El gobierno de Nicolás Maduro comenzará a cobrar el servicio eléctrico en Zulia, la región de Venezuela más afectada por apagones en la última década, luego de años en los que el Estado dejó de recaudar por las múltiples fallas ocurridas.
El ministro de Energía Eléctrica, Néstor Reverol, anunció el sábado pasado la puesta en marcha de un plan bautizado como 'Borrón y Cuenta Nueva', con el cual el Estado venezolano aspira a cobrar en los próximos 60 días un “monto fijo” en bolívares a 770.000 suscriptores por los consumos eléctricos que no pagaron entre los años 2018 y 2022.
Se trata de “un mecanismo de pago único por los años de deuda” que permitirá “ponerse al día” a los residentes de Zulia, la zona petrolera por excelencia de Venezuela, explicó.
“Si el usuario tiene años que no paga el servicio eléctrico, no importa. Vamos a hacer un único pago de todo lo que debe, que va a ser calculado por nuestros especialistas, que va a ser un monto fijo, le vamos a entregar su solvencia”, afirmó Reverol, un general en jefe en condición de retiro que también encabezó el ministerio de Interiores en Venezuela.
El funcionario, quien está sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su responsabilidad en la represión del Estado contra manifestantes y líderes opositores, precisó que prevén instalar en una “primera fase” 2.000 medidores del servicio en Zulia.
Venezuela experimenta una crisis aguda en su servicio eléctrico desde 2009. Múltiples regiones sufren intempestivos apagones y fallas de luz, y algunas, como Zulia, viven racionamientos diarios durante horas para mantener la “estabilidad” del sistema.
Zulia, limítrofe con Colombia en el occidente venezolano, es el estado con mayor número de cortes eléctricos, programados o no, según una asociación civil que lleva esas cuentas.
Según el Comité de Afectados por Apagones, Zulia registró 4.001 fallas en septiembre, seguida por Carabobo, con 2.799. Venezuela experimentó ese mes 27.569 interrupciones eléctricas, con un 7,6 % de incremento en comparación con agosto, detalló la asociación.
El apagón de mayor duración jamás registrado en Venezuela ocurrió en marzo de 2019. La mayoría de sus 23 estados y el Distrito Capital quedaron a oscuras por entre cinco y siete días continuos, afectándose sectores como la salud, el transporte y los servicios públicos.
El gobierno de Maduro llegó a acusar a Estados Unidos de haber lanzado un ataque con tecnología avanzada para provocar la falla en su sistema eléctrico. En ciudades de Zulia, como Maracaibo, se reportaron saqueos violentos y masivos a decenas de negocios.
El gobierno venezolano atribuye sus limitaciones para resolver la crisis eléctrica a las sanciones económicas de Washington, pero voceros de partidos antichavistas alegan que el Estado cometió corrupción con decenas de miles de millones de dólares en proyectos ideados para mejorar el servicio desde el gobierno de Hugo Chávez, en 2009.
Fallas e incumplimientos
El deterioro de la calidad de servicios como el agua, el gas y la electricidad en Venezuela provocó “una situación anómala, de caos y de incumplimiento total” en los pagos por los mismos de parte de la ciudadanía, explica el historiador y docente venezolano Ángel Lombardi.
En el caso de la electricidad, los apagones han provocado incomodidades y averías de miles de electrodomésticos, como aires acondicionados, neveras y televisores, afirma Lombardi. Los zulianos cesaron sus pagos paulatinamente mientras los apagones se incrementaban.
La falta de cobros y pagos de la luz en Zulia no fue un proceso oficial ni decretado, sino que se concretó de facto, con el paso del tiempo, incluyendo la desaparición de oficinas de la empresa estatal Corpoelec en la región, de opciones de abonos a través de la banca en línea y de mecanismos oficiales de consulta del consumo mensual de cada usuario.
A diferencia de lo ocurrido en Zulia, los habitantes del resto de los estados y el Distrito Capital nunca interrumpieron sus pagos. Según Reverol, el dinero recaudado se reinvertirá en el mantenimiento del servicio y en los salarios de la “fuerza trabajadora” de Corpoelec.
Lombardi, rector de la Universidad Cecilio Acosta y residente de Maracaibo, capital de Zulia, opina que debió existir un consenso entre las autoridades y los ciudadanos zulianos para reanudar el pago de un servicio que ha sido deficiente durante por lo menos 13 años.
“Tiene que ser concertado, no se puede decretar y tiene que ser coordinado y de manera progresiva: en la medida en que mejoren los servicios, en esa misma medida deberían normalizarse también las tarifas y el pago”, dijo a la Voz de América.
A espaldas de la gente
El plan “Borrón y Cuenta Nueva” ha generado reacciones diversas. Alberto Hernández, residente de Maracaibo, duda que el dinero recaudado vaya a invertirse en la recuperación de “un buen servicio”. “De verdad, ¿todavía existe gente que cree en la buena fe de este gobierno?”, comenta el venezolano a la VOA a propósito del nuevo programa estatal.
Yesenia Haydee, nacida en la capital zuliana, está de acuerdo con el “Borrón y Cuenta Nueva” solo si este plan garantiza un servicio eléctrico “de calidad”.
Yasmín Leguía, también habitante de la ciudad, cree que “no deberían cobrarlo”, recordando que fueron las mismas autoridades quienes dejaron de facturarlo en los últimos cinco años.
“¿Cómo pagar por unos años donde el servicio fue lo peor de lo peor? Borrón y Cuenta Nueva es que comiences a cobrar este año, pero, ¿y los anteriores años, donde hasta hubo apagón general?”, se pregunta, por su lado, la zuliana Yaniret Martínez.
![Un informe reciente del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) indicó que la mayoría de las protestas del último mes exigían el derecho a los servicios básicos. [Archivo]](https://gdb.voanews.com/689D0DF9-56B5-46FB-90A7-91B25CCD952B_w100_r1.jpg)
Lombardi, analista sociopolítico, enfatiza en que el retorno de cobros del servicio eléctrico ocurre en un contexto de precariedad económica del trabajador promedio, en un país donde el salario mínimo mensual es de 130 bolívares, es decir, de 14,77 dólares.
En el sector privado, los sueldos más básicos superan los 100 dólares y más del 70% de los pagos a empleados se hace en divisas, de acuerdo con investigaciones publicadas por el Observatorio Venezolano de Finanzas, opuesto al chavismo, y de la firma Ecoanalítica.
“No se puede actuar de espalda a la gente. La idea es sentarse a negociar con cada sector y hablar de una progresividad de la mejora de servicios y del cobro”, aconseja el académico.
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