Venezuela: oposición denuncia que el gobierno viola los acuerdos de Barbados

La delegación negociadora de la oposición venezolana denunció este sábado que, con la ratificación de la inhabilitación de la candidata presidencial María Corina Machado y la escalada de la“represión”, el gobierno de Nicolás Maduro viola parcialmente los acuerdos de Barbados.

Gerardo Blyde, coordinador de la delegación negociadora, denunció el sábado que se violó el procedimiento de revisión de las inhabilitaciones acordado por el gobierno y la oposición en el contexto del acuerdo de Barbados firmado en octubre y exigió que la decisión sea revertida.

“El procedimiento acordado significaba un juicio, no un juicio sumario, un paredón”, manifestó en conferencia de prensa este sábado en Caracas.

El TSJ ratificó el viernes la inhabilitación para ejercer cargos públicos de Machado y del ex candidato presidencial, Henrique Capriles, quienes en diciembre introdujeron recursos para hacer frente a la medida.

Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda y miembro de la delegación oficialista, aseguró que continúan en la mesa de diálogo y que se han cumplido todos los acuerdos firmados y discutidos, pero descartó la solicitud de Blyde sobre revertir la medida contra Machado.

"Lo que pasó a solicitud de la oposición de un procedimiento expedito ya es cosa juzgada en Venezuela, no vamos a volver a llover sobre mojado", manifestó en conferencia de prensa desde la sede del Parlamento oficialista.

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Blyde informó que el lunes consignará ante Noruega, país facilitador del proceso de negociación, y el resto de los países acompañantes, la denuncia de la "violación parcial" del acuerdo de Barbados. Además, pidió a los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; Francia, Emmanuel Macron y de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva, hacer lo posible para que el gobierno cumpla con el acuerdo.

“Es evidente cómo han venido desintegrándose las condiciones en que estábamos para el acuerdo de Barbados. Es para avanzar, no para retroceder”, insistió al reiterar que el objetivo es lograr elecciones presidenciales libres este año en Venezuela.

“Exigimos a la contraparte que cumpla el acuerdo en toda su extensión, no es por pedacitos. Ese acuerdo es integralmente diseñado para tener un proceso electoral libre y el cese absoluto de este escalamiento represivo contra activistas sociales, contra actores políticos”, precisó al detallar parte de las acciones que en días recientes se han dado contra activistas y miembros del partido de Machado.

La semana pasada, sedes de diversos partidos políticos y organizaciones gubernamentales amanecieron con grafitis de “furia bolivariana”, un plan cívico-militar policial del gobierno para enfrentar “cualquier intentona terrorista”, considerado por parte de la disidencia como parte de una estrategia de persecución del gobierno.

Blyde, además, afirmó que Machado, quien con más de 2 millones de votos ganó la primaria opositora celebrada en octubre, continúa siendo la candidata presidencial de la oposición. También ratificó que creen en la vía electoral y se desmarcan de los planes conspirativos denunciados por el gobierno.

El gobierno de Estados Unidos anunció el sábado que, tras la decisión del TSJ, se encuentra revisando su política de sanciones a Venezuela.

Al respecto, Blyde advirtió que no están “pidiendo sanciones”.

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Tras la firma del acuerdo en Barbados, el gobierno de EEUU emitió licencias generales que autorizan “temporalmente”, algunas transacciones que involucran al sector de la industria petrolera venezolana, pero advirtió que las medidas serían revertidas “si no se cumplen los compromisos estipulados”, entre ellos el levantamiento de inhabilitaciones y la liberación de presos políticos.

A finales del mes pasado el gobierno de Estados Unidos liberó a Alex Saab, un cercano aliado del presidente Nicolás Maduro, como parte de un intercambio por ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela. Unos 30 venezolanos considerados presos políticos también fueron excarcelados.

Una inhabilitación política es una sanción contra funcionarios públicos que cometen irregularidades en su gestión y les impide, por un tiempo determinado por las autoridades, ejercer cargos públicos. Inhabilitaciones como las de Machado han sido administrativas, a través de la Contraloría General de la República (CGR) y cuestionadas por no darse mediante un proceso judicial.

Distintos sectores de la sociedad civil han denunciado que las inhabilitaciones son “arbitrarias” y que han sido utilizadas por el gobierno para “sacar de juego” a opositores o chavistas disidentes que aspiran a un cargo de elección popular.

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