La Fundación del Río, una organización ambientalista en Nicaragua, denunció que el gobierno de Daniel Ortega confiscó seis áreas de su propiedad y señaló a la Procuraduría General de la República y al Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales de haber ejecutado la expropiación que calificó de “arbitraria y al margen de la ley”.
“En el mes de julio inició una nueva etapa del proceso de confiscación, esta vez por la vía de los hechos, cuando funcionarios del MARENA (Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales) junto a las fuerzas especiales de la Policía Nacional llegaron a las diversas propiedades he instalaron rótulos, la bandera del partido FSLN y la bandera de Nicaragua, dejando personal del MARENA en la Reserva Silvestre Privada el Quebracho; todo esto bajo la coordinación de la Procuraduría General de la República”, denunciaron los ambientalistas.
Amaru Ruíz, representante legal de esta organización explicó desde el exilio, que las seis áreas suman un total de 454 manzanas de bosques que corresponden a dos terrenos rurales donde se ubican áreas de reforestación y regeneración natural donde además se encuentran las instalaciones de la Radio Voz Juvenil, miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
Además de cuatro Áreas de conservación de bosques, que incluyen la Reserva Silvestre Privada El Quebracho, la Reserva Aguas Frescas, la Reserva Lapa Verde y la Estación Biológica de Mancarroncito ubicada en una Isla en Solentiname, Municipio de San Carlos; exceptuando esta última, todas las demás propiedades están ubicadas en el Municipio de El Castillo, en el departamento de Río San Juan.
"La PGR (Procuraduría General de la República) mandó a ubicar rótulos y banderas del partido de gobierno del Frente Sandinista, eso es una burla a los procesos de conservación que venía realizando la organización porque eso no es partidario, sino más bien es un acto de contribución al Estado en la conservación de los recursos naturales y los bosques que allí se protegen", dijo el ambientalista a la Voz de América.
La confiscación de las tierras que pertenecen a los ambientalistas, a los que el gobierno despojó de su personería jurídica en 2018, alerta a otras organizaciones sociales sobre la posibilidad de una nueva arremetida del gobierno contra las pocas organizaciones que aún funcionan en el país.
La socióloga María Teresa Blandón, directora de uno de esos grupos en Nicaragua dijo que "a todas las oenegés independientes les han declarado la guerra. Es una disposición política clarísima porque saben que estas organizaciones son fundamentales para poder denunciar y evidenciar la falacia del discurso oficial".
Añadió que "el gobierno pretende hacer desaparecer a todas las organizaciones de la sociedad civil que defienden derechos y que han denunciado las violaciones de derechos humanos. Eso es así con los ambientalistas, con los que defienden los derechos de las mujeres, la participación ciudadana a nivel local es así con todos".
En 2018, cuando se inició la crisis social en el país, el gobierno de Nicaragua les canceló la personería jurídica y asaltó las instalaciones de nueve organizaciones que trabajaban en la defensa de los derechos humanos, protección de los recursos naturales, mujeres y pueblos indígenas, construcción de liderazgo y ciudadanía.
Entre ellas están el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Fundación Popol Na, la misma Fundación del Río, el Instituto de Liderazgo de las Segovias, Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Hagamos Democracia y el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, entre otras.
Los directivos de las organizaciones han introducido recursos de amparo y de inconstitucionalidad que han sido presentados ante la Corte Suprema de Justicia, que los ha recibido, pero no ha habido fallo.
Mientras el gobierno aseguró que la decisión contra las oenegés se basó en la ley contra el terrorismo y lavado de dinero, señalándolas de financiar actos para desestabilizar el país. Los diputados sandinistas han defendido la ley explicando que Nicaragua debe cumplir con todos los convenios internacionales relacionados con el tema.
El presidente de Nicaragua, por su parte, ha acusado a las organizaciones sociales de "golpistas" financiadas por el gobierno de los Estados Unidos para desestabilizar su gobierno.
