejuicio. Por tanto, la fiscal está violando la Constitución y esperamos que el Congreso inmediatamente someta a investigación a la fiscal de la Nación”, demandó.

El Gobierno adelantó que solicitarán una opinión a Naciones Unidas, porque la Fiscalía alude en su acusación contra Castillo aplicar su convención contra la corrupción.

Los ministros que estuvieron en la conferencia de prensa reiteraron que el artículo 25 no obliga a los Estados a tomar medidas para prevenir la obstrucción de la justicia en la investigación de casos de corrupción.

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