![El gobierno colombiano aspira a reiniciar en los próximos días la aspersión aérea con glifosato a los cultivos ilícitos en el país.[Fuente: Policía Antinarcóticos]](https://gdb.voanews.com/932d964f-d20b-4a40-99cb-e58a7ff501d9_w250_r1_s.png)
El anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos de otorgar la certificación a Colombia por su lucha contra los cultivos ilícitos y el narcotráfico, además de asegurar recursos al país para continuar con el objetivo, generó reacciones de diferentes sectores que insisten en que el país debe replantear su política antidrogas.
Pese a que aún no ha ocurrido un diálogo directo entre los presidentes Joe Biden, de EE.UU., e Iván Duque, de Colombia, para el ministro de Defensa, Diego Molano, la certificación es un espaldarazo de Estados Unidos a Colombia.
“Ratifica el compromiso indeclinable que tiene el país de luchar contra el narcotráfico. Esta certificación destaca que Colombia avanza a la meta del año 2023 de reducir en 50% las áreas de cultivos ilícitos y la producción mundial de cocaína”, indicó el ministro Molano.
Además aclaró que el compromiso de Colombia en la lucha contra los cultivos ilícitos no va en contravía de los acuerdos de paz.
Polémica
Sin embargo, para el académico Pedro Arenas, miembro de la Corporación Viso Mutop y del Consorcio Internacional para Políticas de Drogas, la certificación garantiza recursos para continuar con la erradicación forzada, pero esta política, históricamente, no ha generado resultados positivos.
“Es un espaldarazo para un propósito que tiene el partido Centro Democrático de retomar las aspersiones aéreas, en ese sentido lo pueden reclamar como un triunfo político, pero ellos saben que esas acciones no son sostenibles en el tiempo, simplemente se está trasladando el problema de los cultivos de un lugar a otro”.
Del mismo modo el analista indicó que dicha certificación podría ser condicionada por el gobierno estadounidense al cumplimiento, por parte de Colombia, con la política de respeto a los derechos humanos defendida por la administración Biden.
“Yo esperaría que, transcurridos unos meses, sobre todo de aquí al final de este año, con un mayor nivel de monitoreo en materia de derechos humanos por parte de comisiones del Congreso de Estados Unidos, haya un viraje en la postura de los Estados Unidos de seguir cooperando con recursos para una lucha que realmente no demuestra resultados eficaces”, dijo el experto.
Por su parte, Héctor Monsalve, campesino cocalero del departamento de Antioquia, asegura que más allá del componente militar que se garantiza con la certificación, es necesario brindarles a las comunidades verdaderos programas de sustitución de cultivos y mayor presencia del Estado para acabar de raíz con el flagelo.
“Estos cultivos de coca están ubicados en los sectores más marginales, de más violencia, de más pobreza, de más abandono estatal”, resalta el líder campesino.
Monsalve estima que la falta de vías de comunicación y los bajos precios en los mercados para sus productos tradicionales, empujan a los agricultores a cultivar coca y amapola, como medio de subsistencia, porque quienes en realidad se enriquecen son los carteles del narcotráfico.
La certificación de la política antidrogas de Colombia, por parte de EE. UU. le asegura al país cerca de 25 millones de dólares, para continuar con la lucha contra el narcotráfico.
