El logro de un acuerdo parcial sobre asuntos humanitarios en Venezuela durante el diálogo político de Ciudad de México es positivo, pero levanta dudas sobre su implementación real, opinan expertos.
Voceros del gobierno de Nicolás Maduro y de la plataforma unitaria que se le opone comunicaron la noche del lunes que acordaron “establecer mecanismos de restauración y consecución de los recursos para atender las necesidades sociales de la población, con especial énfasis en los efectos de la pandemia por COVID-19, incluyendo aquellos provenientes de organismos multilaterales”.
Ese acuerdo parcial supone un “mensaje” para la población venezolana en el sentido de que las negociaciones privilegiaron lo humanitario antes que lo electoral, evalúa el sociólogo y doctor en procesos políticos, Juan Manuel Trak.
“El mensaje de poner lo humanitario por delante antes que lo electoral es relevante hacia la sociedad venezolana. Es la primera prueba de fuego de esta mesa de negociación de México”, comenta a la Voz de América.
El jefe de la delegación opositora, Gerardo Blyde, explicó que se designará una mesa nacional de protección social para los venezolanos, similar a la que se creó el año pasado para asuntos sanitarios y de inmunización contra el COVID-19.
Quienes representaban a sectores médicos independientes en esa mesa han denunciado la indiferencia y boicot de sus miembros oficialistas, no obstante.
“Esperemos que, contrario a lo que pasó con la mesa de vacunación, no haya un boicot por parte del gobierno. Quedan muchos temas pendientes, cómo se va a supervisar el sistema de entrega de vacunas, cómo evitar la politización, control de recursos, cómo evitar la corrupción. Esta mesa va a ser el baremo con el que vamos a medir la seriedad de este proceso de negociación”, apunta Trak.
El experto da su voto de confianza a que haya voluntad política de los involucrados, especialmente del gobierno de Maduro, para que esa mesa se traduzca en “medidas de alivio a la emergencia humanitaria” en Venezuela.
“Es importante que se haya iniciado con eso y lo veo como positivo en términos generales, pero con el escepticismo necesario”, acota.
Sobre la Guayana Esequiba
Quizás, uno de los pactos menos esperado en la ronda de negociaciones de este fin de semana era la declaración conjunta sobre el reclamo territorial de la Guayana Esequiba. El comunicado oficial no da muchas luces sobre el asunto; solo menciona que oposición y gobierno lograron un “acuerdo para la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba”.
Blyde, de la delegación opositora, explicó que el tema se incluyó como parte de uno de los puntos del memorando de entendimiento firmado el 13 de agosto. “No pareciera un título de la agenda, pero la defensa de la soberanía sí lo es”, manifestó en declaraciones a la prensa tras culminas las reuniones.
Venezuela reclama desde principios del siglo XIX como suyo un territorio que hoy constituye aproximadamente el 70 por ciento del Estado guyanés.
No pareciera un título de la agenda, pero la defensa de la soberanía sí lo es”.Gerardo Blyde
Uno de los argumentos de expertos en historia y derecho en Venezuela es que las 34 Constituciones nacionales que ha tenido el país han incluido ese espacio como parte de la República. Se trata de un territorio que se extiende desde el delta del río Orinoco hasta el río Esequibo. “Se nos pretende despojar de 150.000 kilómetros de nuestro territorio”, según reza un proyecto de ley que nunca se discutió en el Parlamento electo en 2015, de mayoría opositora.
Esa zona es hoy parte de la República Cooperativa de Guyana, que cuenta con un gobierno ejecutivo, una Asamblea Nacional y demás instituciones públicas.
Era controlada hace más de dos siglos por los imperios de España, Holanda y, finalmente, Gran Bretaña, hasta que este último propuso a Venezuela, en 1897, dirimir la diatriba en el Laudo Arbitral de París, que falló a favor de los europeos bajo reclamo de los venezolanos de complicidades con el juez ruso que presidió el fallo en su desarrollo. Guyana se independizó de los británicos en 1966.
Un asunto de Estado
Venezuela reanudó su reclamo en las Naciones Unidas y alegó, como lo mencionó el jefe delegado oficialista Jorge Rodríguez en México, que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el que debe regir todo discernimiento sobre el territorio.
Juan Francisco Contreras, especialista en relaciones internacionales y presidente del gremio de internacionalistas de Venezuela, valoró como “muy positivo” que se haya incluido el reclamo del territorio de Guayana Esequiba entre los puntos a discutir en el diálogo de Ciudad de México.
“Es positivo que se enuncie que hay una visión uniforme de que hay que trabajar para tratar de rescatar ese territorio. Es un asunto de Estado”, dice a la VOA.
Considera que es un asunto que “va a unir a los venezolanos”, pero advierte que se encuentra en una etapa de discusión en el sistema de justicia internacional.
El Acuerdo de Ginebra determinó que, si bien Guyana controla el territorio, Venezuela reclama su soberanía con fundamentos históricos y legales. Dio un plazo de cuatro años para resolver la disputa que, décadas luego, sigue vigente.
Luego que el mecanismo de “buenos oficios” de las Naciones Unidas fallara, el secretario general del organismo, Antonio Guterres, planteó hace tres años que se remitiera el caso a la Corte Internacional de Justicia.
Venezuela se negó bajo el argumento de que no habían agotado los medios de solución pacífica “no jurisdiccionales” previstos en la Carta de la ONU, pero Guyana logró que esa instancia lo admitiera como un asunto a tratar.
“Guyana está muy interesada en apresurar la solución de la controversia, porque se ha descubierto cantidades importantes de petróleo en las costas guyanesa y venezolana. Si Guyana logra (ganar para sí el territorio) aprovechando la situación política de Venezuela, es una oportunidad”, explica Contreras.
Trak, por su parte, recuerda que el Parlamento opositor de 2015 hasta hizo “un acto simbólico” en la Guayana Esequiba, mientras que el gobierno, “si bien ha sido negligente, nunca ha dejado la narrativa” de que esa zona es venezolana.
“La cuestión es cómo hacemos como sociedad y cómo hace el Estado para que ese sea un territorio con jurisdicción real del Estado venezolano y no sea solo una zona rayada en un mapa”, dice, esperanzado en que las partes acordadas en México nombren una comisión de estudio de auténticos expertos en la materia para que aconsejen “las acciones pertinentes” para su recuperación.
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