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Bolivia: Víctimas de las protestas de Senkata presentan pruebas a la CIDH


Máxima Cachi Condori, madre de familia, cuenta cómo su hija fue herida durante las protestas en 2019. [Foto: Yuvinka Gonzalvez, VOA]

La Comisión fue recibida en la iglesia de San Francisco, donde les entregaron documentación que incluyó fotografías, videos y audios.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reunió con las víctimas y familiares de los fallecidos en las manifestaciones de Senkata, ocurridas en El Alto, Bolivia, en 2019, como parte de la agenda de una misión de expertos del organismo en la nación andina.

Más temprano esta semana el canciller del recién electo gobierno que lidera Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS), dio la bienvenida al grupo de expertos de CIDH. Rogelio Mayta dijo en el inicio de las tareas de CIDH que la nación está recibiendo a expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar los hechos acontecidos "porque, lastimosamente" el sistema de administración de justicia "no es creíble para los propios bolivianos".

La Voz de América conversó con familiares y víctimas de los sucesos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

"Lamentablemente nosotros no hemos recibido un apoyo moral, apoyo psicológico (…) es un duro momento recordar el año pasado no sólo los familiares que hemos sufrido por esto, ha habido mucha vulneración a los derechos humanos”, dijo a la VOA Gloria Quisbert, que perdió a su hermano de 24 años el 19 de noviembre de 2019.

Gisbert, que preside el grupo de familiares de las víctimas, narró los hechos de los que fue testigo: "Aquí en la iglesia de Sinkata, del 19 de noviembre, media noche, tres de la mañana, en la madrugada, seguían llegando los cuerpos fallecidos. Es muy lamentable. Hemos sido rodeado por los militares (…) No nos dejaban ni salir. Eran los helicópteros que estaban arriba volando en nuestras cabezas, a una altura de tres metros", afirmó visiblemente conmonacionada por los acontecimientos de entonces.

El grupo de familiares insisitó en que continúan "clamando justicia".

Las denuncias indican que las intervenciones militares en las localidades de Sacaba y Senkata ante las protestas sociales surgidas luego de la renuncia del expresidente Evo Morales, fueron ordenadas por el gobierno interino de Jeanine Áñez en noviembre de 2019.

Rol de grupo de expertos de CIDH

Los expertos llegaron hasta la zona de Senkata el martes para escuchar y recibir documentación de 70 personas y fueron recibidos por los vecinos de esta zona en la iglesia de San Francisco. Las víctimas entregaron documentación, incluyendo fotografías, videos y audios.

David Inca, responsable de la Asamblea de Derechos Humanos de El Alto, afirmó que las víctimas incluyena 40 personas heridas, 10 fallecidos y 20 privados de libertad.

"Las familias van a exponer la vulneración de derechos humanos, derecho a la vida, a la dignidad, justicia, presunción de inocencia", expresó.

"El gobierno transitorio nos ha acusado de que todos los alteños somos terroristas, sediciosos, vándalos, somos hordas. Con ese tipo de epítetos, los medios de comunicación estatales el año pasado prácticamente han difundido ese rumor, que se ha quedado como un estigma", explicó Inca, quien manifestó que presentarán las denuncias que no se presentaron en la primera visita de la CIDH.

David Inca
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Expectativas

El canciller Mayta dijo recientemente que el paíse tiene "una agenda pendiente (...) Todos esos hechos que se han sucedido en ese espacio temporal deben ser investigados en igualdad de condiciones", dijo el lunes.

Agregó además que es necesario "ese espacio de neutralidad institucional que nos permita conocer objetivamente lo que pasó, identificar a los reponsables y luego proseguir los procesos que sean necesarios para que se los sancione, para reparar a las víctimas".

Se refirió a su vez a la urgencia de la investigación, para la que el grupo de expertos tiene seis meses: "Justicia que tarda, ya no tiene sabor de justicia".

Los activistas bolivianos tienen sus propias expectativas.

"Esperamos primero que trabajen sobre las 16 recomendaciones que fueron presentadas el 10 de diciembre del año pasado. Segundo, (que) sea validado el informe en el sentido de que sí se han cometido graves vulneraciones a los derechos humanos, juicios extrajudiciales y masacres (...) Esperamos que sea vinculante, en el sentido que el gobierno proceda con los procesos correspondientes en justicia", explicó Inca a la Voz de América.

El reclamo de justicia está latente. La activista Quisbert lo expuso en nombre del grupo de familiares que lidera.

"Es muy doloroso para las 10 familias que hemos perdido seres queridos", expresó, al recordar a su fallecido hermano, que se preparaba para entrar en un colegio militar: "Ese día estaba yendo a su trabajo. Le han disparado", dijo entre lágrimas.

"Nosotros tenemos nuestros derechos de pedir justicia", afirmó.

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Para Elías Condori Condori, un artesano que resultó herido el 19 de noviembre de 2019, fue un día inolvidable. Dice que recibió un disparo de arma de fuego de una tanqueta militar que impactó en su hombro izquierdo y, al no recibir atención médica, recurrió a la medicina tradicional.

“Hace un año que estamos clamando justicia, ya que ese gobierno nos ha estado persiguiendo todo el año", dijo en alusión al gobierno interino que lideró Jeanine Añez tras la renuncia del expresidente Evo Morales en 2019. "Pero ahora que ha cambiado el gobierno, ahora exigimos que nos atiendan", dijo Condori a VOA Noticias.

"El pedido es que haya justicia que encuentren a todos los autores que han disparado (...) quién ha ordenado y quién ha disparado (...) No buscamos venganza, sino que paguen los que han venido aquí a disparar a Senkata", afirmó Condori.

Elias Condori
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Máxima Cachi Condori, madre de familia, cuenta que estaba de paseo con su hija, enfermera de profesión, quien también sufrió una herida de bala.

“Todo estaba bloqueado, hemos venido por atrás (...) Me he escapado, cuando me han lanzado gas, he quedado desmayada contra la pared y mi hija ha caído con bala ahí (...) no la podía llevar, no había movilidad, estaba bloqueado todo (…) No nos han querido atender en el hospital, ahora está mal. Después de un año, su pie sigue hinchado”, cuenta la mujer, quien además dice que su hija fue discriminada por los propios colegas, cuando buscó ser atendida.

Máxima Cachi
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En un informe preliminar, la CIDH calificó de “masacre” las represiones durante las protestas de Sacaba y Senkata, a finales de 2019, cuando se presentaron bloqueos, disturbios, marchas y manifestaciones multitudinarias, ante la intervención militar, dejando víctimas fatales.

Todo ello, tras los comicios de 2019, donde el expresidente Evo Morales consiguió la reelección, lo que generó denuncias y protestas sobre supuesto fraude electoral. Morales renunció entonces y se exilió en Argentina. Tras la reciente victoria del MAS, regresó a Bolivia a comienzos de este mes.

[Colaboración de Karen Sánchez]

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