Tras ocho jornadas de diálogo en diferentes partes de Colombia a lo largo de tres años, la Policía Nacional y la Fundación para la Libertad de Prensa forjaron una iniciativa que pretende establecer directrices para fortalecer la relación entre periodistas y uniformados y guiarlos en medio de “escenarios de alta tensión”.
Se trata de una cartilla que sirve como “insumo y herramienta fundamental” para que la relación entre periodistas y policías sea “acorde a la Constitución, a la garantía, a los derechos humanos, con el fin de poder promover esa información y ese derecho de informar y a recibir información que tienen todos los colombianos”, explicó Viviana Yanguma, coordinadora del Área Protección de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) a la Voz de América.
El trabajo comenzó en el año 2021, cuando se llevó a cabo un estallido social en el país con masivas manifestaciones sociales en contra de las políticas del Gobierno del expresidente Iván Duque y que marcaron “un hito en la relación entre prensa y policía", tras denuncias de agresiones hacia los periodistas, siendo entonces “supremamente necesario poder empezar a abordar esas tensiones que podían crearse en diferentes escenarios”, explicó la vocera de la FLIP.
La “hoja de ruta”
La cartilla no es vinculante, pero sí traza “una hoja de ruta” para los policías de Colombia “para que la relación con la prensa del mundo entero sea mejor”, indicó el director general de la Policía Nacional, general William René Salamanca, en el lanzamiento de la implementación de la iniciativa el mes pasado.
Según Yanguma, para la policía se trata de “una guía para su accionar y para los diferentes operativos que realizan en estos escenarios que contempla la cartilla”, y cobra gran relevancia, puesto que esta relación “es un eje fundamental" para "garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa, [que] en este caso, pues es garantizar también un Estado democrático”.
Además, según escribió el general en su cuenta de X, “contribuirá a consolidar la institucionalidad colombiana y fortalecer la doctrina policial”.
El manual, además del contexto y el marco jurídico, incluye disposiciones destinadas a mejorar el intercambio de información entre las partes, además de sugerencias para que tanto los comunicadores como los agentes actúen de manera apropiada en situaciones críticas, como protestas públicas, investigaciones criminales, desalojos y registros, jornadas electorales, así como en entrevistas y conferencias de prensa.
Las recomendaciones abarcan temáticas relacionadas con el acceso a la información pública, lineamientos del uso de la fuerza, estándares desde una visión de género, la pluralidad de medios y periodistas y algunos principios de protección a la labor de los periodistas, entre otros, según explica la FLIP.
En general, la policía debe “garantizar que los medios de comunicación y los periodistas puedan acceder a información pública en condiciones de igualdad”, dicta la cartilla. Y, en ese sentido, se aconseja establecer diálogos y encuentros con la prensa para establecer una “comunicación fluida”.
A la prensa se le recomienda ser asertiva “a la hora de solicitar información a los servidores públicos”, así como promover la transparencia.
Contextos tensionantes
En los “escenarios de alta tensión”, la cartilla establece una capacitación a miembros de la policía para que “reconozcan que la garantía de los derechos de los reporteros y medios de comunicación es amplia y la limitación de estos derechos deben estar definidos por ley”, así como un entrenamiento para que, en ese tipo de escenarios, puedan “mitigar el estrés” causado por su labor.
“A partir de ahora, en los centros de formación policial a nivel nacional, se desarrollará una cátedra que permita a los futuros policías conocer en detalle los acuerdos que se han convenido entre la institución, la prensa y la comunidad internacional”, dijo el general Salamanca.
A los comunicadores se les sugiere capacitarse para entender “las funciones y la actividad de la Policía Nacional, la potestad que tienen funcionarios en cada tipo de los escenarios de tensión y las acciones que pueden desarrollar durante los procedimientos” y tener atención psicosocial para enfrentar estos escenarios.
En el caso de las manifestaciones públicas, se recomienda construir lineamientos con la sociedad civil “para que sus uniformados reconozcan y atiendan los riesgos diferenciales que enfrenta la prensa por razón de género y que están asociados al oficio periodístico”. Así mismo, deben permitir que cualquier ciudadano registre sus actuaciones. También se establece la necesidad de que los periodistas puedan trabajar, pero sin obstaculizar la labor policial.
La cartilla incluye otras recomendaciones frente a aprehensiones y los traslados por protección, así como derechos y deberes de la prensa en el marco de las elecciones.
Las recomendaciones surgieron en base a "las dificultades reales" que la policía y los medios identificaron en el día a día en el terreno, dijo Yanguma, de la FLIP.
Un referente para la región
Según escribió el general Salamanca, la hoja de ruta “será un referente internacional para la libertad de prensa”.
La FLIP está asesorando a cuatro países de América Latina, Ecuador, Perú, Honduras y México, interesados en replicar el proyecto.
Es “una necesidad que se identifica en muchos de los países de Latinoamérica, y es que en un país donde la fuerza pública (...) no es garante del ejercicio periodístico, es un país en el que difícilmente pueden haber garantías democráticas”, explicó la vocera de la FLIP.
Según un uniforme de la FLIP, en el 2023 se documentaron 460 casos de ataques a 505 periodistas. Los principales agresores de la prensa en Colombia fueron los funcionarios públicos, con 27 % de los casos. En 2021, la fuerza pública representó el mayor agresor, con 235 casos, seguidos por 160 particulares, 101 desconocidos y 86 funcionarios.
La elaboración de la cartilla contó con el apoyo del Gobierno Alemán, a través de la Embajada de Alemania en Colombia, y el Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de Seguridad (DCAF), y fue validada por universidades y organizaciones internacionales.
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