La administración Trump ha realizado unas 10.000 deportaciones sumarias usando normativas sanitarias que han dado al Servicio de Aduanas y a la Patrulla Fronteriza la autoridad para obviar las leyes de inmigración, según dijeron fuentes de la patrulla fronteriza al diario The Washington Post.
Las medidas sanitarias han permitido a la agencia rechazar rápidamente y enviar de regreso a México a los inmigrantes. Las deportaciones han reducido dramáticamente el número de detenidos en las estaciones fronterizas, donde se teme que se extienda el coronavirus, dijeron los funcionarios al Washington Post.
La Patrulla Fronteriza tiene actualmente menos de 100 detenidos, en comparación a los casi 20.000 que tenía en esta fecha el año pasado cuando se registraba una crisis migratoria.
Los cruces ilegales se han reducido en un 56 por ciento desde que se implementaron las deportaciones rápidas, dijo el comisionado de la Patrulla Fronteriza Mark Morgan, quien también reconoció que Estados Unidos básicamente ha cerrado sus fronteras a solicitantes de asilo político que temen ser perseguidos, incluyendo a aquellos que intentan entrar legalmente al país.
“Los indocumentados o los que no tienen autorización para entrar son rechazados de inmediato”, dijo Morgan.
Legisladores demócratas han acusado a la administración Trump de violar las leyes estadounidenses e incluso tratados internacionales sobre asilo político, al utilizar una normativa sanitaria para negar el proceso de Ley a los que buscan el asilo. Pero Morgan defendió las acciones usando como argumento la emergencia sanitaria.
“Esto no se trata de inmigración”, dijo Morgan. “Esto se trata de salud pública. Esto se trata de implementar agresivamente estrategias de mitigación y aislamiento”.
Las recientes expulsiones incluyeron a niños que de lo contrario habrían sido protegidos de la deportación rápida por las leyes antitráfico de personas de Estados Unidos. Desde que se empezó a usar la normativa sanitaria, el país ha deportado a casi 400 menores de edad, según el más reciente conteo realizado por la agencia noticiosa Reuters, citada por el Washington Post.
En una carta al secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, el senador Patrick Leahy, demócrata de Vermont, y otros senadores del Comité Judicial del Senado, dijeron que el uso por parte de la administración Trump de una ley de emergencia sanitaria de 1944 para suspender los procesos establecidos para inmigración es ilegal.
“Contrario a la legislación vigente, individuos, familias y niños ahora no tienen la capacidad suficiente para presentar sus solicitudes de asilo político, buscar otras formas de protección humanitaria, y en algunos casos, están siendo regresados a países donde temen ser perseguidos”, escribieron los senadores.
El Departamento de Seguridad Nacional ha determinado que los funcionarios del poder ejecutivo pueden hacer caso omiso de las leyes federales, haciendo uso de una interpretación del Ejecutivo de una ley aprobada en 1944”.
“Esto representa una expansión de los poderes del ejecutivo bajo la sombra de una reacción a una pandemia global”.
El tiempo promedio que le está tomando a la Patrulla Fronteriza rechazar de la frontera a un indocumentado es de 96 minutos. Toman sus datos personales, huellas digitales, los suben en una furgoneta y minutos más tarde están en suelo mexicano.