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Organismos humanitarios piden a Guatemala abstenerse de hacer uso excesivo de la fuerza contra migrantes


Foto de archivo de migrantes hondureños a la espera para poder cruzar a Guatemala. Enero 2021.

Según organismos como Amnistía Internacional las medidas impuestas por los países de tránsito para frenar la migración vulneran los derechos humanos de personas que ya están en una situación de vulnerabilidad extrema.

Organizaciones proderechos humanos y proinmigrantes reaccionaron ante el anuncio de que el presidente de Guatemala Alejandro Giamattei firmó esta semana un decreto que autoriza el uso de la fuerza contra una posible caravana de migrantes que salió de San Pedro Sula Honduras, la segunda en lo que va del año.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Alianza Movilidad Inclusiva en la Pandemia, liderada por el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), el Grupo de Monitoreo Independiente del Salvador (GMIES) y Amnistía Internacional; la orden “daría carta blanca a las autoridades guatemaltecas de vulnerar los derechos humanos de personas que ya están en una situación de vulnerabilidad extrema usando como excusa la COVID-19”.

Ante dicho panorama la alianza pidió a las autoridades guatemaltecas evitar imponer medidas que pudieran incitar el uso excesivo de la fuerza contra personas migrantes y solicitantes de protección internacional.

“Guatemala y otros países de tránsito deben dejar de tomar medidas que ponen en riesgo a miles de personas migrantes que tratan de encontrar una salida a la situación extrema en la que viven. Brindar protección internacional a quienes lo necesitan no es una obligación ética, sino legal”, dijo Gretchen Kuhner, directora del IMUMI.

El decreto al que las organizaciones hacen referencia es conocido como 3-2021, el cual restringe el derecho de protesta pacífica, la libertad de reunión y de locomoción, entre otros, en cinco departamentos del país y busca un “estado de prevención” ante el riesgo que “grupos de personas con características de migrantes... cruzaran las fronteras del país” sin cumplir los requisitos sanitarios establecidos por las autoridades para frenar la propagación de la COVID-19.

La parte que más preocupa a las organizaciones es la que hace referencia a poder “disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública que se lleve a cabo sin la debida autorización”.

Por su parte el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), desde que ha iniciado la pandemia ha implementado medidas similares según ellos para mantener el control sanitario por la pandemia. Parte de esas acciones es el despliegue de militares en puntos fronterizos para frenar la migración irregular hacia Estados Unidos.

“Desde el Instituto Guatemalteco de Migración se promueve una migración regular, ordenada y segura, priorizando la atención de la niñez migrante no acompañada y grupos vulnerables”, indicó la entidad en un comunicado de prensa.

El martes en la madrugada una nueva caravana compuesta por unas 130 personas entre niños, mujeres y hombres, partió rumbo a EE. UU., desde la Gran Central Metropolitana, la principal terminal de autobuses de la ciudad de San Pedro Sula, al norte de Honduras, por el punto fronterizo de Corinto.

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