Omar Bolívar hace parte de un grupo de venezolanos que ha caminado seis horas. Pisan a paso lento el asfalto de la autopista norte, mientras atraviesan Bogotá, cargando sus maletas y con ayuda de sus bicicletas para llevar sacos de ropa. ¿Por delante? Unos 500 kilómetros más para llegar a la meta: Cúcuta, la frontera entre Colombia y Venezuela, con el único propósito de regresar a su país.
Con dolor e impotencia, algunos lo ven como un déjà vu, pero esta vez no para huir de la crisis venezolana, sino para regresar a ella pues, según dicen, en Colombia ya no hay oportunidad.
“Lamentablemente, sucedió lo de la pandemia, que se escapa de las manos de cualquiera y bueno (…) nos toca regresar. No queremos, pero nos duele”, relató Omar a la Voz de América.
En imágenes: migrantes venezolanos denuncian desalojos en Bogotá en medio de pandemia
Tras vivir unos ocho meses en Colombia, relata que como otros de sus coterráneos, se sostuvo económicamente de trabajos informales. Pero la cuarentena impuesta por el gobierno colombiano para frenar el brote de la COVID-19, cortó de una vez el sustento diario, explica.
La actual situación les impide trabajar, pagar sus arriendos y algunos, además, son desalojados.
“En vista de que el presidente Iván Duque dice una cosa, la alcaldesa dice otra, que no se van a cobrar los arriendos, pero en ningún momento mencionaron a los venezolanos. Hablamos con el dueño porque se portó muy bien con nosotros, siempre nos dio la cara, pero entre sí y no prácticamente nos dijo que no podía tenernos. Entonces nosotros captamos el mensaje enseguida”.
Los desalojos se presentan, a pesar de que el ministro de vivienda de Colombia, Jhonatan Malagón, anunció el martes en alocución televisiva que “durante la cuarentena, y hasta dos meses después, queda prohibido el desalojo de cualquier familia colombiana por moras en los arriendos” y de que la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá ha informado que se hará efectivo un decreto que ordena que nadie puede ser desalojado por no pagar el alquiler y se garantizará el hospedaje durante la época de cuarentena.
Carlos Álvarez, vocero de migrantes venezolanos, denuncia una situación compleja que, además, aqueja a muchos colombianos que viven en el sector de Santa Fe, una zona cercana al centro de Bogotá caracterizada por la presencia de prostíbulos, residencias y hoteles llamados ‘pagadiarios’, donde precisamente un arriendo se paga día a día.
“La mayoría de las personas que hacen vida en este sector su actividad económica radica en la informalidad, en el día a día y es por eso que muchos compañeros no han podido ejercer sus funciones y contribuir con el pago correspondiente al tema de su habitabilidad”, dice Carlos.
Aunque cuenta que el alcalde del sector ha hecho presencia para hacer un ‘barrido’, aún hay muchas familias que siguen quejándose de los desalojos y la falta de atención y, dice él, “no se ha dado respuesta a ciencia cierta a la problemática”.
Es el caso de Edis Briceño, quien señala que a pesar de la prohibición de los desalojos, el dueño del hotel donde vivía lo sacó, después del cierre del lavadero de carros donde trabajaba y quedarse sin trabajo.
Así como Eduardo Colina, un venezolano que llegó a Colombia hace dos años, proveniente de Maracay: “Nosotros trabajamos con comida rápida y por la situación que se está viviendo de esta enfermedad, pues entonces no podemos trabajar. No podemos pagar más arriendo (…) y yo fui uno de los primeros que mandaron a desalojar".
"Ya tenemos cinco días en la calle. Un señor nos dio un apoyo en una camioneta y nos refugiamos ahí. (Somos) cinco personas ahí metidos”.
“Lo único que le pedimos al gobierno, no le pedimos plata, le pedimos una ayuda con una habitación y agua y comida más nada. No le exigimos plata ni nada así”, agregó a la VOA.
La otra cara
Los hoteleros, por su parte, justifican que siguen llegando los recibos de los servicios públicos y que no tienen cómo pagarlos si no reciben el dinero del alquiler. La Voz de América intentó hablar con algunos de ellos, pero prefirieron no abrir sus puertas.
No obstante, también existen personas como Miguel Enrique Antía, un colombiano que se desempeña como administrador de un ‘pagadiario’, que prefieren mantener a los inquilinos, primero porque saben de la prohibición y quieren evitar “meterse en problemas" y dos, porque reconocen que hay “mucha gente que está sin trabajo, pasando necesidades, que no tienen qué comer”.
Incluso, denunció que la Alcaldía les ofreció una ayuda que nunca les llegó y donde las recibieron, dice él, fue de 6.500 pesos (menos de dos dólares).
Pide un apoyo, “que no me lo den a mí sino a la gente que necesita,a la gente que yo tengo en el hotel, que tengo muchos niños, muchas personas ancianitas”, cuenta.
“Mi jefe me está diciendo que esperemos a ver qué pasa con la gente, que les tengamos paciencia a ver qué pasa. Pero es que la paciencia ya está agotando. ¿Por qué? Porque nos están llegando recibos. No están llegando luz. No está llegando agua”, cuenta Miguel.
La VOA visitó este ‘pagadiario’, donde residen 47 personas. Se ven parejas o familias en una habitación reducida, en espacios donde deben comer y dormir, y pagan casi 3 dólares por noche. Incluso, hay residencias donde deben dormir en camarotes.
“No se permitirán desalojos”
El jueves en la mañana, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, informó a través de su Twitter que el gobierno nacional dijo que la Gerencia de Frontera de la presidencia y Migración Colombia se encargarán de canalizar la ayuda humanitaria para la población migrante.
La respuesta se dio tras el llamado que esta semana hizo la alcaldesa al gobierno: señaló que la ciudad no tiene la capacidad de ayuda, que es responsabilidad del gobierno la atención de esta población e hizo llamado a Migración Colombia para que haga frente a la situación.
El vocero de comunicaciones de esta autoridad dijo a la VOA que “el tema asistencial no es competencia de Migración y como tal no podemos pronunciarnos al respecto”.
Según la alcaldesa, el miércoles había 1.200 personas en las calles del centro de Bogotá y el 80% de ellos eran venezolanos.
Por su parte, el presidente Iván Duque dijo el miércoles, en una entrevista a una emisora local, que “hay algunos alcaldes que, de alguna manera están tratando de decir ‘Es que ese no es mi problema".
"Pero yo pregunto una cosa", añadió Duque. "¿Y hasta hace dos meses que decía? ¿Hasta hace dos meses también decían lo mismo? No, es responsabilidad de todos. Aquí nadie se puede lavar las manos. Nadie, frente ante un tema tan sensible”.
Enfatizó en que “todos tenemos que buscar una respuesta (…) Y nosotros también buscaremos la manera como podamos articular con alcaldías y gobernadores para que esa población migrante también tenga algún nivel de atención”, dijo el presidente quien también rechazó la xenofobia.
La Alcaldía también confirmó a la VOA que la Secretaría de Integración les ha entregado mercados y que se está revisando articulación para atenderlos.
“No permitiremos el desalojo de ninguna familia vulnerable en la ciudad de Bogotá. No sólo porque así lo establece el decreto distrital y el decreto nacional, sino porque nuestra responsabilidad como seres humanos en este periodo tan difícil en materia económica en materia de sanidad es cuidar de los más débiles de los más vulnerables”, dijo el secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez.
En Bogotá, esta semana se registraron protestas debido a que muchos habitantes del centro de la capital, donde hay migrantes, personas en situación de pobreza, ente otros, han sido desalojados de los llamados 'pagadiarios'.
Según Migración Colombia, casi un millón 800.000 venezolanos viven en el país.
