Por lo menos 10 intentos de invasión de edificios y locales comerciales se han registrado en el centro de la capital venezolana en lo que va del año, según denuncias de víctimas y dirigentes vecinales, que exigen respeto a la propiedad privada en el país.
A través de un documento consignado el pasado viernes 29 de enero ante la sede de la Naciones Unidas en territorio venezolano, los ciudadanos solicitaron un pronunciamiento de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
El dirigente vecinal y coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, dijo a la Voz de América que el año pasado recibieron 53 denuncias de intentos de invasión por parte de civiles armados.
“Hay participación directa por omisión y acción de altos personeros del gobierno de facto de Nicolás Maduro, diputados, la alcaldesa del municipio Libertador, concejales y eso es público y notorio y comunicacional, donde vemos a estos diputados reventándole la puerta a legítimos propietarios de sus apartamentos”, denuncia el dirigente.
Rojas subraya que los principales afectados de las invasiones son personas de clase media e incluso sectores populares que, ante la crisis que atraviesa Venezuela, decidieron migrar buscando mejores oportunidades.
“Anteriormente eran las viviendas familiares, ahora vemos que los comercios y las industrias son el principal objetivo, porque todo viene del censo de vivienda y comercio realizado por el gobierno en el 2019 donde colectivos, miembros de las comunas, miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) fueron los que realizaron este censo”, asegura Rojas.
Según el periodista y dirigente vecinal, desde la instalación del Parlamento de mayoría oficialista a principios de año, se está registrando “una nueva oleada de invasiones”.
Indefensos
Omar Pérez es propietario de un inmueble que fue invadido violentamente a finales del año pasado. Tras ejercer acciones judiciales logró recuperarlo, pero dice sentirse desamparado por las autoridades y denuncia que incluso ha llegado a ser acosado psicológica y físicamente.
Pérez asegura que no sólo le han “reventado” las puertas de su inmueble, sino que le “espicharon los cauchos (llantas) del carro parado en las puertas de ese inmueble” y afirma que ha recibido agresiones físicas de “organismos parapoliciales”, por lo que piden a Bachelet que “haga las gestiones posibles para proteger y restituir el derecho de la propiedad privada en Venezuela”.
“Es un Estado donde no hay derecho, donde no se respeta la propiedad privada. Lamentablemente nosotros, los dueños de las propiedades, nos sentimos totalmente indefensos, tratando siempre por las vías legales de rescatar nuestras propiedades”, comenta Pérez a VOA.
“Somos personas que hemos trabajado toda la vida, nuestros ancestros, para hacer cierto patrimonio y poder vivir de las rentas”, agrega el ciudadano.
A principios de año, la primera vicepresidenta del Parlamento de mayoría chavista, Iris Varela, dijo en una entrevista concedida al diario Últimas Noticias que una de las propuestas que elevaría sería decretar la confiscación de los bienes que estén en desuso de aquellos venezolanos que están fuera del país, una propuesta inconstitucional, según expertos en la materia.
