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Consejo de DDHH de la ONU aprueba renovar mandato de Misión Independiente sobre Venezuela


ARCHIVO - El Consejo de Derechos Humanos de la ONU se reúne en Ginebra el 2 de marzo de 2022.

La resolución L41 sobre la situación de DDHH en Venezuela aprobada el viernes fue liderada por Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala y Paraguay.

Con 19 votos a favor, 5 en contra y 23 abstenciones, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución que extiende por dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM por sus siglas en inglés), que ha determinado que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad.

El más reciente informe de la FFM fue presentado el mes pasado y concluyó que individuos de alta jerarquía en la cadena de mando de los servicios de inteligencia venezolanos cometieron “crímenes de lesa humanidad” y señala al presidente Nicolás Maduro de encabezar planes de represión contra la disidencia.

Los países que votaron a favor de la resolución fueron Brasil, República Checa, Finlandia, Francia, Gambia, Alemania, Japón, Lituania, Luxemburgo, Malawi, Islas Marshalls, Montenegro, Países Bajos, Paraguay, Polonia, República de Corea, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos.

Bolivia, China, Cuba, Eritrea y Venezuela fueron los cinco países que votaron en contra.

Héctor Constant, representante de Venezuela ante el Consejo de DDHH de la ONU rechazó el proyecto de resolución, lo calificó de “hostil iniciativa” y advirtió que “entorpecerá las relaciones de cooperación y asistencia técnica” del gobierno con la Oficina del Alto Comisionado para DDHH de la ONU (ACNUDH).

“El proyecto de resolución puede incidir negativamente en los procesos de diálogo entre los principales actores políticos del país e incluso constituye un triste mensaje para la comunidad de naciones en un momento en el cual Caracas es sede de importantes conversaciones de una paz regional tan anhelada”, manifestó Constant durante el debate.

El proyecto de resolución puede incidir negativamente en los procesos de diálogo"
Héctor Constant, representante de Venezuela ante el Consejo de DDHH de la ONU

Días atrás, Constant advirtió que, frente a una eventual prolongación del mandato del mecanismo que calificó de injerencista, tomarían las medidas “políticas y diplomáticas pertinentes en el ámbito bilateral y multilateral”. Venezuela recibió el respaldo de la delegación de Cuba, que rechazó el uso de mecanismos de derechos humanos para incentivar una política de “hostilidad” contra el pueblo y el gobierno venezolano.

Varios países, entre ellos Paraguay, insistieron durante el debate en que es necesario que el Consejo de DDHH de la ONU continue abordando la situación de los derechos fundamentales en Venezuela y subrayó que, aunque la resolución reconoce que el Estado venezolano “ha dado pasos razonables” en la dirección correcta, reiteró que los desafíos “son enormes”.

La delegación de México argumentó su decisión de abstenerse debido a las gestiones que realiza “a efecto de mantener las negociaciones políticas para albergar los diálogos de paz entre el gobierno e Nicolás maduro y la Plataforma Unitaria” de la oposición.

Sin embargo, recordó que, en reiteradas ocasiones, México ha expresado su “profunda preocupación”, destacando la necesidad de que defensores de derechos fundamentales y periodistas realicen su labor de manera “independiente y en un entorno seguro libre de represión y violencia”.

La FFM fue creada en 2019 mediante una resolución del Consejo de DDHH de la ONU, por un periodo de dos años para evaluar presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas desde 2014 y fue prorrogado hasta septiembre del 2022.

La Resolución

El proyecto de resolución L41 aprobado el viernes fue copatrocinado por 48 países y manifiesta preocupación por las “continuas y graves violaciones y transgresiones de los derechos humanos” en Venezuela y respalda la prorrogación del mandato de la Misión “con miras a combatir la impunidad y asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.

Además, insta al Estado venezolano a liberar “inmediatamente” a todos los presos políticos y a todas las demás personas privadas de libertad de manera ilegal o arbitraria, dando prioridad a las que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

También solicita al Alto Comisionado de DDHH de la ONU que siga vigilando la situación de los derechos humanos en Venezuela, informando al respecto y proporcionando cooperación técnica con miras a mejorarla.

Extienden por dos años investigaciones de la Misión de Determinación de la ONU sobre Venezuela
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“Votación aplastante”

Distintos sectores de la sociedad civil venezolana que, desde hace varias semanas, abogaban por la extensión del mandato de la FFM, se mostraron complacidos por la decisión tomada el viernes en el Consejo de DDHH de la ONU.

Calixto Ávila, representante en Europa de la ONG Provea, una de las organizaciones defensoras de los derechos humanos más antiguas de Venezuela, explicó -en un mensaje compartido con periodistas- que la resolución ordena a la FFM la presentación de dos informes verbales y dos escritos en las siguientes sesiones del Consejo de DDHH hasta el 2024.

Ávila subrayó que la ampliación del mandato de la FFM era “indispensable” para que las víctimas “vieran esperanzas” de que se va a combatir la impunidad de las graves violaciones a los DDHH.

“Esta prórroga del mandato constituye una victoria de las víctimas en Venezuela y del movimiento de DDHH, que la logrado crear consenso en la comunidad internacional”, dijo.

Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, una asociación civil dedicada a monitorear la administración de justicia y el Estado de derecho en Venezuela, coincide en que la sociedad civil está llena de “júbilo”, pero no descarta que el gobierno anuncie la suspensión de las actividades de la ACNUDH en Venezuela.

Pone en evidencia es la desesperación del gobierno venezolano de tomar alguna represalia"
Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia

A su juicio, en el país no se han registrado avances en materia de derechos humanos y evalúa el argumento del Estado venezolano como “irracional” debido a que la FFM es un organismo independiente de la ACNUDH.

“Tan independiente que la Misión se ha quejado de la falta de colaboración e incluso la obstaculización por parte de la Oficina del Alto Comisionado. Lo que esto pone en evidencia es la desesperación del gobierno venezolano de tomar alguna represalia por la decisión”, manifestó en entrevista con la VOA.

En noviembre del año pasado la fiscalía de la CPI decidió abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y, a principios de este año, el fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció que acordó con Maduro la instalación de una oficina en el terreno.

Entrevista a Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia
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En abril, la fiscalía de la CPI notificó que pedirá a la Sala de Cuestiones Preliminares del tribunal que autorice la reanudación de su investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, “en virtud del artículo 18 (2) del Estatuto de Roma”.

El fiscal de la CPI, Karim Khan, argumentó que Venezuela no “adjuntó material de respaldo” y, en cambio, se refiere a los “nueve informes que había presentado previamente a la fiscalía desde 2020 durante el examen preliminar de la situación”.

Actualmente, se espera que el fiscal introduzca la solicitud formal para la continuación de la investigación.

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