El Comité de Apropiaciones del Senado ha rechazado asignar el paquete de ayuda de 861 millones de dólares de cooperación de Estados Unidos a Guatemala, Honduras y El Salvador para el año 2022, al considerar que los tres países no muestran avances en el combate a una corrupción "enraizada" y debilitan la institucionalidad democrática.
“El comité está preocupado porque la corrupción y la impunidad están enraizadas en El Salvador, Guatemala y Honduras”, según una carta enviada por el Comité a la Casa Blanca y citada este viernes por El Diario de Hoy de El Salvador.
Los fondos están enmarcados dentro del plan de ayuda para el Triángulo Norte, cuyo objetivo es reducir las causas de las migraciones irregulares de centroamericanos hacia Estados Unidos.
También los senadores que ven que “hay muy poca evidencia de que los funcionarios de alto rango en estos países tengan la voluntad de actuar como socios confiables de Estados Unidos para abordar las causas de la migración irregular o defender el Estado de derecho”, reza la misiva.
Desde El Salvador, el director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Roberto Rubio, dijo a la Voz de América que una decisión del Congreso de Estados Unidos debe tomarse con pinzas para castigar a gobiernos corruptos, y debe evitar afectar a organizaciones humanitarias y de la sociedad civil que trabajan sobre el terreno afrontando la problemática.
Los legisladores estadounidenses de la Cámara Alta ven en la pérdida de contrapesos a los poderes ejecutivos de esos países un debilitamiento que no garantiza la efectividad de la justicia ni el combate desde los ministerios públicos a la corrupción e impunidad.
Estados Unidos ha mostrado un fuerte rechazo a los “atropellos” que afectan el balance de poderes en El Salvador, después que el presidente Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa oficialista destituyeran el 1 de mayo -fuera de los parámetros que manda la Constitución- al fiscal general y a los magistrados de la Corte Constitucional.
En Guatemala, Estados Unidos dejó claro que la fiscal general Consuelo Porras no goza de la confianza de la primera potencia mundial y la incluyó en la Lista Engel junto al segundo al mando del Ministerio Público guatemalteco.
Y en Honduras persisten los señalamientos contra el gobierno de Juan Orlando Hernández y otros actores políticos por presuntos vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico.
En días recientes, el subsecretario adjunto para el hemisferio occidental y Enviado Especial para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, dijo a la Voz de América que confiaba en la aprobación por parte del Congreso de la dotación de fondos para continuar los trabajos en la región centroamericana.
Reacciones en la región
El director de Acción Ciudadana en Guatemala, Manfredo Marroquín, dijo a VOA que EE. UU. se está dando cuenta que el gobierno de su país no es un socio confiable.
Y que “básicamente es un gobierno tan corrupto y antidemocrático como lo son los gobiernos de El Salvador y Honduras”, dijo, al tiempo que denunció un “desmantelamiento institucional” y “de las pocas políticas públicas que funcionaban en el país”, con retrocesos en la lucha contra la corrupción.
“Estados Unidos ya se dio cuenta que este gobierno es aliado de la impunidad y la corrupción”, dijo, y agregó que en la sociedad guatemalteca impera el miedo porque “se percibe que es un gobierno mafioso integrado por gente peligrosa”.
En la Lista Engel, donde figuran un medio centenar de funcionarios en activo de los tres países centroamericanos, EE. UU. incluyó a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras.
El gobierno de Guatemala, encabezado por el presidente Alejandro Giammattei, rechazó que su administración esté ligada a la corrupción y defendió el trabajo de la fiscal Porras en el andamiaje institucional del país.
Desde Honduras, Carlos Hernández, director de la Asociación para una sociedad más justa (ASJ), comentó a la VOA que los señalamientos de EE. UU. y enlistar a funcionarios involucrados en actos de corrupción no genera la más mínima presión en el escenario regional.
En Honduras, además de la corrupción, figura la penetración del crimen organizado con el tráfico de drogas, las pandillas y otros actores que “enturbian” el panorama, dijo.
“Sale la Lista Engel y aparecen políticos salvadoreños, guatemaltecos y hondureños y eso no genera absolutamente ninguna reacción”; sostiene Hernández, y la estrategia de EE. UU. de apostar por la sociedad civil y el sector privado, es buena, pero estos son todavía débiles, opinó.
Rubio, de FUNDE, cree que la poca infraestructura montada para combatir la corrupción ha sido desmontada por el presidente Nayib Bukele.
Con el control total por parte del ejecutivo del aparato de justicia, la situación ha empeorado, opinó.
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