La cuenta regresiva para las elecciones generales en Nicaragua este 2021 ya está en marcha, en medio de la incertidumbre de la población, los problemas económicos y el contexto político que atraviesa el país.
Hasta ahora Nicaragua no ha implantado los cambios requeridos dentro del Consejo Supremo Electoral, mientras el gobierno ha impulsado leyes que restringen los derechos políticos y de participación ciudadana, más 100 reclusos considerados presos políticos permanecen en las cárceles del país y todo indica que el presidente Daniel Ortega pretende un cuarto periodo en el poder.
Tras la revuelta social que estalló en abril de 2018 y que dejó cientos de muertos, heridos y detenidos por la policía, la oposición exigió a Ortega adelantar los comicios por considerar que su gobierno no era democrático y debía abandonar el cargo.
Ortega rechazó esos reclamos y tampoco cumplió con el acuerdo de entendimiento firmado con la Organización de Estados Americanos (OEA) para impulsar cambios políticos, electorales e institucionales.
El analista político y exparlamentario Agustín Jarquín Anaya sostiene que la incertidumbre es hasta ahora la única constante en el escenario político nicaragüense.
“Es de incertidumbre, porque lo único cierto es que la Constitución establece que hay elecciones, eso es lo único que está definido, pero por lo demás todo está en una indecisión grande: hay posiciones del gobierno que no están claras en términos formales, la oposición no tiene definido un norte, las controversias no se han detenido”, dijo Anaya a la Voz de América.
Hasta ahora ningún magistrado del Consejo Supremo Electoral ha estipulado los tiempos del proceso electoral, entre los que se incluye la invitación a los observadores nacionales e internacionales, cedulación, depuración del padrón electoral y otros procesos técnicos y logísticos.
Mientras tanto, dos encuestas de la firma regional CID-Gallup reflejaron el año pasado que una mayoría de nicaragüenses consideran que el país va por rumbo equivocado, y que, en unas futuras elecciones, un poco más del 20% dijo que votaría por el Frente Sandinista, aunque esto no se traduciría en un triunfo de la oposición por su falta de unidad y de un candidato único.
El exdiputado opositor y abogado Eliseo Núñez explicó a la VOA que existen dos posibles escenarios en el proceso electoral: que el presidente legitime su permanencia en el poder con un proceso “medianamente democrático” o que se incline por la ilegitimidad y su permanencia en el poder de forma ilegal hasta 2026.
“Ortega si no tiene suficiente presión interna y externa. Se va a ir por la vía de no dar ningún tipo de condiciones, sabiendo que no va a ser un régimen legítimo, pero va a tratar de que esa ilegitimidad comience a discutirse a partir de enero del 22 y no ahora”, explicó Núñez.
En tanto, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han constatado el reforzamiento del “estado policial” contra opositores, excarcelados, y familiares de víctimas de la represión y denunciaron que, a través de un cerco policial, el gobierno impuso un régimen de “casa por cárcel” a los opositores para impedirles la libertad de reunión y el derecho de movilización.
En el informe sobre las “Personas privadas de libertad en Nicaragua”, divulgado el 2 de diciembre del 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encabeza sus 27 recomendaciones al Estado de Nicaragua con la demanda de liberar a los 109 “presos políticos” que se encuentran en las cárceles, por participar o apoyar las protestas sociales que estallaron a partir del 18 de abril de 2018.
Las elecciones nacionales en Nicaragua serán el domingo 7 de noviembre por mandato constitucional.
Ortega de 74 años, gobernó por primera vez en la década de 1980, regresó al poder mediante elecciones en 2007 y volvió a postularse dos veces más en los años 2011 y 2016, en los que fue declarado ganador en medio de denuncias de fraude electoral.
