El canciller venezolano Jorge Arreaza dijo el lunes que la decisión de Estados Unidos de nombrar a Suiza como “protector de sus intereses” en Venezuela no es vinculante y la ejecución de ese acuerdo depende de la aprobación del gobierno del presidente en disputa Nicolás Maduro tras la ruptura de relaciones diplomáticas.
“Estados Unidos ha propuesto a Suiza, todo eso pasa por la aprobación del gobierno del presidente Maduro. Eso no es un hecho bilateral entre ellos, sino que es necesaria la aprobación nuestra”, argumentó Arreaza en una rueda de prensa.
El canciller destacó que Venezuela también tiene su propuesta al respecto y en el momento en que los gobiernos de Caracas y Washington establezcan un acuerdo sobre los “países protectores” es cuando se ejecutará la medida.
El viernes pasado, Estados Unidos y Suiza llegaron a un acuerdo para que los suizos protejan los intereses de los Estados Unidos en Venezuela.
Hasta tanto el acuerdo sea operativo, Suiza no podrá proporcionar esos servicios, informó el Departamento de Estado estadounidense en un comunicado.
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“Donde sea posible, los ciudadanos estadounidenses en Venezuela que requieran asistencia de emergencia deben continuar visitando la embajada o consulado de Estados Unidos más cercano en otro país”, agregó el escrito.
El 14 de marzo, el personal remanente que quedaba en la embajada de Estados Unidos en Caracas abandonó la sede diplomática para retornar a su país. El regreso se produjo dos días después de que Maduro ordenase su retiro tras suspender las negociaciones para establecer en ambos países oficinas de intereses alegando que se estaba preparando una “trampa”.
Luego de que Estados Unidos reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino, Maduro rompió relaciones y ordenó el regreso de Estados Unidos a todo su personal diplomático. El Departamento de Estado también retiró parte del personal en Caracas. Desde 2010 ambos países han estado sin embajador.
Guaidó, que en enero se declaró presidente interino en desafío a Maduro, ha sumado el apoyo del presidente Donald Trump, entre otros gobiernos de 50 naciones que sostienen que la reelección del gobernante socialista el año pasado no fue legítima.
