El director para las Américas de la organización internacional Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, señala que la situación para aquellos que defienden los derechos humanos y líderes sociales en Colombia es realmente crítica y preocupante.
“Las cifras son realmente espeluznantes. Colocan a Colombia en un sitial mundial, en esto. Colombia junto a Irak y Filipinas se disputan el primer lugar entre los países de mayor riesgo para aquellos que defienden los derechos humanos y promueven causas sociales”, dijo Vivanco en entrevista con la Voz de América.
El informe publicado por la organización el 10 de febrero indica que, desde 2016, más de 400 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia, el número más alto en América Latina, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
El reporte documenta casos ocurridos en el país en los últimos cinco años, así como el papel del Estado para proteger a los defensores y juzgar a los responsables de estos crímenes, el cual fue calificado de “lenta y deficiente”.
Para Vivanco, lo que más preocupa es que los asesinatos continúan en los territorios más vulnerables de Colombia, donde hay menos presencia del Estado, debido al control de grupos irregulares armados “de todos los colores: guerrillero, disidencias que se llaman de las FARC, es decir, grupos que no se desmovilizaron y que hacían parte de la FARC, narcotraficantes, carteles, grupos vinculados al viejo paramilitarismo. Desde luego, el ELN” viven de los negocios ilícitos y buscan extorsionar a la población.
“Hay casi un acceso ilusorio a la justicia. Y, en estas circunstancias, aquellos que defienden derechos humanos o líderes sociales que atentan contra los intereses de las mafias y se les cruzan en el camino, corren riesgos enormes y son lamentablemente asesinados o, en lo inmediato, amenazados”, enfatiza.
Para Vivanco “la realidad habla a gritos” y demuestra que los riesgos que sufren comunidades especialmente pobres, indígenas, afrocolombianos, comunidades campesinas, que luchan por promover “la economía local de una economía ilegal, sustentada en el cultivo de coca, a una sustitución de cultivos alternativas, acogiendo la promesa el Estado colombiano de apoyarles con la infraestructura y recursos” son los que precisamente a los que asesinan los cárteles. Y son esos, agrega, “son a los que el Estado colombiano le debe dar una mano”.
El trabajo del Estado
El presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó el lunes, durante su intervención ante el cuadragésimo sexto periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que para su Gobierno las víctimas de la violencia y los defensores de derechos humanos son una prioridad: “Por esta razón, prorrogamos por 10 años la ley que busca repararlas para que cumpla a cabalidad su misión, y avanzamos en la atención de las cerca de nueve millones de víctimas”.
Respecto a las investigaciones de estos crímenes, aseveró que en “este momento, el 53% de los casos verificados por la oficina de la Alta Comisionada Michelle Bachelet tiene avances en esclarecimiento, y el 49% de los protegidos del país son líderes sociales o defensores de derechos humanos”.
El Gobierno colombiano reveló el lunes también un informe que indica que, en 2020, fueron asesinados 66 líderes sociales y defensores de derechos humanos, y que otros 63 casos se encuentran en proceso de verificación.
Según datos de la Fiscalía General de la Nación y la ACNUDH, las víctimas se presentaron en 48 municipios, lo que equivale al 4,2% del total de los 1.122. Cauca, Norte de Santander, Chocó y Putumayo fueron los departamentos con mayores afectaciones.
La consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, encargada de presentar el reporte del Gobierno, señaló que para proteger a líderes y defensores, "las acciones se adelantan de manera integral".
Dentro de la estrategia de Duque para fortalecer la protección individual estos actores, Gutiérrez manifestó que“la Unidad Nacional de Protección cobija a 3.768 líderes y defensores con medidas especiales, que constituyen el 50 por ciento del total de protegidos”.
Reunión “frustrante y poco productiva”
Para el director de la organización internacional HRW, el gobierno colombiano tiene "la obligación" de revisar sus políticas, poner en marcha una serie de mecanismos y de políticas que no han funcionado. Vivanco expuso a la VOA que tras una reunión “frustrante y poco productiva”, de casi dos horas hace un par de semanas, se buscó persuadir al mandatario colombiano con algunas recomendaciones y diagnósticos hallados por la organización.
“El presidente (Duque) insiste en mantener las iniciativas de gobierno que él impulsa, que, en muchos casos, empíricamente, son erradas y creemos que si eso es así, lamentablemente el problema va a continuar y se va a seguir agravando”, opinó Vivanco.
Para el director de HRW, “los errores (del Gobierno de Colombia) son múltiples”. El primero de ellos es basar la resolución del problema en la militarización de zonas de conflicto, sin proteger a las comunidades vulnerables.
“Entendiendo que la misión de esas tropas es capturar o dar de baja a los bandidos, dar de baja o capturar a los líderes de los grupos irregulares armados. Eso, en principio, es inobjetable, pero al mismo tiempo debe estar unido con medidas concretas de protección a la población civil”, dice Vivanco, quien agrega que “la presencia meramente militar, empíricamente se lo demostramos al Gobierno, no cambia el panorama en materia de derechos humanos”.
Otro aspecto que resalta HRW es el avance del Gobierno en la protección colectiva, y no sólo la protección individual. “El Estado colombiano cuenta con una unidad nacional de protección que tiene casi diez años de vida y que cumple un papel, yo diría, que ese notable e incluso de alta eficacia. Esa unidad hoy día cuenta con la capacidad para proteger a cerca de 4.000 líderes sociales y defensores de derechos humanos… Sin embargo, los que son asesinados regularmente en Colombia son personas que no están bajo el radar de protección de esta unidad”, señala Vivanco.
“Da la impresión que el actual Gobierno se esmera en evitar la implementación de cualquier iniciativa que haya sido originada durante el gobierno anterior", dijo en alusión a los acuerdos de paz alcanzados durante el gobierno de Juan Manuel Santos. "Eso realmente no ayuda a la causa de los derechos humanos”, agregó.
¿Y las cifras?
La cifras varían. Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó el martes un reporte anual sobre la situación de violencia en el país, el cual registra que los asesinatos de defensores de derechos humanos aumentaron un 23%, comparado con el 2019, pues al menos 133 fueron asesinados en Colombia en 2020. “El aumento de los asesinatos es preocupante”, dijo Rivero.
Para el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz Indepaz, 310 líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos fueron asesinados en 2020. Por su parte, la Defensoría del Pueblo reveló que 753 líderes sociales fueron asesinados entre 2016 y 2020.
Al respecto, Vivanco manifestó que la ONU es “la mejor fuente, la más creíble, la más seria de información que tienen capacidad para procesar estos casos” y que “la discusión no puede estar circunscrita a un esfuerzo por parte del Gobierno del presidente Iván Duque de maquillar las cifras”.
Sobre la situación, en general, que ha identificado HRW para la sociedad civil, periodistas y ciudadanía, en materia de derechos y libertades en Colombia, Vivanco dice que lo más grave “es el franco deterioro de las condiciones de seguridad, las condiciones de vida en regiones rurales, en los territorios, especialmente en aquellas zonas donde las FARC tuvo presencia histórica y, luego de la desmovilización, dejó un vacío que ha sido llenado por distintas agrupaciones de delincuentes que explotan a la población civil”.
