El tribunal supremo de Naciones Unidas sentenció el viernes que intervendrá para dirimir una disputa fronteriza de décadas entre Guyana y Venezuela, un proceso que puede tomar meses o años.
La Corte Internacional de Justicia juzgará los méritos del caso. Venezuela había sostenido que la corte no tenía jurisdicción y se negó a participar de los argumentos legales presentados meses atrás.
La disputa territorial se remonta a 1899 y el arbitraje de un tribunal internacional que trazó la frontera entre los dos países sudamericanos favoreció principalmente a Guyana, entonces una colonia británica. La disputada franja selvática al oeste del río Essequibo es rica en oro, diamantes, madera y otros.
La ONU remitió la disputa a la CIJ en 2018 al fracasar un intento de mediación. Venezuela rechaza la intervención de la corte y sostiene que un acuerdo de 1966 anuló el arbitraje original.
En un país profundamente dividido con un gobierno que se dice socialista, el reclamo venezolano es una de las escasas fuentes de unidad nacional. La región oriental, que constituye el 40% de la Guyana actual, aparece desde hace generaciones en los mapas venezolanos como “zona reclamada” denotada con líneas diagonales.
Agravando la disputa, ExxonMobil descubrió enormes yacimientos submarinos de petróleo que se intersectan con el reclamo venezolano. Exxon espera elevar su producción en 750.000 barriles diarios para 2025, lo que transformaría rápidamente a Guyana, un país pobre de 800.000 habitantes, en una potencia petrolera.
El presidente de la corte mundial, Abdulqawi Ahmed Yusuf, dijo el viernes que “la corte determina que tiene jurisdicción para analizar los reclamos de Guyana sobre la validez del arbitraje de 1899. Adicionalmente, la cuestión relacionada de la disputa fronteriza terrestre entre el territorio de las partes”.
