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Bukele, las pandillas y la desconfianza de El Salvador: ¿Qué sabemos?


Una investigación fiscal abortada compilaba información pormenorizada sobre un posible pacto entre el gobierno de Nayib Bukele con las maras MS-13 y las facciones de la Mara-18 para reducir los homicidios a cambio de favores del gobierno. [Foto archivo]

Aparecen nuevos elementos sobre posible negociación entre el gobierno de Nayib Bukele con las pandillas MS-13 y la Mara 18 para reducir los homicidios en El Salvador. ¿Qué dicen los expertos?

El joven salvadoreño Samuel Salaverría habla con temor y baja la voz para dar su opinión sobre la inseguridad ciudadana en El Salvador y comenta que no ve en su día a día cambios sustanciales que le indiquen que vive en un país seguro porque la delincuencia sigue galopante.

Sobre el posible pacto entre las pandillas MS-13 y las facciones de la Mara 18 con el gobierno salvadoreño de Nayib Bukele que se conoció hace algunas semanas y del que salen cada día nuevos detalles, este joven agregó que a nivel informal la gente lo da por hecho y enfatiza que “ningún gobierno debería negociar con personas que comenten actos delictivos”.

El testimonio de Salaverría es uno de varios obtenidos por la Voz de América en el centro de San Salvador, capital del país centroamericano que ha visto una baja sustancial de homicidios desde 2020 luego que Bukele tomara el poder y adujera que se debía a su plan de seguridad.

Juan Antonio, otro salvadoreño, apunta que “los gobiernos hacen cosas a escondidas, eso es mentira que todo el tiempo nos van a decir lo que están haciendo, siempre nos van a ocultar algo”, comenta.

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Sin embargo, una investigación del periódico digital El Faro puso los documentos sobre la mesa y mostró con una serie de fuentes contrastadas que esa percepción ciudadana estaría en lo cierto; observadores locales también ven un aumento en los desaparecidos y perciben el control territorial cedido a las pandillas.

Así lo vieron en 2012 cuando el gobierno del entonces presidente Mauricio Funes gestionó una negociación tras bambalinas entre pandillas para reducir los homicidios a cambio de beneficios en las cárceles y otros tratos oscuros que nunca fueron esclarecidos.

La MS-13 ha sido considerada por Estados Unidos como una seria amenaza a la seguridad nacional después del terrorismo y el gobierno estadounidense ha renegado de este tipo de acuerdos con grupos criminales.

Cuando la tregua fracasó al final del gobierno de Funes las dos agrupaciones volvieron a mostrar su brazo mortífero y pusieron tras las cuerdas al Ejecutivo de Salvador Sánchez Cerén, entre 2015 y 2016. Para entonces fue superada toda previsión sobre homicidios al tocar picos históricos de 6.656 y 5.728 asesinatos en cada año, antes de ver una leve mejora.

La investigación de El Faro solo viene a confirmar la tesis que ya manejaban expertos que por años han seguido el tema de las pandillas y su accionar en el Triángulo Norte de Centroamérica, dijo el experto en seguridad Carlos Ponce, en conversación con Voz de América desde la Universidad Fraser Valley, en la Columbia Británica, Canadá.

Los homicidios mostraron cierta baja en la última etapa del gobierno de Sánchez Cerén, pero el desplome sin precedentes en la gestión Bukele no cuadra con el análisis sobre el terreno porque el mismo plan de seguridad presentado por el gobierno no tiene soporte real, explica el experto.

“Vemos cómo negociaciones secretas con estructuras delincuenciales se institucionalizaron a partir de la negociación que propició el gobierno de Mauricio Funes (…) desde entonces vemos cómo las pandillas se convierten en un activo codiciado por los políticos”, expone Ponce.

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En la mira de los políticos

La investigadora en violencia y seguridad Jeannette Aguilar, consultora de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA,) sostiene que a la luz de las revelaciones de estos días y los procesos anteriores, es claro que las pandillas instrumentalizan a los partidos en el poder.

“Están dispuestos a negociar con el que esté en el poder porque de esa manera se va a materializar su agenda y demandas (…) La adquisición del poder es más instrumental, orientado a llevar adelante sus negocios”, dijo Aguilar este martes en entrevista con radio YSUCA.

El investigador José Miguel Cruz, experto en pandillas de Centroamérica de la Universidad Internacional de Florida (FIU), comenta a VOA que el problema principal de la supuesta negociación -a escondidas de la ciudadanía entre el gobierno y las pandillas- deja ver un lado muy peligroso al desconocer los compromisos que asume el Estado frente a un grupo criminal.

Cruz argumenta que el gobierno de Funes en 2012 y el de Nayib Bukele en 2020 tuvieron claro que el tipo de acuerdos con pandillas son muy poco aceptados por la ciudadanía que recrimina negociaciones del gobierno a sus espaldas. Mucho peor -estima- si no se conocen las concesiones pactadas.

El experto indica que conocedores en la materia coinciden que de existir la posibilidad de abrir un canal de diálogo con un grupo irregular armado, procedimiento válido en el derecho soberano e internacional, debería hacerse de cara a la población, con total transparencia y bajo parámetros legales.

“Cuando este tipo de pláticas, intercambios y negociaciones se hacen de espaldas a la población muy probablemente se están poniendo sobre el tapete de la mesa algunas cosas que sean ilegales (…) lo cual debería preocupar no solo a los salvadoreños sino también a la comunidad internacional que por muchos años ha apoyado a El Salvador para fortalecer el estado de derecho en el país”, comentó Cruz a VOA.

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Misma mara y diferentes formas de control del Estado

Para el experto en seguridad Douglas Farah, del centro de análisis IBI Consultants en Washington DC, al conocerse detalles de las posibles y más recientes negociaciones del gobierno salvadoreño con las pandillas queda claro que la MS-13 y las facciones de la Mara 18 tienen objetivos bien definidos.

Farah es enfático al señalar que el ingreso de oficiales del gobierno encapuchados a los centros penales, como fueron captados por cámaras de seguridad y difundidas por el medio salvadoreño y replicados por gran parte de la prensa regional, o sacar a líderes pandilleros con mentiras de necesidades médicas para reunirse con las estructuras de la pandilla en exteriores deja ver la calidad y nivel del acuerdo.

La investigación reveló además que el mismo personal carcelario se veía abrumado por la violación flagrante de los procedimientos dirigidos por los titulares de la cartera de Centros Penales, lo que quedó registrado en las bitácoras y registros de las cárceles y que transcendieron en la investigación.

Pero lo más preocupante dice Douglas Farah es que al comparar el comportamiento de la MS-13 en El Salvador y Honduras, los países del Triángulo Norte de Centroamérica donde mayor poder tiene este grupo es que en los dos países por vías distintas están logrando el control y poder real del Estado.

Para el caso de Honduras, la MS-13 que se calcula que podría tener unos 100.000 integrantes, según fuentes policiales, ha tomado el control de las rutas del narcotráfico y ha desplazado al gobierno de espacio territorial, lo que a criterio de Farah es un poder paralelo al gobierno nacional. En su vecino país la MS-13 tendría unos 60.000 integrantes.

“En El Salvador hemos visto que están negociando cuotas de poder basados en lo que puede hacer la MS-13, que es tirar cadáveres en las calles. ¿A cambio de qué? Y esa es la gran pregunta", dijo Farah.

Y agregó: "Sabemos que hay gente de Nuevas Ideas (partido oficial) ligado con la MS-13, sabemos que tienen interlocutores en altos niveles del gobierno de Nayib Bukele y una negociación por cuestiones económicas, financieras del estado hacia las maras es otro modelo de integrarse al estado en ves de confrontarlo".

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Las piezas sueltas para configurar el cuadro

En agosto El Faro reveló documentos de una investigación iniciada por el destituido fiscal general Luis Melara que apuntaba al contubernio entre funcionarios de alto rango del gobierno salvadoreño y las pandillas. La pesquisa fiscal reunía la documentación en el archivo “Catedral”.

Los hallazgos de la investigación que incluye registros de vídeo de cámaras de vigilancia, actas de registro de los centros carcelarios y números de placas de vehículos oficiales, o descripciones de las reuniones por agentes de seguridad de los centros carcelarios no han sido confirmados ni rechazados por el gobierno salvadoreño a pesar de las insistentes peticiones de medios de comunicación del país.

Desde el 1 de mayo el Ministerio Público salvadoreño está bajo el control oficialista al haber nombrado en el cargo, fuera de los parámetros legales de elección de Fiscal General, a Rodolfo Delgado, cuya gestión cerró de tajo investigaciones sobre corrupción y otros casos contrarios a los planes del gobierno, según medios locales.

La periodista Gabriela Cáceres habló con VOA sobre la documentación de acopio para dar forma a la investigación y cómo el titular anterior se veía superado por las negativas de la Policía Nacional Civil (PNC) de apoyar el trabajo pericial y de investigación en casos concretos.

“Algún tipo de castigo de parte del gobierno era que la PNC ya no colaboraba en las investigaciones de Melara. De hecho, según mis fuentes empezó a haber sospechas de la policía”, comenta Cáceres.

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Sin embargo la investigación puso en un hilo el seguimiento previo al 1 de mayo que habían hecho los investigadores fiscales que intervinieron teléfonos, hicieron seguimientos a funcionarios y pandilleros, incautaron documentos, tomaron fotografías y entrevistaron testigos.

Esa parte ha sido crucial para que el periódico revelara las gestiones de Osiris Luna, director de Centros Penales en el pacto.

A pesar de la contundencia de los datos y documentos mostrados el presidente Nayib Bukele en una alusión al tema dijo que se trataba de un refrito que no aportaba ninguna información fidedigna por lo que ni merecía ser tomada en serio.

“Quieren que contestemos el mismo refrito, que ya contestamos y que ya publicaron cinco veces. Lo peor es que lo intercalan, primero que les violamos los derechos humanos, luego que les damos beneficios, luego que les violamos los derechos humanos y así, probando a ver qué les pega”, afirmó Bukele después de la investigación.

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