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Estados ofrecen resistencia al uso del reconocimiento facial por parte de la Policía


Visitantes a una exposición sobre seguridad pública en Shenzhen, China, experimentan con programas de reconocimiento facial en octubre del 2017.

El uso de la tecnología de reconocimiento facial para combatir el crimen puede sonar lógico y válido. Pero qué sucede cuando dicha tecnología se equivoca y señala a personas equivocadas, o cuando esa tecnología es usada para reprimir, y no para proteger a los ciudadanos. El debate ha empezado en Estados Unidos.

El uso de la tecnología para el combate del crimen ha alcanzado el punto en que se usan aplicaciones de reconocimiento facial para identificar a sospechosos. Pero el riesgo de que se cometan errores por fallas de precisión y la preocupación por la omnipresencia de la vÍdeovigilancia están llevando a legisladores de varios estados a sonar las alarmas.

Unos siete estados y unas dos docenas de ciudades han impuesto límites al reconocimiento facial por temor a violaciones de derechos civiles, prejuicios raciales o denuncias de invasión de la privacidad de las personas.

El tema ha generado debates sobre los límites y prohibiciones al tema del reconocimiento facial. Ha habido unos 20 debates en distintas capitales estatales durante la actual sesión legislativa, iniciada en enero, según el Centro de Información de Privacidad Electrónica.

Muchos legisladores han dicho que desean analizar el tema con detenimiento.

“Creo que la gente está asustada, y con razón, por esta tecnología”, dijo a The Associated Press, Freddy Martínez, director de Lucy Parsons Labs, una organización sin fines de lucro basada en Chicago, que se dedica a la protección de la información digital de las personas. “Es uno de esos temas raros que ha recibido apoyo bipartidista, en el sentido de que nadie quiere ser rastreado donde quiera que vaya, especialmente cuando no tienes otra opción”.

El tema captó la atención pública tras conocerse que las agencias del orden estadounidense habían usado tecnología de reconocimiento facial para procesar las imágenes de las protestas por la injusticia racial del año pasado y, en ocasiones, para realizar arrestos.

Tras dicha revelación hubo quejas de identificaciones erradas, las cuales llevaron a Amazon, Microsoft e IBM a suspender sus ventas de software a los distintos departamentos de Policía. Muchos departamentos continuaron usando tecnología de empresas menos conocidas. Los casos más sonados de errores de identificación se dieron en Detroit y Nueva Jersey.

Dichos casos resultaron en el involucramiento de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), la cual comenzó a citar estudios que indican que la tecnología de reconocimiento facial tiende a cometer más errores cuando se trata de personas de la raza negra.

La ACLU presentó también en marzo una demanda contra la empresa Clearview AI, una firma que ofrece servicios de reconocimiento facial, afirmando que almacenó ilegalmente imágenes de 3.000 millones de personas que obtuvieron de sitios de internet, sin la autorización o conocimiento de las personas.

El uso de las tecnologías de vigilancia y reconocimiento facial por parte del gobierno de China, combinado con el caso de Clearview AI, hizo pensar a algunos que lo que se vive en el gigante asiático podría reproducirse en Estados Unidos.

Clearview alega que sólo guardó imágenes públicas. Pero el daño está hecho.

Ciudades como Boston, Minneapolis San Francisco, Oakland y Portland, aprobaron prohibiciones al reconocimiento facial mencionando preocupaciones sobre el uso secreto de dichas imágenes por parte de la policía.

Nueva York impuso por su parte una moratoria de dos años al uso del reconocimiento facial en las escuelas públicas luego que se presentó una demanda contra un distrito escolar que adoptó el reconocimiento facial como parte de sus medidas de seguridad.

En febrero, los legisladores de Virginia aprobaron una de las prohibiciones más restrictivas de todas. Prohíbe a las agencias policiales locales y los departamentos de policía de las universidades, aunque no a la policía estatal, comprar o usar tecnología de reconocimiento facial a menos que la legislatura estatal lo autorice expresamente.

Los grupos policiales por su parte están presionando para que se revisen las prohibiciones. Afirman que el uso de la tecnología no es como se ha presentado al público. Jonathan Thompson es el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Alguaciles.

"Es una política que genera miedo en su peor momento", dijo Thompson, a la agencia The Associated Press. "Nunca escuché de nadie sentado alrededor de un monitor de computadora buscando gente todo el día, todos los días. No funciona de esa manera. Las agencias tienen reglas. Gobiernan cómo y quién tiene acceso a estas bases de datos. Deben tener una razón legítima y racional para hacerlo".

Una nueva ley de Massachusetts intenta lograr un equilibrio entre las preocupaciones civiles y policiales. Permite a la policía beneficiarse de la tecnología al tiempo que agrega protecciones que podrían evitar arrestos falsos.

El debate apenas ha empezado.

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