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Siguen los arrestos y el asedio contra líderes opositores en Nicaragua


La policía nicaragüense ha ejecutado los arrestos de las últimas semanas en Nicaragua. Foto archivo Houston Castillo.

Bajo asedio el domicilio de la exguerrillera nicaragüense Dora María Téllez, que luchó junto a Daniel Ortega para sacar al dictador Anastasio Somoza Debayle del poder a fines de la década de 1970.

La justicia nicaragüense reinició las jornadas de arrestos, que había suspendido por dos días luego de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra cuatros personas afines al presidente Daniel Ortega, incluyendo su hija Camila Ortega Murillo.

Este domingo, dos patrullas policiales se apostaron en los exteriores de la vivienda de la exguerrillera nicaragüense Dora María Téllez, que luchó junto a Ortega hasta derrocar al dictador Anastasio Somoza Debayle a fines de la década de 1970.

Voceros de la organización UNAMOS, que informaron que la policía rodeó la mañana del domingo la casa de Téllez, al sur de Managua, afirmaron que en la vivienda se encuentra Téllez y la también opositora Ana Margarita Vijil.

“Pendientes de Ana Margarita Vijil y Dora María. Ya entraron drones a la propiedad”, informó la agencia AP citando un chat de periodistas Olama Hurtado, vocera de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Téllez fue ministra de Salud del primer gobierno del Frente Sandinista (1979-1990), pero años después abandonó ese partido tras criticar duramente el liderazgo de Ortega, a quien ha llamado “caudillo” y “dictador”.

Tras la revuelta social de abril de 2018, Ortega acusó a Téllez y al Movimiento Renovador Sandinista (MRS) de ser los “instigadores” de las protestas que el gobierno calificó como un “fallido golpe de Estado” para derrocar al líder sandinista.

Observadores sostienen que podría ser la antesala de su eventual arresto en las en las próximas horas, en medio de la redada que inició Ortega días atrás contra sus opositores políticos, entre ellos cuatro precandidatos presidenciales de cara a las elecciones presidenciales previstas para noviembre.

La situación en curso ha llamado la atención de países de la región, Estados Unidos y organismos defensores de derechos humanos que han urgido a Ortega a parar su ofensiva contra sus oponentes políticos.

Mientras continuaron los arrestos este fin de semana en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Gobierno de Daniel Ortega que informe sobre el paradero de la activista opositora Violeta Granera, presa en su casa por pedir "intervención militar" y que habría sido trasladada por la Policía "en un vehículo no oficial" a un lugar no revelado.

Granera, de 68 años y socióloga de profesión, es hija de Ramiro Granera Padilla, un senador liberal durante la presidencia del dictador Somoza Debayle y asesinado por un comando del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) poco antes de que llegara al poder el FSLN.

Granera, quien inicialmente la justicia le había impuesto arresto domiciliar tras haberse iniciado una supuesta investigación en su contra el pasado 8 de junio, fue sacada de su vivienda tres días después sin saberse el paradero. Familiares de Granera presumen que pudo haber sido trasladada a una celda de investigación, conocida como “El Chipote”, en Managua.

La CIDH además reiteró su llamado "urgente a liberar de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente en Nicaragua, y a restablecer las garantías para el pleno goce de derechos civiles y políticos, en particular, de quienes aspiran concurrir a cargos de elección pública".

Más arrestos el fin de semana

El sábado en horas de la noche fue detenida también Tamara Dávila, quien forma parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco, uno de los bloques de oposición más importantes de Nicaragua. Dávila está siendo acusada al igual a que todos los detenidos –a excepción de Cristiana Chamorro- por realizar supuestos actos que menoscaban la independencia y soberanía del país, basados en la “Ley de Defensa del pueblo”, la cual fue aprobada en diciembre de 2020 en la Asamblea Nacional controlada por el presidente Daniel Ortega.

Con la detención de Dávila aumenta a ocho el número de líderes opositores y precandidatos presidenciales detenidos en Nicaragua y a más de 120 los presos políticos en el país, desde la crisis de 2018, según diversas organizaciones de derechos humanos.

Los líderes opositores Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro detenidos en la última semana en Nicaragua. Al fondo la líder opositora Violeta Granera. [Foto archivo Houston Castillo/VOA]
Los líderes opositores Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro detenidos en la última semana en Nicaragua. Al fondo la líder opositora Violeta Granera. [Foto archivo Houston Castillo/VOA]

Panorama "gravísimo"

A juicio de Suyen Barahona, presidenta del movimiento político de izquierda “Unamos” -fundado por disidentes sandinistas- los arrestos demuestran “un absoluto terror de Daniel Ortega”.

“Ortega le teme un pueblo que se niega a aceptar el hecho de vivir en una dictadura y que continúa luchando por justicia y libertad”, dijo a la VOA, Barahona, quien ve el panorama como “gravísimo”.

“Ortega ha iniciado una ola brutal de cacería, secuestros y allanamientos ilegales en la última semana utilizando las leyes represivas y espurias y que son absolutamente ilegales para arrestar a todos los liderazgos sociales que han sido defensores de los derechos humanos y de la libertad de expresión, gente con el compromiso de un cambio”,agregó.

No obstante valoró que “esto no va acallar las voces críticas” en Nicaragua.

Nicaragua vive una de sus peores crisis sociopolíticas en los últimos 30 años desde el 2018 que surgieron las protestas antigubernamentales que dejaron más de 300 muertos, según organismos de derechos humanos.

El oficialismo ha argumentado que sus acciones responden a un supuesto intento de golpe de Estado, lo que ha sido descartado por la comunidad internacional ante la ausencia de evidencias de parte del gobierno del presidente Ortega.

Las detenciones recientes han sido aplaudidas por la vocera del gobierno y vicepresidente Rosario Murillo, sancionada por Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos.

Murillo ha dicho que se está haciendo “justicia y aplicando la Ley” en contra de ciudadanos a quienes catalogó “de “última categoría por vende patria y traidores” y los acusó de recibir dinero de Estados Unidos para según ella desestabilizar el país.

Las sanciones y el llamado de Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos anunció el miércoles pasado nuevas sanciones económicas contra cuatro individuos ligados al Gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, a raíz de las detenciones y acoso del mandatario contra sus posibles rivales electorales.

“El gobierno de Estados Unidos hace un llamado al presidente Daniel Ortega y al Gobierno de Nicaragua a liberar de inmediato a los candidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz Félix Diego y Juan Sebastián Chamorro, así como otros líderes de la sociedad civil y de la oposición que han sido detenidos durante la última semana en una creciente ola de represión”, dijo entonces el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

Los sancionados son el diputado Edwin Castro, jefe de bancada del oficialista Frente Sandinista y operador político de dicho partido; el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes; Camila Ortega Murillo, hija de la pareja presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como Julio Rodríguez Balladares, un exmilitar que dirige el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM).

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