Una investigación de la organización Human Rights Watch (HRW, por sus siglas en inglés) y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) señala que los procesos de libertad condicional y libertad vigilada “en realidad agudizan la sobrepoblación en las cárceles y prisiones de Estados Unidos”.
El informe de 225 páginas argumenta que aunque ambas medidas ofrecidas a los reclusos “se promueven como alternativas al encarcelamiento que pueden ayudar a las personas a recomponer su vida”, también, cuando estas personas regresan a la cárcel por delitos menores “se les aplican castigos desproporcionados en procedimientos que no protegen de manera adecuada sus derechos a un juicio justo”.
En el estudio, titulado: “Revocado: De qué manera la libertad vigilada y la libertad condicional fomentan la encarcelación masiva en Estados Unidos)”, fueron entrevistadas 164 personas, entre ellas, 47 que habían sido encarceladas por violaciones de sus condiciones de libertad vigilada o libertad condicional en tres estados donde este problema es especialmente grave: Pensilvania, Wisconsin y Georgia.
A raíz de la declaración de pandemia por COVID-19, el secretario de Justicia de EE.UU., Williams Barr envió el 3 de abril de 2020 una orden al Buró de Prisiones para extender el número de presos a liberar, atendiendo al alto número de casos de contagios por coronavirus en algunas cárceles.
“La misión de BOP es administrar el castigo legal que impone nuestro sistema de justicia. Ejecutar la misión en nosotros es una obligación profunda de proteger la salud y la seguridad de todos los reclusos”, explicó.
Además, ordenó, que amparado en la Ley CARES, fueran un número mayor de presos los considerados para la libertad en el hogar “al saber que las condiciones de emergencia están afectando materialmente el funcionamiento de la Oficina de Prisiones", escribió Barr.
La investigación hecha por HRW remite a 2017, cuando según datos del Consejo de Gobiernos Estatales, “el 45 % de las admisiones en todas las prisiones estatales correspondían a violaciones de la libertad vigilada o de la libertad condicional”.
Otros datos consultados arrojaron que en los últimos 50 años, el uso de la libertad vigilada y de la libertad condicional en EE.UU. ha aumentado significativamente, al igual que el número de personas en cárceles y prisiones.
“En 2016, 4,5 millones de personas o 1 de cada 55, se encontraban bajo supervisión, situación que a menudo se extendía por años”, dijo HRW y explica que estas personas deben cumplir con una gran cantidad de condiciones “amplias, imprecisas y opresivas, como pagar multas y cargos que muchas no pueden afrontar”.
El informe explica que las muestras de campo fueron tomadas en los estados de Pensilvania, Wisconsin y Georgia y concluye que “Fundamentalmente, las violaciones de la supervisión a menudo son consecuencia de la situación de pobreza; de la falta de apoyo por parte de las autoridades para que las personas puedan abordar los problemas subyacentes, como el trastorno por consumo de sustancias, la inseguridad habitacional o condiciones de salud mental”.
Finalmente, HRW y la ACLU “recomiendan que el gobierno federal y los gobiernos estatales y locales dejen de orientar recursos a la supervisión y el encarcelamiento pues e “inviertan en puestos de trabajo, viviendas y tratamientos voluntarios para trastornos por consumo de sustancias y atención de la salud mental”.
