Venezuela: Informe indica que 1.414 personas murieron a manos de las fuerzas del orden en 2021

La organización Provea, que defiende los derechos civiles en Venezuela, aseguró el miércoles tras la presentación de su informe periódico que durante 2021 aumentaron las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden en la nación latinoamericana.

“La alta letalidad en el accionar de la fuerza pública continuó en 2021. Policías y militares produjeron la muerte, en todo el territorio nacional, de 1.414 personas”, indicó la entidad.

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Provea achaca el aumento en tales casos al resultado de “una política de Estado, de violaciones masivas y sistemáticas del derecho a la vida”.

Las cifras habían bajado alentadoramente en 2020, indica el organismo, sin embargo, las muestras recogidas en 2021 arrojaron que 241 personas fueron víctimas de torturas, lo que hace aumentar la cifra en más de un cien por ciento.

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Sr. Karim Khan, anunció en abril pasado la apertura de una investigación sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, señalamiento que fue destacado como uno de los logros en la defensa de los derechos humanos.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) ha sido responsabilizado con la comisión 155 actos de tortura denunciados en igual número de víctimas.

Provea también apuntó hacia el deterioro en la institucionalidad democrática, los ajustes económicos dictados por el presidente Nicolás Maduro y las “amenazas y hostigamiento a la sociedad civil e intentos de mayor clausura del espacio cívico”, como los flagelos que golpean la liberta en Venezuela.

En enero pasado, durante el examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, enfatizó que la nación se encuentra "agredida, acosada", por lo que constituye un reto en temas de derechos; sin embargo expuso su disposición a cooperar con la oficina de la Alta Comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

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