La Organización de Naciones Unidas pidió este jueves a las autoridades del Estado venezolano que “dejen de acosar” a personas vinculadas a labores de ayuda humanitarias o en favor de los derechos humanos, así como a la prensa.
Marta Hurtado, portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Ginebra, se pronunció en esos términos en un comunicado luego del arresto de seis activistas de una organización civil que promueve la prevención de enfermedades de transmisión sexual por agentes de inteligencia militar, el martes pasado.
“Instamos a las autoridades a que dejen de acosar a personas por realizar un trabajo legítimo, ya sea en el sector humanitario, de derechos humanos, o en los medios de comunicación. Una sociedad civil libre, diversa y activa es crucial para cualquier democracia y debe ser protegida, no estigmatizada o perseguida", sostuvo.
Hurtado expresó que los integrantes de la Oficina para los Derechos Humanos están “profundamente preocupados por los constantes y crecientes ataques contra organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y periodistas en Venezuela”.
Una sociedad civil libre, diversa y activa es crucial para cualquier democracia y debe ser protegida"
Marta Hurtado, portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos
Mencionó el “incidente” ocurrido el 12 de enero, cuando agentes de contrainteligencia militar del gobierno de Nicolás Maduro y de la policía regional del estado Zulia allanaron la oficina de la asociación civil Azul Positivo.
“Esta es la segunda vez en los últimos dos meses que se ha allanado la oficina de una ONG humanitaria y se ha interrogado a su personal, supuestamente debido a la financiación recibida del exterior”, observó Hurtado.
Recordó que los Estados “no deberían imponer restricciones indebidas a la capacidad de las ONG de acceder a la financiación de fuentes nacionales, extranjeras o internacionales”.
Calificó de “desconcertante” que esas incursiones a sedes de ONG estén acompañadas de declaraciones de funcionarios públicos que exhortan a la “criminalización” de las organizaciones de la sociedad civil y de su personal, en aparente referencia a declaraciones que ha hecho sobre esos operativos el segundo hombre fuerte del chavismo y diputado, Diosdado Cabello.
Mencionó los “ataques” a al menos tres medios de comunicación de Venezuela el pasado 8 de enero. “Estos incidentes siguen a casos similares de periodistas acosados o intimidados, mientras funcionarios públicos han emitido una serie de declaraciones deslegitimando a los medios de comunicación”, dijo.
Así, Hurtado afirmó que la ONU insta a las autoridades venezolanas “a que dejen de acosar a personas por realizar un trabajo legítimo, ya sea en el sector humanitario, de derechos humanos, o en los medios de comunicación”.
"Patrón" de persecusión
La declaración de Hurtado sucedió al pronunciamiento de una red de organizaciones de derechos humanos de Venezuela a propósito de la detención de los seis integrantes de Azul Positivo.
Directivos de esas ONG repudiaron las detenciones y valoraron sus arrestos como parte de un “patrón” de persecución en su contra.
Recordaron que Azul Positivo asiste desde hace 17 años a centenares de pacientes con VIH y fomenta la prevención de enfermedades de transmisión sexual en el estado occidental de Zulia, incluso en su frontera con Colombia.
Juan Berríos, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia, detalló que los arrestos ocurrieron durante un “procedimiento administrativo” realizado en la oficina de Azul Positivo en Maracaibo, capital de Zulia, por parte de al menos 15 funcionarios de la DGCIM.
Mencionó que el día anterior al arresto, el lunes 11 de enero, agentes militares detuvieron al dueño de un local comercial del municipio San Francisco, donde Azul Positivo realizaba otra jornada de su programa de entrega de alimentos.
Al día siguiente, la DGCIM ocupó su oficina en Maracaibo durante seis horas antes de llevarse detenidos a seis de sus miembros, entre ellos Joan León, su director. A las horas, arrestaron en su domicilio a otro integrante de la asociación, identificado como Luis Ferrebús.
Exigimos la liberación inmediata de los trabajadores humanitarios miembros de Azul Positivo, sin cargos, sin procesos judiciales.
Juan Berríos, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia
“Exigimos la liberación inmediata de los trabajadores humanitarios miembros de Azul Positivo, sin cargos, sin procesos judiciales. Exigimos el cese del hostigamiento de la labor humanitaria. Debe cesar patrón de persecución de las organizaciones humanitarias”, expresó Berríos en conferencia de prensa virtual.
Berríos lamentó, horas antes del comunicado de la Oficina para los Derechos Humanos en Ginebra, que no hubiese un exhorto público y urgente de las Naciones Unidas para condenar la detención de los activistas.
Ni abogados ni familiares de los detenidos han podido comunicarse con ellos. Apenas el miércoles, agentes militares aceptaron recibir en la sede de la DGCIM alimentos y enseres para los miembros de Azul Positivo arrestados, que, según información preliminar, serán procesados judicialmente en un tribunal militar.
Los militares confiscaron en la oficina de la organización civil tres computadoras, la data de los beneficiarios de sus programas, cinco teléfonos y 12 tarjetas prepagadas de asistencia, que utilizan para la compra de comida.
Alberto Nieves, director de la asociación Acción Ciudadana Contra el Sida, subrayó que uno de los detenidos, Jordi Bermúdez, sufrió un accidente cardiovascular “hace unas pocas semanas”. Desconoce su estado actual de salud.
Ambos voceros, así como Feliciano Reyna, director de Acción Solidaria, denunciaron un “patrón de criminalización” de la labor de las organizaciones de la sociedad civil venezolano en defensa de los derechos humanos, especialmente durante una coyuntura que llaman “emergencia humanitaria compleja”.
Según los voceros de las organizaciones venezolanas defensoras de los derechos humanos, Azul Positivo atendió a 43.492 personas en sus programas comunitarios y fronterizos solamente entre 2015 y 2020.
Advirtieron que la “criminalización” de sus actividades de parte del Estado haría “casi imposible” la existencia de un espacio humanitario en Venezuela.
