El relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, llegó a Venezuela para evaluar diversos aspectos vinculados con el derecho a la alimentación en el país.
El funcionario evaluará aspectos como “la resiliencia del sistema alimentario, el acceso a los alimentos en los centros de detención y la seguridad alimentaria de niños, niñas y adolescentes y de otros grupos en situación de vulnerabilidad”, además del impacto de las sanciones sobre la seguridad alimentaria, precisa una nota de prensa de la ONU.
El ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yvan Gil, aseguró que mantendrán una “intensa” agenda de trabajo para mostrar “los esfuerzos” del gobierno del presidente Nicolás Maduro en materia alimentaria y cómo han “derrotado” las medidas coercitivas impuestas por la comunidad internacional.
En 2021, la relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los DDHH, Alena Douhan, argumentó que las sanciones “han dificultado la importación de alimentos”, llevando a la población a depender de programas sociales o a migrar del país.
Sin embargo, activistas insisten en que la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela desde al menos el 2015 precede a las sanciones.
Fakhri, que estará en Caracas y también visitará los estados Zulia y Sucre, sostendrá encuentros con funcionarios del gobierno, el poder judicial, instituciones independientes, agricultores y otros actores de la sociedad civil.
En años recientes organizaciones de la sociedad civil han alertado que el deterioro institucional, la corrupción y las políticas públicas del Estado, entre ellas los excesivos controles de precios que se vivieron en una época, han causado importantes violaciones al derecho a la alimentación, provocando importantes niveles de desnutrición.
Según el más reciente informe de Hum Venezuela, una plataforma integrada por 90 organizaciones de la sociedad civil que miden los impactos de la crisis, en 2023 el 91,6% de los hogares utilizó estrategias de sobrevivencia para alimentarse, “la mayoría rindiendo el presupuesto o aumentando su carga laboral ante mayores niveles de gasto”.
“Como consecuencia de las privaciones alimentarias, la desnutrición en menores de 5 años continuó siendo un grave problema en el país, afectando a 1,4 millones de NN con algún grado de déficit nutricional o riesgo de tenerlo. Dentro de este total, en 2023 se estimaba un 9,5 % de NN con desnutrición aguda y 35,4 % con desnutrición crónica, por retardo de crecimiento en talla para edad”, precisa el informe.
El mismo informe sostiene que el no disponer de recursos económicos para comprar la cantidad de alimentos que cada hogar requiere es la principal causa de la “inaccesibilidad alimentaria para la mayoría de la población venezolana” en años recientes.
El mes pasado Maduro anunció que desde hoy habrá un ajuste del “bono de guerra” que reciben los empleados públicos, pero no se refirió a un incremento del salario mínimo que aún se ubica en 130 bolívares mensuales, el equivalente a casi 5$ a tasa oficial.
El denominado bono de guerra, una suerte de subsidio que se empezó a pagar a inicios del año pasado a empleados públicos, jubilados y pensionados, fue ajustado a 60 dólares mensuales y el bono de alimentación (Cestaticket), con el que los trabajadores pueden comprar alimentos, se mantiene en 40 dólares.
De acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), la remuneración promedio del sector comercio y servicios del Área Metropolitana de Caracas, se situó en 202$ mensuales, en el último trimestre del año pasado. Pero, subraya, además, que adquirir la canasta alimentaria familiar pasa los 396$.
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