La Corte Suprema de Nicaragua designó como representantes oficiales del gobierno y del sistema judicial a trabajadoras sexuales.
Un grupo de ocho prostitutas recibió entrenamiento técnico y legal para tratar de manejar los conflictos más comunes que se producen en su línea de trabajo, que a menudo incluyen abuso y negligencia.
El vicepresidente del sistema judicial nicaragüense, Marvin Aguilar apoyó las nuevas clasificaciones.
“Somos el único país del mundo que trata a las trabajadoras sexuales como facilitadores judiciales. El único país del mundo que no intenta arrestarlas y donde la actividad no es criminalizada. No las llevamos a prisión por el trabajo sexual. Hay países cercanos a Nicaragua donde las trabajadoras sexuales son perseguidas como cualquier otro criminal para ser enviadas a prisión”, señaló Aguilar.
Las trabajadoras sexuales dicen que la clasificación es importante porque les da credibilidad y respeto cuando presentan una queja ante la policía.
Según RedTraSex, la red de trabajadoras sexuales de Latinoamérica y el Caribe, cerca de 15.000 mujeres en Nicaragua viven del comercio sexual. Se estima que un 14% de ellas pertenecen a una organización profesional, el resto opera en un limbo legal.
