La Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó el miércoles "el tono represivo y amenazante" empleado por la cancillería de Bolivia y rechazó las acusaciones contra el secretario general de la organización, Luis Almagro.
En un comunicado, la OEA “desmiente los contenidos y repudia el tono represivo y amenazante del mismo, así como el afán de personalizar en Luis Almagro decisiones y posiciones institucionales de la Secretaría General”.
El martes la cancillería boliviana expresó en un comunicado su inconformidad por la preocupación de Almagro sobre el proceso judicial que se lleva a cabo contra la expresidenta interina Jeanine Áñez, acusada de orquestar un golpe de Estado y detenida desde el pasado 12 de marzo.
Tras la detención de Áñez las protestas contra el actual Gobierno de Luis Arce no han cesado y se han diseminado por varias ciudades del país.
La declaración dice que Almagro “no tiene la autoridad moral ni ética para referirse a Bolivia” y le acusa de haber causado un “daño profundo” al pueblo de ese país tras las protestas que llevaron al derrocamiento del entonces presidente Evo Morales en noviembre de 2019.
De manera incisiva la Cancillería boliviana aseguró que Almagro “debe rendir cuentas por su comportamiento parcializado y alejado de la objetividad, que ha desprestigiado a tan importante instancia para los países de nuestra América”, en referencia a la OEA.
En contraposición, en su mensaje, la OEA se desvincula de cualquier responsabilidad por la salida de Morales como asilado político y las jornadas de violencia que se vivieron entonces. “La OEA fue la única organización regional o multilateral que solicitó que se respetara ese mandato constitucional”, reseña el documento.
En un cruce de declaraciones, la cancillería de Bolivia volvió a responder el miércoles haciendo “un llamado a los Estados miembro a defender la Carta de la OEA que privilegia la no intervención”.
La OEA insistió en las irregularidades encontradas tras las elecciones de noviembre de 2019 en Bolivia, a saber: haber encontrado servidores clandestinos y manipulación de los mismos en función del conteo de votos, accesos de personas no autorizadas al sistema, quema de materiales electorales y otros.
