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Polémico rescate de aerolínea española salpica a Venezuela


En España, venezolanos se han manifestado en el pasado por la liberación de los presos políticos en Venezuela. Esta imagen del líder de la oposición encarcelado, Leopoldo López, en una protesta entonces por su liberación, el sábado 18 de febrero de 2017.

En España la polémica continúa después de que el gobierno aprobara rescatar con 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. La oposición cuestiona los criterios para otorgar el apoyo y apunta a presuntas relaciones de la empresa con el Gobierno de Nicolás Maduro. Por su parte, tanto el Gobierno español como la compañía se desvinculan de las acusaciones.

Plus Ultra es una aerolínea con bandera española que representa menos del 1% de las operaciones aéreas en el país. Cubre rutas internacionales a Ecuador, Perú y Venezuela. Fundada en el año 2011, en su página web muestran una flota de cuatro aviones, aunque actualmente solo uno de ellos está operativo, según medios españoles.

Respecto al tráfico de pasajeros, según datos de la entidad Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), en 2019 Plus Ultra transportó a 156.139 personas y en 2020 a 47.194. Resultan cifras relativamente bajas en comparación con otras aerolíneas que operan en Latinoamérica como Air Europa, que en 2019 transportó 19.042.501 pasajeros y en 2020 6.470.983 pasajeros.

A pesar de que Plus Ultra reporta pérdidas desde sus inicios, el Gobierno español decidió auxiliarla con 53 millones de euros, que se canalizarán a través de un préstamo participativo de 34 millones y un préstamo ordinario de 19 millones de euros, tal y como advierte el comunicado de La Moncloa. La ayuda proviene del Fondo de Apoyo a la Solvencia, instrumento para aportar “apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la pandemia de la COVID-19 que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional”.

Dichos fondos son gestionados por La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El piloto y Presidente de la Asociación Española de Profesionales del Transporte Aéreo, Ignacio Rubio, destaca que en un contexto de crisis generalizada provocada por la pandemia, las aerolíneas han sido uno de los sectores más impactados. Comenta que las compañías aéreas españolas entre marzo del 2020 y enero del 2021 redujeron prácticamente un 98% de su actividad. Es por ello que considera que hay otras empresas con más peso que deberían recibir este tipo de ayuda: “[Plus Ultra] se lleva una parte del mercado del transporte aéreo, pero evidentemente representa una ínfima cuota respecto a otras compañías”, explica.

“Es difícil que una empresa así consiga financiación en circuitos normales”, afirma Jorge Calero, catedrático de economía aplicada de la Universidad de Barcelona. Comenta que, a su juicio, “Es una operación muy dudosa en cuanto la empresa sea viable y retome una actividad que permita devolver este crédito en el plazo de siete años”.

Presunta vinculación con el Gobierno de Venezuela

La oposición española se opone al rescate. El partido VOX presentó una querella en el Tribunal Supremo contra los miembros del Gobierno y la sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Además de cuestionar que los responsables del fondo hayan decidido otorgar el préstamo a la aerolínea, aseguran que el accionista mayoritario de la compañía es venezolano y que sus representantes “son cercanos al entorno de [Nicolás] Maduro”.

“En concreto a la amiga del señor Ábalos, la señorita Delcy [Rodríguez] y a la mujer de Maduro y también al delincuente en vías de extradición a Estados Unidos, [Alex] Saab, actualmente detenido en Cabo Verde. Los españoles tienen derecho a saber a qué se debe esto, a qué se debe la infamia de uso de esos fondos públicos a una empresa irrelevante desde el punto de vista estratégico”, dijo Víctor González, miembro del Congreso de los Diputados de España por el partido VOX.

Por otro lado, el Partido Popular (PP) presentó una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el Consejo de Ministros y la SEPI. La formación liderada por Santiago Abascal apunta a presuntos delitos de malversación y prevaricación de fondos y ve indicios de posible fraude fiscal y entramado societario fraudulento. Además, el partido solicitó la creación de una comisión de investigación para ahondar en el asunto.

Por otra parte, el partido Ciudadanos pidió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que se posicionara con respecto al rescate. “¿Quién está detrás de esta empresa? ¿Quién ha autorizado esta operación? No se van a poder seguir escondiendo, lo hemos llevado a Europa”, afirmó la presidenta de la formación naranja, Inés Arrimadas, durante la sesión de Control en el Congreso.

Por otra parte, en el año 2018 el medio ArmandoInfo señaló que “detrás [de la compañía] están inversionistas venezolanos poco conocidos, pero relacionados con empresarios que despuntaron durante el chavismo”.

Por su parte, Plus Ultra, a través de un comunicado divulgado por varios medios españoles, niega que sus accionistas o directivos “tengan relaciones de influencia o interés con ningún Gobierno”.

Mientras, el Gobierno español se desvinculó de las acusaciones y defendió su decisión de otorgar el préstamo a Plus Ultra. La vicepresidente tercera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, pidió que “no se demonicen” las ayudas. “Es un poco contradictorio que tengamos una enorme presión de dar ayudas a las empresas y luego se monten estas cosas”, explicó en declaraciones al canal Antena 3. Calviño añadió que estas ayudas “no son comparables” al volumen de apoyo recibido por otras empresas.

Por otro lado, la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró durante la Sesión de Control al Gobierno, el pasado 17 de marzo, que la aerolínea es una compañía “estratégica y relevante” por el nicho de mercado que ocupa y que cumple con los “criterios para recibir ayudas vinculadas al fondo de solvencia”.

“Genera empleo directo a 350 personas y empleo indirecto a 2.500 personas”, mencionó.

Por otra parte, el pasado 15 de marzo el Ministro de Transportes y secretario general del Partido Socialista, José Luis Ábalos, se desvinculó del polémico rescate. Aseguró que su Ministerio “no tuvo nada que ver”. Sin embargo, medios españoles apuntan a que uno de los informes que la Sociedad Estatal de Participantes Industriales (SEPI) utilizó para justificar la ayuda, fue elaborado por la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA), la cual depende del Ministerio de Ábalos.

“Se hablaba de buscar inversores de Venezuela e incluso se hablaba de Irán”

Venezuela 360 habló con uno de los fundadores de Plus Ultra, el piloto y antiguo director de operaciones de la aerolínea, Carlos Ximénez. De padre español y madre alemana, Ximénez fue portavoz de la plantilla de Air Madrid cuando ésta quebró en 2006.

Explicó que, en un principio, su objetivo era hacer “resurgir” la compañía uniendo esfuerzos alemanes y españoles para “abrir la puerta de Latinoamérica a Europa”. Más tarde nació Plus Ultra, cuyo nombre hace referencia al escudo de armas de España. Además, un hidroavión que tenía este mismo nombre, realizó por primera vez en 1926 un vuelo entre España y América, suceso que representó toda una proeza para la aviación del país europeo.

Ximénez explica que, en los inicios del proyecto, los alemanes se desvincularon de la inversión y la parte española siguió buscando inversores: “Se hablaba de buscar inversores de Venezuela y se hablaba incluso de Irán”, explica el piloto. Por otro lado, afirmó que uno de los altos cargos de la empresa le comentó: “Para llegar a la meta, si hace falta, pactaremos con el diablo”.

Los objetivos del exdirector de operaciones de Plus Ultra era crear una compañía que prestara un buen servicio, que contara con trabajadores con experiencia y que éstos recibieran un buen salario. Sin embargo, comenta que, con el tiempo, estos propósitos se fueron agrietando: “Empezaron a meter a gente por intereses de amistad o relaciones económicas a personas que no estaban capacitadas (…) Esa enfermedad se llama corrupción”.

“Es el peor daño para una empresa o sociedad”, recalcó.

Respecto a las presuntas vinculaciones de Plus Ultra con el gobierno chavista, Ximénez comenta: “Parece que hay informaciones fundadas y son efectivamente verídicas, y me avergüenza todo esto, porque esta no era la intención que teníamos”, comenta.

El piloto indicó que, a causa de los desacuerdos con la directiva de la compañía y al no ver materializados los objetivos establecidos al principio, se desvinculó de la empresa en 2012.

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