En Venezuela hay candidatos opositores que están inhabilitados para ejercer cargos públicos. Si uno de ellos gana las primarias, la oposición tendrá que llegar a un acuerdo con el chavismo para participar en las elecciones presidenciales del próximo año.
La Contraloría General de la República, encabezada por funcionarios cercanos al chavismo, ha inhabilitado este siglo a múltiples dirigentes políticos y exgobernantes opositores con sanciones administrativas que les impiden ejercer cargos públicos en Venezuela.
Las inhabilitaciones son medidas “arbitrariamente impuestas” por el oficialismo durante años contra los principales líderes de la oposición, según expuso el presidente de la comisión nacional para la elección primaria y abogado constitucionalista Jesús María Casal.
La Plataforma Unitaria de partidos políticos que enfrentan al gobierno de Nicolás Maduro espera escoger a su abanderado para las presidenciales de 2024 en una votación primaria que se realizará el domingo 22 de octubre. Según sus organizadores, los políticos inhabilitados por el chavismo podrán participar sin inconvenientes en la contienda.
El oficialismo ha defendido desde principios de siglo ese tipo de sanciones por supuestos malos manejos de fondos públicos, mientras la oposición las considera inconstitucionales y discrecionales para evitar que líderes antichavistas gobiernen en el país suramericano.
Entre 2000 y 2012, el Estado venezolano confirmó 924 inhabilitaciones. Según el contralor de entonces, Clodosbaldo Russián, hubo apenas cinco dirigentes políticos en la lista hasta 2008.
La oposición ha denunciado que esas sanciones ocurren incluso sin notificación previa, como ocurrió en 2021, cuando el bloque antichavista se sorprendió al no poder postular a la esposa del político Freddy Superlano a la gobernación de Barinas por estar inhabilitada.
En esas votaciones, candidatos de oposición e incluso del chavismo, como el exministro Eduardo Samán, denunciaron que nunca pudieron oficializar sus postulaciones porque fueron sorprendidos por inhabilitaciones de última hora que nunca les notificaron.
Acceso a la Justicia, una organización especializada en el estado de derecho, ha afirmado que el gobierno de Maduro “modifica las reglas del juego” para minimizar los riesgos de perder unas elecciones y que la inhabilitación es una de sus “herramientas preferidas”.
Si bien no existe aún una lista definitiva de aspirantes a la primaria opositora, varios de los precandidatos tienen o tuvieron en algún momento medidas de inhabilitación en su contra.
El reglamento de la primaria no prohíbe la postulación de un candidato inhabilitado.
María Corina Machado, dirigente del partido Vente Venezuela, que encabeza la intención de voto en ese proceso electoral del antichavismo, es una de las afectadas. Machado fue inhabilitada por parte de la Contraloría General para ejercer cargos públicos durante un año con base en la Ley contra la Corrupción. A mediados de 2016, esa restricción venció oficialmente. En 2014, el chavismo la acusó de “traición a la patria”.
Henrique Capriles Radonski, dos veces candidato presidencial y potencial abanderado del partido Primero Justicia en la primaria de octubre, también fue inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos por presuntas “irregularidades administrativas” en tres años fiscales mientras era gobernador del estado Miranda, según la Contraloría General.
Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela entre 2019 y 2022, potencial candidato para la primaria por parte del partido Voluntad Popular, también fue inhabilitado en 2021 por 15 años junto a otros 27 diputados tras no haber presentado una declaración jurada de patrimonio, argumentó la Contraloría.
César Pérez Vivas, un exgobernador que aspira a la primaria, también fue inhabilitado en 2015 por siete años debido a presuntas irregularidades administrativas en su gestión. En la práctica, su sanción se cumplió a cabalidad en el primer semestre del año pasado.
“Un exceso”
El uso de las inhabilitaciones para gobernantes electos es “un exceso” y constituye “una violación a derechos humanos”, según el dirigente del partido Copei y miembro de la delegación opositora para las negociaciones en Ciudad de México, Roberto Enríquez.
“La participación política, el derecho a elegir y ser elegido han venido siendo vulnerados con este mecanismo de persecución política. La Constitución es muy clara, debe haber sentencia firme” por corrupción contra el inhabilitado, comenta a la Voz de América.
Que se zanje la duda sobre la potencial inhabilitación del candidato unitario de la oposición venezolana para las presidenciales de 2024 es “justamente uno de los puntos neurálgicos” de los diálogos políticos con el gobierno de Nicolás Maduro en México, manifiesta.
Recuerda que el informe presentado por la comisión de la Unión Europea que participó en las elecciones regionales de noviembre de 2021 advierte “con claridad” que unas elecciones con líderes inhabilitados y partidos secuestrados “estarían llenas de vicios”.
“Ante el tema de las inhabilitaciones debemos tener una posición de principio, no acomodaticia. Es el pueblo el que debe decidir y no el gobierno”, asevera Enríquez.
Estrategia riesgosa
Las inhabilitaciones condicionan las candidaturas de los aspirantes opositores de cara a 2024, opina el politólogo y presidente de la firma Poder y Estrategia, Ricardo Ríos. A su juicio, son “un peso a cuestas” de los afectados desde el inicio de la carrera electoral.
Aspirantes como Capriles Radonski buscan generar la suficiente presión al gobierno en caso de ganar la primaria para que le suspenda esa inhabilitación.
“Pero es una hipótesis y está poniendo la bola del lado del chavismo. Es una estrategia riesgosa”, remarcó Ríos.
Víctor Maldonado, politólogo y profesor universitario, dice que “el régimen no cesa en imponer unas reglas de juego que le dan ventaja”.
Para él, la primaria de octubre es solo un método de selección del candidato de los cuatro principales partidos de la oposición, “con la presencia como invitados de otros partidos”.
“No hay piso parejo. No hay nada parecido a amnistía política. Y si siguen el guion nicaragüense, tendrán como competidores candidatos a la medida de sus expectativas”, afirmó, recordando cómo el presidente Daniel Ortega anuló los derechos políticos de al menos siete candidatos opositores en las últimas presidenciales del país centroamericano.
¿Posible alineación?
Maldonado cree que la existencia de candidatos inhabilitados refleja “la pésima calidad” de las condiciones electorales en Venezuela y abre paso a posibles alineamientos con el chavismo.
“Un inhabilitado tiene que alinearse con la agenda del régimen para acumular méritos y poder competir. Eso significa un compromiso de sometimiento y servidumbre que tiene un guión para parecer de oposición cuando de verdad son roles de colaboracionismo”, indicó.
Las inhabilitaciones terminan afectando los mensajes de campaña de los candidatos perjudicados, donde no se mencione “nada que ofenda” al gobierno nacional, agregó.
La oposición debe tener “extremo cuidado” sobre cómo plantea su opción electoral para las presidenciales, luego de más de una década sin mayor consenso en la materia, con una “política espasmódica de participar o no” en los comicios, apuntó Ríos, por su parte.
Los partidos opositores no participaron de manera unificada en las elecciones regionales de 2017, se abstuvieron en las presidenciales de 2018 y las legislativas de 2019 y volvieron a sumar parcialmente sus candidatos en los sufragios en 2021 para cargos locales.
“La credibilidad sobre el voto se erosiona”, comentó Ríos a la VOA, advirtiendo que una primaria no puede derivar en una frustración posterior de la participación en 2024.
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