Una larga lista de personalidades involucradas en la oposición al gobierno venezolano desfilan a declarar ante la fiscalía a partir de este lunes.
Una serie de personalidades de la oposición, incluyendo al director propietario del periódico El Nacional y la líder opositora María Corina Machado, están supuestas a comparecer ante el Ministerio Público, en relación a la investigación de una presunta conspiración para asesinar al presidente Nicolás Maduro.
Además de Miguel Henrique Otero y Machado, están citados a testificar un ex directivo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), un exdiplomático, un exdiputado, un excandidato a la presidencia y la hija de Otero, entre otros.
El editor de El Nacional dijo que desconoce el motivo por el que fue llamado a testificar, pero afirmó que el hecho de que la convocatoria de la Fiscalía sea para declarar ante el Servicio Bolivariano de Inteligencia, Sebin, muestra que en Venezuela no hay separación de los poderes y de que se trata de una dictadura.
El primero en comparecer este lunes será el exdirectivo de la estatal Pdvsa, Pedro Mario Burelli Briceño, quien habría sido la persona que difundió por Twitter el correo original “que sirvió de base” para el que el Sebin falsificará pruebas contra los acusados del presunto plan de magnicidio, según la oposición.
También le tocaría turno a Otero –quien ha dicho que no asistirá porque está en Colombia por invitación del periódico El Tiempo para presenciar el debate entre el presidente Juan Manuel Santos y el candidato Óscar Iván Zuluaga— y a su hija, Alejandra Otero que sí asistirá.
El jueves 12 ha sido citado el exembajador ante Naciones Unidas, Diego Arria, quien aseguró que ir a la fiscalía es “como ira a un tribunal cubano".
El próximo lunes 16 le toca a María Corina Machado, quien ha dicho que asistirá al citatorio, pero se hará acompañar por su militancia. El 18 le toca el turno al excandidato presidencial Henrique Salas Romer, el 20 al abogado Ricardo Emilio Koesling, el 23 al exdiputado Gustavo Tarre Briceño y el 25 a Robert Alonso.
El gobierno aseguró hace más de una semana haber desbaratado un plan para desestabilizar a Venezuela, que incluía el propósito de asesinar al presidente Maduro. En el plan, según el gobierno, estaban implicados una serie de políticos, empresarios y hasta el embajador de Estados Unidos en Colombia.
Además de Miguel Henrique Otero y Machado, están citados a testificar un ex directivo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), un exdiplomático, un exdiputado, un excandidato a la presidencia y la hija de Otero, entre otros.
El editor de El Nacional dijo que desconoce el motivo por el que fue llamado a testificar, pero afirmó que el hecho de que la convocatoria de la Fiscalía sea para declarar ante el Servicio Bolivariano de Inteligencia, Sebin, muestra que en Venezuela no hay separación de los poderes y de que se trata de una dictadura.
El primero en comparecer este lunes será el exdirectivo de la estatal Pdvsa, Pedro Mario Burelli Briceño, quien habría sido la persona que difundió por Twitter el correo original “que sirvió de base” para el que el Sebin falsificará pruebas contra los acusados del presunto plan de magnicidio, según la oposición.
También le tocaría turno a Otero –quien ha dicho que no asistirá porque está en Colombia por invitación del periódico El Tiempo para presenciar el debate entre el presidente Juan Manuel Santos y el candidato Óscar Iván Zuluaga— y a su hija, Alejandra Otero que sí asistirá.
El jueves 12 ha sido citado el exembajador ante Naciones Unidas, Diego Arria, quien aseguró que ir a la fiscalía es “como ira a un tribunal cubano".
El próximo lunes 16 le toca a María Corina Machado, quien ha dicho que asistirá al citatorio, pero se hará acompañar por su militancia. El 18 le toca el turno al excandidato presidencial Henrique Salas Romer, el 20 al abogado Ricardo Emilio Koesling, el 23 al exdiputado Gustavo Tarre Briceño y el 25 a Robert Alonso.
El gobierno aseguró hace más de una semana haber desbaratado un plan para desestabilizar a Venezuela, que incluía el propósito de asesinar al presidente Maduro. En el plan, según el gobierno, estaban implicados una serie de políticos, empresarios y hasta el embajador de Estados Unidos en Colombia.