La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela confirmó que dos personas murieron y seis resultaron heridas el miércoles durante un operativo contra la minería ilegal en el estado Amazonas, a unos 800 kilómetros al sur de Caracas.
La versión oficial ofrecida por el Ministerio de la Defensa sostiene que cuando 400 efectivos militares procedían a desalojar, desmantelar y destruir más de 500 estructuras clandestinas utilizadas para la minería ilegal en el sector Cacique, un grupo de mineros “atacó sorpresiva y premeditadamente a los funcionarios con armas blancas y de fuego”.
“Esta irresponsable acción generó 2 personas fallecidas y 3 heridas, así como 3 efectivos militares también heridos. A todos los lesionados se les está prestando la debida atención médica”, precisa un comunicado divulgado el jueves.
En días recientes el ejército de Venezuela ha intensificado la denominada Operación Autana 2023, que inició meses atrás para destruir las estructuras utilizadas para ejercer la minería ilegal de oro en el sur del país, zona rica en recursos naturales.
De acuerdo a la FANB, más de 12.000l personas han sido desalojadas durante las operaciones en el Parque Nacional Cerro Yacapana, cerca de la frontera con Colombia y Brasil.
“Tras la minería ilegal se genera un sin número de crímenes como el trabajo y la prostitución forzados, la trata de personas, el contrabando y la depredación ambiental. Todos estos delitos son auspiciados por los Terroristas Narcotraficantes de Colombia, a quienes, en estricto cumplimiento de las órdenes impartidas por el primer mandatario nacional y apegados a la Constitución y leyes de la República, continuaremos combatiendo hasta su total expulsión”, añade el texto firmado por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López.
El miércoles surgieron diversas informaciones no oficiales sobre la situación en la mina. Kapé Kapé, una organización dedicada a proteger y defender los derechos de los pueblos indígenas había informado que las personas se resistían a salir del área protegida.
Activistas han expresado preocupación por la situación de DDHH de los pueblos indígenas en la zona.
Esta misma semana el periodista Luis Alejandro Acosta, quien, desde hace varios meses, se dedicaba a elaborar reportajes sobre la situación de minería ilegal en el estado Amazonas, fue imputado por los presuntos delitos de ocupación ilícita de áreas naturales protegidas, ejercicio ilegal de la actividad minera e incitación para delinquir.
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), detalló que la jueza a cargo del caso impuso varias medidas cautelares al periodista, entre ellas, la prohibición de publicar en redes sociales sobre lo que ocurre en el parque nacional.
“La prohibición de publicar información sobre un tema específico es una medida de censura previa. En los últimos meses Acosta había difundido denuncias sobre las actuaciones de las fuerzas de seguridad en el Yacapana, donde hay actividad de minería ilegal”, escribió IPYS en la plataforma X.
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