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Argentina: principal central sindical y organizaciones sociales protestan contra el decreto de Milei


Manifestantes antigubernamentales protestan contra las reformas económicas del presidente argentino Javier Milei frente a la Corte Suprema, mientras los sindicatos impugnan legalmente las medidas en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 27 de diciembre de 2023.
Manifestantes antigubernamentales protestan contra las reformas económicas del presidente argentino Javier Milei frente a la Corte Suprema, mientras los sindicatos impugnan legalmente las medidas en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 27 de diciembre de 2023.

Miles de manifestantes protestaron este miércoles ante la sede del Poder Judicial contra el polémico decreto de medidas económicas del presidente Javier Milei.

Miles de integrantes de la principal central sindical y de organizaciones sociales de Argentina se manifestaron este miércoles ante la sede del Poder Judicial en contra del polémico decreto del presidente Javier Milei que desregula la economía y contempla reformas laborales que consideran desfavorables para los trabajadores.

La protesta fue encabezada por la Confederación General del Trabajo junto con las dos ramas en que se divide la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), quienes cuestionaron la “constitucionalidad” del decreto.

Se sumaron además la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), que representa a los que realizan tareas de manera informal, y organizaciones sociales izquierdistas.

“La patria no se vende” era uno de los cánticos de los manifestantes concentrados en la plaza situada frente al Palacio de Justicia —sede del Poder Judicial y la Corte Suprema— contra el paquete anunciado la semana pasada por el mandatario, un economista neoliberal que ha prometido drásticas reformas para enderezar la economía y atajar la inflación que se encamina a una tasa de 200 % a fin de año.

Durante la jornada de protesta, se conoció que el juez laboral Ignacio Ramonet rechazó una presentación de la central sindical que solicitaba la suspensión de varias modificaciones contempladas en el decreto. El magistrado argumentó que este último todavía no se encuentra vigente y no existen razones “graves y objetivamente impostergables... que habiliten el dictado de una medida cautelar interina”.

Ramonet sí se asumió competente para tramitar la acción de amparo que presentó la central obrera contra la resolución normativa impulsada por Milei y notificó al gobierno para que dé respuesta.

Representantes de la CGT leyeron un escrito en el que cuestionaron que Milei “prometió hacer un ajuste que lo pagaría lo que él denomina ‘casta política’ y que los trabajadores recibiríamos los beneficios de ese recorte”.

"Pero su primer acto de gobierno es un decreto de necesidad y urgencia que, entre otras muchas medidas arbitrarias, anticonstitucionales y lesivas de un vasto número de derechos civiles, comerciales y sociales, introduce una feroz reforma laboral regresiva cuyo único objetivo es disciplinar a los trabajadores, cercenar la actividad sindical y privilegiar intereses empresariales”, expresó la central sindical.

El desarrollo de la protesta fue monitoreado por el gobierno mediante un intenso protocolo de seguridad que anunció recientemente y que prohíbe las obstrucciones de las vías públicas. Los manifestantes entraron a la plaza de forma ordenada, pero por breves períodos de tiempo ocuparon calles aledañas.

La desconcentración de la zona por parte de los manifestantes fue pacífica, pero al poco tiempo se registraron incidentes en una avenida céntrica de la capital, en la que un grupo reducido de personas se enfrentó a la policía, que las fue desalojando con virulencia del lugar al tiempo que golpeaba a los periodistas que registraban la escena, mostraron canales de televisión locales.

Medios de prensa reportaron que varias personas han sido detenidas, sin que haya hasta ahora datos oficiales.

El decreto, que entraría en vigor el viernes, contempla la derogación o modificación de más de 300 leyes con el fin de desregular una economía fuertemente intervenida por el Estado desde hace décadas. En materia laboral, introdujo cambios que desafían el poder de los sindicatos y modificaciones a la legislación que hasta ahora ha favorecido a los trabajadores.

Por un lado restringe el derecho a huelga en actividades esenciales como los servicios hospitalarios, la educación y el transporte y abre el juego para nuevos mecanismos de indemnización que harán menos engorroso el despido de empleados.

Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la Republica Argentina (UOCRA), cuestionó que Milei se arrogue facultades del Poder Legislativo con este paquete de reformas.

“Nosotros no cuestionamos la legitimidad que pueda tener el presidente... pero queremos un mandatario que respete la división de poderes, que entienda que los trabajadores y trabajadoras tienen la necesidad de defenderse individualmente y en dentro del marco de la justicia cuando hay una inconstitucionalidad”, afirmó Martínez.

El decreto ha provocado varias denuncias en contra y puede toparse con obstáculos en el Congreso donde el partido de Milei, La Libertad Avanza, tiene una muy acotada representación.

Grupos civiles han denunciado que el decreto es inconstitucional porque avanzaría sobre facultades del Congreso y contendría disposiciones que no estarían justificadas dentro de un contexto de “circunstancias excepcionales”, que son las que habilitan su publicación por parte del Ejecutivo.

La norma deberá ser analizada en los próximos días en una comisión legislativa bilateral que emitirá un dictamen, el cual pasará a ser debatido por el pleno de ambas cámaras en una fecha que no está determinada.

Milei cuestionó a los sectores que se oponen al decreto en una entrevista periodística brindada la víspera. "No tienen conciencia de la gravedad de la situación o la subestiman”, sostuvo.

Afirmó que aquellos que les gusta “discutir la coma” es porque están buscando coimas (sobornos), lo cual generó una oleada de críticas en su contra.

El decreto sí cuenta con el apoyo de la Asociación Empresaria Argentina —que reúne a los principales empresarios del país—, la cual lo calificó como “una oportunidad histórica” porque apunta a combatir “el tamaño excesivo del Estado” y las “muy negativas consecuencias” que han tenido los déficits en cuentas públicas durante décadas.

Los empresarios cuestionaron que el sector privado haya estado sometido “a injerencias estatales indebidas, a controles de precios, a una elevadísima presión tributaria, a restricciones arbitrarias en materia de comercio exterior”.

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