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Se registraron más de 6.500 protestas en Venezuela durante 2021: Observatorio


Una manifestante venezolana sostiene una pancarta en una protesta por mejores salarios, en Caracas, el 13 de diciembre de 2021. Foto: Álvaro Algara - VOA.

En una década registrando la conflictividad en Venezuela, el observatorio ha documentado un total de 92.719 protesta, siendo 2019 el de mayor registro. Desde el inicio de la pandemia, la incidencia ha sido menor.

Los venezolanos continúan protestando por sus derechos sociales, principalmente por el acceso a servicios básicos, y por la participación política, de acuerdo al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).

El observatorio presentó este martes su informe anual correspondientes al 2021, en el que registraron 6.560 protestas, o el equivalente a 18 diarias en Venezuela.

Esta cifra significa una disminución de un 32% en comparación con 2020, cuando documentaron 9.633 protestas, o un promedio de 26 protestas diarias. Ya el 2020 - primer año en pandemia- la reducción había sido del 42%.

Gráfico de histórico de protestas en Venezuela desde 2011 hasta 2021. Gráfico: Cortesía - Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).
Gráfico de histórico de protestas en Venezuela desde 2011 hasta 2021. Gráfico: Cortesía - Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).

En esta oportunidad, mayo fue el mes con más protestas (722), mes con la mayor índice de manifestaciones exigiendo vacunación contra el COVID-19 y por “irregularidades” en el abastecimiento de combustible.

Del total, fueron reprimidas 107 protestas en todo el país, principalmente de carácter social, señala el informe. Esto dejó como resultado 10 personas heridas, 32 detenidas y una muerta, un hombre de 38 años por herida de arma de fuego.

Derechos más exigidos en 2021

Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales o DESCA, según la organización, fueron la principal exigencia de los venezolanos en 2021, siendo el 74% del total de las manifestaciones.

“Estas acciones ciudadanas han visibilizado ante organismos internacionales la inminente necesidad de que el Estado garantice una vida digna, con salarios y empleos de calidad, acceso al agua potable, gas doméstico y un servicio eficiente de electricidad”, señala el informe.

De hecho, el derecho más exigido en 2021 fue el de servicios básicos (2.066), liderado por el reclamo al acceso al agua potable (980).

De cerca le sigue los reclamos laborales (2.015). El observatorio apuntan que: “Los trabajadores exigen la dolarización del salario, la renovación y respeto de los contratos colectivos y sus sindicatos, y el cese al acoso laboral y el amedrentamiento al que son sometidos por buscar mejores condiciones”.

En este contexto, señala el OVCS, “se mantienen los acosos, amedrentamientos, encarcelamiento y apertura de procedimientos judiciales a trabajadores y sindicalistas” que piden mejores condiciones.

Otro aspecto que resaltan de los DESCA son las protestas realizadas por el derecho a la salud, que quedaron de tercero como el derecho más exigidos el año pasado (1.240).

“Médicos, enfermeras, personas con alguna condición de salud y sus familiares continuaron las exigencias por acondicionamiento y reparación de la infraestructura hospitalaria en el país, la dotación de medicamentos, materiales y equipos necesarios”, señalan.

Gráfico de distribución de protestas en Venezuela en 2021. Gráfico: Cortesía - Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).
Gráfico de distribución de protestas en Venezuela en 2021. Gráfico: Cortesía - Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).

El 26% restante corresponden a los reclamos por Derechos Civiles y Políticos o DCP. En esta categoría, el más reclamado fue el derecho a la participación política (1.051).

Dentro de estas exigencias, el observatorio destaca la protesta que mantuvo el movimiento de derechos humanos venezolano "exigiendo garantías al derecho humano a defender derechos, sin ser víctimas de criminalización, estigmatización, persecución y represalias”.

Desde el OCVS, aseguran que es “impostergable” implementar “correctivos” y el diseño de políticas públicas orientadas, entre otros aspectos, “a atender las demandas de la población”, “garantizar el pleno cumplimiento y respeto” a manifestar pacíficamente y "cese el discurso de odio en contra de quienes defienden y exigen” derechos humanos.

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