Tres firmas de abogados dieron un ultimato a la oposición venezolana debido a la falta de pagos de sus honorarios por representaciones en litigios sobre activos en el extranjero, advirtió el Procurador Especial para esos asuntos designado por el gobierno interino de Juan Guaidó.
El procurador especial Enrique Sánchez Falcón participó en la sesión de una comisión delegada del Parlamento electo en 2015, que la oposición considera como la única institución legítima del país, para rendir cuentas.
Allí aprovechó para remarcar la importancia de que esa instancia opositora apruebe fondos para honrar las deudas contraídas con los bufetes legales en casos contra Venezuela, como la demanda judicial de la empresa petrolera ConocoPhillips.
“Es una responsabilidad de todos atender esos juicios y llevar la defensa al máximo” de los activos de la República, que administran funcionarios designados por los partidos antichavistas con representación en el Parlamento votado hace siete años, dijo.
Con base en sus auditorías, Sánchez Falcón calcula que los litigios ponen en juego hasta 40.000 millones de dólares en activos y recursos de Venezuela en el extranjero, mientras los honorarios totales de las firmas legales desde 2019 superarían los 63 millones de dólares.
Precisó que su administración ha pagado 28 millones de dólares a bufetes legales para encarar esos litigios en el extranjero, mientras se adeudan $18 millones. El procurador anterior del gobierno interino, José Ignacio Hernández, pagó $16 millones.
Sánchez Falcón mencionó la urgencia de aprobar el pago de una deuda con la firma de abogados Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle para evitar su retiro formal del juicio contra Venezuela por parte de la empresa petrolera ConocoPhillips, del cual hay audiencia en septiembre.
“Pudiéramos correr el riesgo de que desatiendan el juicio (…) podríamos dejarnos en una situación bien difícil”, apuntó durante su rendición de cuentas ante los diputados, que según comentó, había solicitado formalmente desde hace cinco meses.
En total, advirtió, hay tres firmas legales que ya han comunicado a su oficina que se retirarán de esos litigios si no reciben sus pagos. Además de Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle, el funcionario venezolano mencionó que Hogan Lovells ha asumido esa postura.
El retiro de esos bufetes especializados de juicios y arbitrajes donde representan a la oposición venezolana “sería absolutamente grave”, consideró.
Sánchez Falcón insistió en que “se hubiesen producido muchas sentencias” desfavorables al Estado venezolano sin la participación de firmas especializadas en esos 201 juicios.
Puso como ejemplo que el gobierno de Nicolás Maduro “se hubiera aprovechado de las reservas de oro” depositadas en los bancos de Inglaterra. “La situación sería peor, dejar los juicios podría significar entregárselos (los activos) a Maduro, que intervenga con todo su carácter autocrático” para hacerse con el control de empresas y recursos del Estado.
La sesión especial de la comisión delegada culminó sin decisión al respecto de la petición de Sánchez Falcón. Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela, presente en la reunión virtual, reivindicó su labor para “defender deudas” en juicios para prevenir “saqueos del régimen” de Maduro y felicitó al Procurador Especial por su labor.
Esa comisión está conformada por los directivos de las comisiones permanentes y miembros de las diferentes bancadas antichavistas del Parlamento electo en 2015. La oposición resume en ella las competencias legislativas y decisiones políticas desde hace dos años y medio. Sus consideraciones guían y apoyan la continuidad del gobierno interino.
Informe a manos de Gauidó
La comisión delegada del Parlamento venezolano de 2015 también desestimó este jueves la aprobación de un informe sobre responsabilidades políticas en presuntos hechos de corrupción en las empresas Monómeros y Pequivén, y acordó, en cambio, remitirlo a una comisión presidida por el líder opositor Juan Guaidó.
El documento sometido a votación por representantes de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional del 2015 recomienda la destitución inmediata del gerente general de Monómeros, en Colombia, y la presidenta de la junta ad hoc de Pequivén.
Solo seis de los diputados participantes en la sesión ordinaria de este jueves votaron a favor de aprobar ese informe, que, según los legisladores de la comisión de Contraloría, tomó un año en redactar tras numerosas sesiones de comparecencias e investigaciones.
Doce legisladores se inclinaron porque esos hallazgos se remitan a una instancia presidida por Guaidó, nombrada hace pocas semanas y conocida como la comisión especial para el cumplimiento y seguimiento de la protección y defensa de los activos en el extranjero.
Varios integrantes de la comisión de Contraloría defendieron la integridad del informe preparado. Carlos Berrizbeitia, segundo vicepresidente de la AN de 2015, consideró que era “absurdo” que “otro ente” analice el trabajo de una comisión permanente.
Macario González, presidente de esa comisión fiscalizadora de los fondos públicos, denunció que existe una postura “hostil” contra esa instancia legislativa y reivindicó que las investigaciones se adelantaron “responsablemente” durante un año.
Tras la votación legislativa, Guaidó convocó de inmediato a una sesión de la comisión especial sobre control de activos en el extranjero para este viernes a las 8:30 a.m.
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