Si bien Uruguay, junto a Chile, es de los países menos corruptos de América Latina, hay un defasaje entre la percepción que tiene la opinión pública uruguaya sobre el nivel de corrupción en el país con respecto a la percepción que tienen los empresarios y funcionarios públicos, que viven más de cerca este problema.
En la encuesta más extensa que se hizo hasta el momento sobre corrupción en Uruguay, los resultados arrojaron que la opinión pública uruguaya “considera la corrupción como un problema importante pero no como uno de los principales o más graves del país”.
Los principales problemas mencionados fueron la inseguridad, la delincuencia, el desempleo y los problemas económicos en general.
Pero que la corrupción no sea uno de los principales problemas del país no quiere decir que los uruguayos le atribuyan una importancia menor, según la encuesta, realizada por el Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales.
Cuando se les consultó a los uruguayos sobre la gravedad que representa la corrupción en el país, un 44 por ciento opinó que los problemas de corrupción son “muy graves” y para un 35 por ciento es un problema “bastante grave”.
En el sondeo de opinión pública, fueron encuestadas 1.201 personas de 18 años y más, residentes en hogares de todo el país, durante el mes de abril de 2009.
La encuesta fue complementada con 120 entrevistas a empresarios de distintas ramas de actividad y 180 entrevistas a funcionarios públicos, ya que el tema de la corrupción les es más cercano en su práctica diaria y están más “empapados” en la materia.
Los resultados demostraron que tanto para los funcionarios públicos como para los empresarios, “la corrupción en Uruguay es un problema decididamente menor y creen que la corrupción es poca”.
Al igual que la opinión pública, sin embargo, creen que “la corrupción no ha aumentado o disminuido en los últimos años ni que vaya a disminuir o aumentar en el futuro”.
Por otra parte, la mitad de los funcionarios y la tercera parte de los empresarios creen que el Estado “hace mucho para combatir la corrupción”, al contrario de la opinión pública, cuya mayoría cree que el Estado “hace poco o nada”.
Uno de los factores que puede explicar la percepción de corrupción de los ciudadanos uruguayos es su nivel educativo, según dijo en la presentación del informe Daniel Buquet, uno de los investigadores a cargo de la encuesta.
“Cuanto mayor es el nivel educativo de los encuestados, menor es la gravedad asignada a la corrupción”, dijo Buquet.
En base a estos resultados, se podría asumir que cuanto más educada la persona, más conocedora es de la realidad, de acuerdo al investigador.
Sin embargo, no por ello se debe dejar de tomar en cuenta las percepciones generales de la opinión pública, aún cuando no se correspondan totalmente con la realidad.
Uruguay: país libre de corrupción sistémica
Junto a la encuesta sobre percepción de la corrupción en Uruguay, fue presentado un trabajo de investigación llamado “La corrupción y su freno”, que sirve como un manual indispensable de las instituciones y normas que previenen, denuncian y persiguen la corrupción en el Estado uruguayo.
El estudio fue encomendado por el Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) a Leonardo Luzzi, editor del periódico El Observador, y a Edison Lanza, abogado y asesor de la Asociación de la Prensa del Uruguay.
Tanto Luzzi como Lanza resaltaron en la presentación que Uruguay es un país donde no existe la corrupción sistémica, y está bien posicionado con respecto a sus vecinos en la región y a nivel mundial.
El Informe Global de la Corrupción 2009 de la organización Transparencia Internacional ubicó a Uruguay en el lugar 25 de un ranking entre 180 países, con un puntaje de 6,7. Uruguay comparte el puesto con Chile, siendo ambos los mejor ubicados de América del Sur.
Además, “si se toma en cuenta a las Américas, Uruguay se colocó en la quinta posición detrás de Canadá, Estados Unidos, Barbados, Santa Lucía y junto a Chile, en ese orden”, resaltaron los investigadores.
En tanto, la experta en corrupción Rosa Inés Ospina, fundadora de Transparencia por Colombia, dijo en la presentación que al contrario de otros países de la región, Uruguay registró una “mejora sistemática” en su índice de corrupción.
“El IPC (Índice de Percepción de la Corrupción) que se hace en base a una combinación de encuestas mostró que en 2001, Uruguay tenía un puntaje de 5,1 sobre 10, en 2004 el puntaje era de un 6,2 y en 2008 de un 6,9”, dijo Ospina.
En el 2009, no obstante, bajó a 6,7, aunque no es una baja significativa.
La experta alertó que Uruguay no debe descuidar su posición. Aunque el tema de la corrupción no es tan grave en el país, “algo está haciendo ruido”, aseguró, ya que la encuesta de percepción de la corrupción mostró que para la opinión pública no deja de ser un grave problema a resolver.
Según encuestas hechas a nivel nacional, la corrupción en Uruguay no es sistémica pero se percibe de forma localizada en distintos lugares de la administración pública, principalmente en la Policía y la Aduana.
Se han hecho esfuerzos desde el Estado para mejorar el monitoreo de la corrupción en las instituciones públicas, según los investigadores.
Luzzi destacó, por ejemplo, la creación de la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior en 2008 con el fin de controlar a la propia Policía. En el caso del Poder Judicial, el periodista mencionó la creación de los juzgados especializados contra el crimen organizado en 2008.
Otro aspecto positivo resaltado por el abogado Edison Lanza es que Uruguay tiene desde 2008 una ley sobre “Derecho de Acceso a la Información Pública”, que permite a los ciudadanos observar lo que ocurre dentro del gobierno. Este era un aspecto en el que Uruguay estaba rezagado en comparación con la comunidad internacional.
Recomendaciones del informe
Hay varios aspectos en los que podría mejorar el país, de acuerdo a los investigadores.
Uno de ellos es que en Uruguay hay muchas instituciones estatales encargadas de monitorear la corrupción pero están algo dispersas y no fueron creadas como parte de una política pública planificada.
También hay organismos claves en esa materia, tal como el Tribunal de Cuentas de la República, que tienen “un poder investigativo acotado” y “no cuentan con el respaldo del poder sancionatorio para que las recomendaciones y las observaciones sean aplicadas”.
Expertos consultados por los investigadores señalaron, además, que en Uruguay falta una política pública de protección a los testigos que denuncien hechos de corrupción dentro de la propia administración.
Por otra parte, la próxima legislatura deberá abordar temas pendientes como la falta de legislación que castigue el delito de “enriquecimiento ilícito”, así como la falta de legislación en torno a la corrupción privada.
Entre otras recomendaciones, los investigadores resaltaron que falta regular los obsequios, viajes y otros beneficios que puedan recibir los políticos y funcionarios públicos.
Como anécdota, Lanza contó que el presidente Tabaré Vázquez recibió una vez un yate de regalo.
“Por suerte, lo donó”, dijo.