El Departamento de Salud y Servicios Humanos con frecuencia omitió realizar las comprobaciones de antecedentes exigidas a los trabajadores de los centros de detención de emergencia para niños migrantes que cruzaron la frontera sur de Estados Unidos sin compañía de un adulto durante una oleada migratoria en 2021, según ha descubierto el organismo de supervisión interna de la agencia.
El informe del inspector general publicado el jueves plantea interrogantes sobre cuán mejor preparadas estarán las autoridades para la próxima emergencia, en particular cuando se acerca la fecha en que expirarán las restricciones al asilo relacionadas con la pandemia de coronavirus, con lo cual se prevé que lleguen más migrantes.
El informe, basado en un muestreo, descubrió que no se revisaron antecedentes de 200 trabajadores en busca de posible historial maltrato o negligencia infantil, y sólo se revisaron los de 29, aunque 20 de ellos no se hicieron “de manera oportuna”.
Los investigadores descubrieron que 174 no tenían comprobación de antecedentes por huellas dactilares en el FBI y 55 sí, pero 25 de ellos no se hicieron “de manera oportuna”. Los cotejos con el registro de delincuentes sexuales del Departamento de Justicia, que se exigen con menos frecuencia, no se hicieron a 42 trabajadores y sí a 36, aunque 11 no se hicieron “de manera oportuna”.
Las comprobaciones de antecedentes penales basadas en registros públicos se hicieron con más frecuencia, pero a menos de la mitad de los nuevos contratados.
La revisión se centró en 10 de los 14 “centros de admisión de emergencia”, incluidos los centros de convenciones de San Diego y Long Beach, California, el recinto ferial de un condado cercano a Los Ángeles y dos bases militares de Texas. Incluía un centro de apoyo gestionado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) en Carrizo Springs, Texas, que tampoco realizaba a menudo los controles exigidos.
El HHS amplió la capacidad de acogida a 13.500 camas en los primeros meses de 2021, pero no estaba preparado para el aumento que se produjo poco después de que el presidente Joe Biden asumiera el cargo, lo que obligó a las autoridades a pedir ayuda al ejército y a los gobiernos locales para abrir refugios de emergencia por hasta seis meses.
La Oficina de Reasentamiento de Refugiados del HHS “debe subsanar las deficiencias que hemos detectado para garantizar que no se repitan problemas similares en futuros flujos” de migrantes, concluye el informe. “La supervisión efectiva de las operaciones de las instalaciones y la comunicación clara de los requisitos de verificación de antecedentes son fundamentales para garantizar la seguridad de los niños”.
El HHS aceptó las siete recomendaciones del organismo de control. January Contreras, subsecretaria para niños y familias, dijo que el informe abarcaba “uno de los periodos más difíciles” en su historia de atender a los niños migrantes, y señaló que el aumento se produjo en medio de la pandemia.
Según la ley federal, el HHS se hace cargo de la custodia de los niños que cruzan la frontera sin compañía de un adulto —generalmente en las 72 horas siguientes a su detención— y los coloca con familiares u otros patrocinadores mientras sus casos pasan por los tribunales de inmigración.
La Patrulla Fronteriza mantuvo detenidos a algunos niños durante días, incluso semanas, en 2021, hasta que el HHS estuvo preparado para asumir la custodia. La Patrulla Fronteriza llegó a tener más de 4.000 detenidos, en su mayoría niños no acompañados, en una instalación de Donna, Texas, diseñada para alojar a 250 con las restricciones por el COVID-19.
En una respuesta al inspector general, Contreras escribió que el HHS “sigue buscando formas más eficientes de reducir las barreras a la puntualidad de la adjudicación de la verificación de antecedentes, ha hecho progresos y está trabajando en tiempo real para mejorar sus procesos”.
En marzo de 2021, las autoridades estadounidenses registraron el mayor número de cruces de niños migrantes del que se tenga registro, con casi 19.000 que fueron puestos bajo custodia. El mes de marzo del año pasado —los últimos datos disponibles públicamente— se detuvo a unos 12.500.
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