La crisis del sistema judicial, la situación de los pueblos indígenas, el incremento de la violencia a las mujeres y las restricciones a la libertad de prensa, son algunos de los puntos mencionados en el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó Bolivia la semana pasada.
Al término de su visita, los comisionados emitieron un documento en el que dijeron que “en Bolivia, históricamente, la justicia se ha manejado de manera instrumental, dependiendo de los intereses del poder político en turno”.
Al respecto, el representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, Manuel Morales, expresó a la Voz de América tres aspectos que considera para una posible reforma judicial en el país.
“Nuevos jueces de carrera, fiscales elegidos a través de los méritos, eliminación de la detención preventiva, con esos temas veríamos que hay una reforma a la justicia en Bolivia, caso contrario todo va a continuar como hasta ahora”, dijo Morales.
Por el oficialismo, el ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que se trabajará en función de las recomendaciones de la CIDH en aspectos como los presupuestos para las instancias judiciales y los escenarios de polarización.
“La visita de la CIDH es una oportunidad que no podemos desperdiciar para seguir manteniendo un diálogo responsable y constructivo (…) Ha habido graves violaciones de los derechos humanos pero solamente van a poder repararse en la medida que tengamos un debido proceso y un juicio justo”, declaró.
Desde la oposición se criticó que el relator de la CIDH Joel Hernández participó en un “acto de desagravio” organizado por el gobierno del presidente Luis Arce, para reconocer a los vocales del Tribunal Supremo Electoral que estuvieron a cargo de las fallidas elecciones generales de 2019, que aún mantienen polarizado al país.
La senadora de oposición de la bancada de Creemos Centa Rek dijo que los seis días que estuvo la CIDH en el país fueron insuficientes para conocer la realidad de los derechos humanos.
“Hay un desborde de denuncias ciudadanas y eso muestra también la profundidad de la crisis y la falta de respuesta de un gobierno que no está velando por las garantías y los derechos de los ciudadanos”.
Se anticipa que el documento final, o “informe país” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se conocerá en unos cinco o seis meses.
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