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¿Podrá el control de internet y redes sociales frenar el descontento en Cuba?


Cubanos comprueban la conexión a internet desde teléfonos móviles en La Habana, Cuba, el 10 de agosto de 2018.

La nueva normativa busca legislar sobre las noticias falsas en el ciberespacio. Las protestas del pasado 11 de julio corrieron de un punto a otro de la isla por medio de las redes sociales.

Con las protestas populares de julio todavía en mente y la decisión del presidente Joe Biden de ofrecer internet libre a los cubanos, el gobierno de Cuba aprobó el Decreto-Ley 35/2021, un instrumento que busca regular el uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías.

La norma Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y del Uso del Espectro Radioeléctrico fue aprobada en abril pero se informó la pasada semana. Según las autoridades, el decreto apunta a las noticias falsas, su divulgación, la publicación de supuestos mensajes ofensivos o difamaciones que perjudiquen "el prestigio del país".

¿Podrá contener el disgusto popular expresado en Cuba en los últimos tiempos?

La artista interdisciplinaria, Coco Fusco, profesora en Cooper Union, Nueva York, dijo en entrevista con la Voz de América que ve difícil que el gobierno cubano pueda impedir que la inconformidad y la protesta social sean apaciguadas con un decreto.

“Criminalizar distintos usos del internet no va a frenar el descontento”, afirmó Fusco, quien además es escritora y promotora de arte.

Criminalizar distintos usos del internet no va a frenar el descontento”

Coco Fusco, profesora de Cooper Union, en Nueva York

El decreto publicado el martes en la Gaceta Oficial No. 92 tiene entre sus objetivos además hacer uso de las telecomunicaciones como “un instrumento para la defensa de la Revolución”. También impone multas a quienes violen algunas de las disposiciones, sobre todo de comercialización o instalación de dispositivos.

Entre los deberes para los usuarios, la legislación persigue que estos recursos no puedan ser usados en acciones que afecten “la seguridad colectiva, el bienestar general, la moralidad pública y el respeto al orden público”.

Las protestas de julio, las más fuertes y frontales en varias décadas, corrieron rápidamente en videos por las redes sociales. Los cubanos pidieron desde "libertad" hasta "medicinas" y "alimentos".

El gobierno del mandatario Miguel Díaz-Canel culpó al gobierno de Estados Unidos de promover el descontento, así como al embargo comercial que mantiene sobre la isla desde 1962.

Las protestas fueron acalladas duramente con violencia, tal como reportaron medios de prensa acreditados en Cuba y mayormente los enfrentamientos entre las fuerzas policiales y los manifestantes fueron transmitidos en vivo o publicadas en las redes sociales.

Algunas organizaciones observadoras de los derechos humanos cifran en más de 800 los detenidos. Las autoridades reportaron un fallecido y decenas de personas han sido juzgadas a penas de cárcel o reclusión domiciliaria.

Ley cataloga "subversión social" de muy alto riesgo

La norma contempla 17 categorías, con subcategorías, que enumeran el tipo de contenido que es visto como delito. Incluye la alerta de riesgo y por tanto estipula la manera en que será abordado de acuerdo a la ley.

La lista de incidentes de ciberseguridad es extensa. Abarcan desde ataques informáticos o daños físicos a los sistemas de telecomunicaciones hasta hechos más graves, como el acceso y difusión de contenido pornográfico infantil, que no obstante están clasificados con un nivel de peligrosidad medio o alto. En cambio, la categoría de "subversión social", descrito como acciones que pretendan alterar el orden público, se considera de riesgo muy alto.

Aspirar a controlar la libre expresión y el libre flujo de ideas mediante un decreto ley como el 35 solo cabe en la cabeza de un Estado tan paranoico y arcaico como el cubano”

Pablo Díaz, director del portal Diario de Cuba

“Las denuncias de abusos, arbitrariedades y carencias continuarán, mientras la articulación social seguirá fortaleciéndose. Son dinámicas indetenibles. Aspirar a controlar la libre expresión y el libre flujo de ideas mediante un decreto ley como el 35 solo cabe en la cabeza de un Estado tan paranoico y arcaico como el cubano”, explica desde España Pablo Díaz, director del portal Diario de Cuba.

De todos modos, sopesa que “llegada la hora de los mameyes, también va a resultar insuficiente” cualquier ayuda de China encaminada a cortar el paso de las protestas.

Como una dicotomía, así lo describe Díaz. “El Gobierno sabe que las nuevas tecnologías de la comunicación -y dentro de estas, las redes sociales- han estado en el centro de las protestas más recientes. Han sido las herramientas necesarias para que los cubanos se lancen a las calles. Y el régimen, si quiere sobrevivir, no puede permitir eso”.

Contrarrestar el reclamo social

En 2018 el gobierno cubano aprobó el Decreto 349, que regula la "prestación de servicios artísticos", lo que fue rechazado de plano por una mayoría de artistas e intelectuales dentro y fuera de la isla, con el impulso desde la protesta de los integrantes del Movimiento San Isidro, liderado por el artista Luis Manuel Otero Alcántara.

A la profesora Fusco, quien ha desarrollado diversos proyectos artísticos en Cuba y ha seguido de cerca proyectos independientes, no le tomó por sorpresa el anuncio de esta semana: “No me sorprende para nada que lo hayan hecho ahora”, indica, y remite a las protestas del 11J y las del 27N, ocurridas el 27 de noviembre de 2020 y donde los artistas se plantaron frente al Ministerio de Cultura.

“Si siguen reprimiendo va a haber más descontento”, evalúa.

El escritor cubano y profesor en New York University, Enrique Del Risco, respondió a preguntas de la VOA.

“La ley mordaza (Ley 88) estaba pensada en contra de los periodistas y disidentes. El 349 contra los artistas. El decreto 35 parte de la comprensión por parte del régimen que el enemigo puede ser cualquiera con un teléfono en la mano. Va enfilado ya no ya contra artículos u opiniones sino contra el mero acto de compartir información tomada directamente de la realidad”, indica.

El decreto 35, considera Enrisco “convierte en delito de compartir cualquier material que en un determinado momento se considere desestabilizador. Es puro terrorismo de estado: la idea de hacer pensar a cualquiera dos veces antes de compartir material 'sensible'".

Enrisco afirima que "este es un intento de hacer regresar a toda la población al Estado anterior de miedo generalizado. Espero que no lo consigan, pero de momento quieren asegurarse de que sean menos cubanos los que crucen la frontera del miedo".

Una situación límite

Desde Cuba la escritora y periodista María Matienzo, colaboradora de Cubanet y quien lleva cerca de una década en la prensa independiente, justifica que existan preocupaciones tras la publicación y puesta en vigor del mencionado decreto.

“Ahí cabe todo y ahí cabe, por supuesto todo lo que uno se alinee ideológicamente a su estado totalitario”, asevera.

Matienzo también evoca que fue justo por medio de las redes sociales que se divulgaron las protestas del 11 J. “Sí creo que la gente se ha desinhibido un poco y ha superpuesto su misma humanidad por encima de los miedos”.

Cuba ha reportado un fuerte repunte de casos de coronavirus y muertes debido al COVID-19, tras meses anunciando una baja tasa de infección.

En provincias como Matanzas y Ciego de Ávila los casos por la pandemia superan el ya insuficiente sistema sanitario, lo que ha traído más descontento, por eso Matienzo considera que el decreto anunciado va a resultar poco efectivo.

“También creo que cuando la gente está al borde de la muerte como estamos todos aquí por el desabastecimiento total que hay de medicinas, que estamos todos a punto de morir, estamos hablando hoy aquí y mañana no hablar nunca más, entonces la gente tiende a envalentonarse y a defender mucho más la vida. Y creo que es justo eso, el pueblo de Cuba está llegando al límite”, concluye.

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