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Arrestan en Venezuela a seis miembros de ONG defensora de derechos sexuales


Un auto de la policía militar, la DGCIM, sale de un edificio en Caracas, el 20 de febrero de 2020.
Un auto de la policía militar, la DGCIM, sale de un edificio en Caracas, el 20 de febrero de 2020.

La organización ha brindado servicio a 43.000 pacientes con VIH desde su fundación, en 2004. Sus integrantes detenidos podrían ser procesados por tribunales militares, dice la ONG.

Agentes de los servicios de inteligencia venezolanos detuvieron el martes a por lo menos seis integrantes de una organización no gubernamental que defiende los derechos de salud de pacientes contagiados con el VIH (Virus de Inmunodeficiencia Adquirida) para, presumiblemente, someterles a juicio en un tribunal militar.

Agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y del Servicio de Investigación Penal ocuparon la oficina de la organización Azul Positivo en Maracaibo, en el estado occidental de Zulia, entre las 11:30 de la mañana y las 5:00 de la tarde (hora local) del martes, 12 de enero.

Los agentes se llevaron detenidos a cinco miembros de la ONG. En horas de la noche, se conoció del arresto de otro de los activistas comunitarios vinculados a la organización.

En un breve comunicado, la organización Azul Positivo pidió “el cese del hostigamiento y la criminalización de la labor humanitaria” en Venezuela.

“Es obligación del Estado garantizar un espacio humanitario seguro para asegurar la protección y el socorro de las personas que más lo necesitan”, manifestó la organización en su mensaje, replicado por el portal de noticias RunRunes.

Azul Positivo se define como una organización civil orientada a la prevención del VIH, “la promoción de la salud sexual y temas transversales” desde 2004.

Los arrestos ocurren luego que, entre noviembre y diciembre, cuerpos policiales del gobierno en disputa de Nicolás Maduro visitaran las sedes de las oenegés Alimenta la Solidaridad y Convite, dedicadas a repartir almuerzos en barriadas de Caracas y promover los derechos sociales, respectivamente.

En el caso de Convite, el Gobierno nacional acusó a sus integrantes de “delitos asociados al terrorismo” por el origen extranjero de sus recursos.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia, conocida como Codhez, denunció que los activistas arrestados serán acusados en tribunales militares por cargos penales que aún se desconocen.

La comisión precisó que los detenidos no habían tenido contacto con sus abogados desde sus arrestos, al menos hasta el mediodía de este miércoles.

“La cooperación internacional para la protección y socorro de las personas más vulnerables ante la emergencia humanitaria compleja debe ser garantizada por el Estado, y no obstaculizada”, añadió Codhez, que exigió un pronunciamiento en contra del suceso de parte de “las agencias de Naciones Unidas en terreno”.

“Continuo acoso”

Al cierre de esta nota, solo el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH/Sida en Venezuela, conocido como ONUSIDA, defendió públicamente la labor humanitaria de los integrantes de Azul Positivo detenidos.

“Es una ONG con años de trabajo efectivo y responsable en pro de la respuesta del VIH en el estado Zulia. ONUSIDA hace un llamado para que se aclaren los hechos ocurridos y se respete la integridad y derechos de sus miembros”, escribió el programa en su cuenta de Twitter. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), retuiteó el mensaje.

De acuerdo con Provea, una organización no gubernamental defensora de derechos humanos en Venezuela, la actuación de agentes de inteligencia contra Azul Positivo sería parte de un “procedimiento administrativo” en su contra. “Exigimos cese al hostigamiento y criminalización del trabajo humanitario en Venezuela”, denunció con un tuit la oenegé.

Provea también recordó que Azul Positivo atendió a por lo menos 9.000 personas en Zulia el año pasado, en plena pandemia. “Desde 2015, han atendido a más de 43.000” pacientes, apuntó en sus mensajes sobre los hechos.

La oposición al gobierno en disputa de Nicolás Maduro repudió los arrestos y expresó su solidaridad con la organización afectada y sus integrantes.

Miguel Pizarro, comisionado para la Organización de las Naciones Unidas del gobierno interino del líder opositor Juan Guaidó, rechazó “el continuo acoso” del madurismo a activistas humanitarios en Venezuela.

“Las organizaciones humanitarias cumplen un rol esencial en el desarrollo y ejecución de proyectos de asistencia; el deber es protegerlas. Condenamos el continuo acoso del régimen contra las ONG venezolanas y manifestamos nuestro apoyo a Azul Positivo”, escribió el vocero opositor en Twitter.

En diciembre, cuatro relatores especiales en materia de derechos fundamentales de las Naciones Unidas denunciaron la estigmatización y persecución sistemática de las organizaciones de la sociedad civil, voces disidentes y defensores de los derechos humanos en Venezuela. “Y esto debe terminar”, apuntaron los funcionarios.

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