Un polémico paquete de leyes migratorias aprobadas en la legislatura de Utah generó amenazas de boicots y demandas contra el estado de ambos bandos en el debate.
El Congreso de Utah aprobó una serie de medidas de seguridad pública similares a las adoptadas en Arizona, además de un programa de trabajo temporal que permitirá a los indocumentados vivir y trabajar en el estado.
A diferencia de Arizona, las medidas policiales establecidas no serán tan estrictas, si bien ya esperan demandas judiciales en contra. La policía estará habilitada para verificar la situación migratoria de cualquier persona que sea arrestada por un crimen o falta seria. Alguien detenido por una infracción menor sería interrogado si el agente así lo decide y si la persona no tiene identificación válida.
La ley aprobada en 2010 en Arizona generó una polémica nacional porque se exigía a la policía que, al hacer cumplir otras leyes, interrogara a las personas sobre su situación migratoria si había sospechas razonables de que pudieran ser inmigrantes ilegales, si bien un juez federal frenó la implementación de esa medida.
El gobernador de Utah Gary Herbert apoya el paquete de medidas, pero no se comprometió a promulgar todas las medidas que incluye.
Los grupos de defensa del inmigrante critican que las medidas policiales dejan abierta la puerta a la discriminación racial y pueden afectar las relaciones entre los inmigrantes y las fuerzas de seguridad. Además, señalan que el programa de trabajadores temporales provee mano de obra barata sin darle a los empleados protecciones adicionales ni una manera de legalizar su situación.
