Estados Unidos acusó en el 2020 a varios representantes del Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, y al propio mandatario, de corrupción y narcotráfico. Casi un año más tarde, expertos comentan sobre el curso de estas investigaciones y si creen posible un cambio de estrategia con la nueva administración.
Ha pasado casi un año desde que la administración del expresidente Donald Trump diera a conocer las conclusiones de una serie de investigaciones judiciales y acusara al propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y varios de sus más cercanos colaboradores, de terrorismo, corrupción, narcotráfico y legitimación de capitales.
“El régimen de Maduro está inundado de corrupción y criminalidad”, indicó William Barr, entonces exsecretario de Justicia de Estados Unidos.
La reacción del gobierno venezolano no se hizo esperar. “El gobierno de Donald Trump vuelve a arremeter utilizando una nueva modalidad de golpe de Estado, sobre la base de acusaciones miserables, vulgares”, indicó el canciller Jorge Arreaza.
Durante meses, los señalamientos de culpabilidad entre Washington y Caracas inundaron la palestra noticiosa.
Sin embargo, temas como la pandemia, los enfrentamientos raciales y las elecciones presidenciales fueron ocupando la atención en Estados Unidos, hasta que la toma de posesión del presidente Joe Biden despertó en Miraflores, esperanzas de un “borrón y cuenta nueva”.
"Estamos dispuestos, a andar un nuevo camino de relaciones con el Gobierno de Joe Biden”, llegó asegurar Nicolás Maduro.
Aunque para la nueva Casa Blanca, un nuevo comienzo no parece ser la opción. “Definitivamente no esperamos tener ningún contacto con Maduro pronto”, aseguró recientemente Ned Price, vocero del Departamento de Estado.
¿Y las investigaciones?
Para el comisario Iván Simonovis, comisionado de Justicia nombrado por la autodenominada Asamblea Delegada que lidera el líder opositor Juan Guaidó, nada ha cambiado con el nuevo gobierno estadounidense.
Señala que las denuncias han cobrado vida con los recientes informes de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, y que la búsqueda de pruebas, con miras a un proceso judicial, sigue en curso.
“Si en algo no son buenos es en ocultar lo que se han robado. Algunos de ellos están aquí en Estados Unidos y creen que no está pasando nada, que no tienen ningún tipo de inconveniente y les digo que bueno, más temprano que tarde, les van a tocar la puerta y, muy posiblemente, muchos de ellos terminen saliendo de donde estén con unas esposas puestas”, afirmó Simonovis.
El comisario explica que su equipo investiga incluso las posibles rutas aéreas, marítimas y terrestres que existen desde Venezuela a diferentes partes del mundo que, según sus pesquisas, sirven para la distribución de la droga y la legitimación de capitales.
Ante la seriedad de las acusaciones, expertos como Antonio De La Cruz, del Centro de Estudios Internacionales Estratégicos, con sede en Washington, apuntan que el gobierno del presidente Biden podría emitir una orden de captura internacional con la Interpol, pero lo ve poco probable, al menos por ahora.
“Si estamos en un momento, que lo han dicho, de negociación, el poner una alerta roja en el sistema de Interpol, no muestra la buena voluntad para una negociación con el régimen de Maduro. Entonces, yo creo que, políticamente, no lo harían en este momento”, expuso De La Cruz.
En opinión de los analistas, la actual Casa Blanca y la Unión Europea, se inclinan por la diplomacia y la negociación, por lo que el impulso de elecciones libres y justas en Venezuela es lo que se buscaría en un futuro. Creen entonces que después de un cambio de poder, y sólo después, las investigaciones de corrupción y narcotráfico podrían arrojar conclusiones y un resultado.
“Ellos no saben quiénes van a ser presos la próxima vez. Hay algunos que, obviamente, saben que no pueden salir del país y hay unos que creen que pueden salir. Veremos”, concluyó el comisario Simonovis.