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Fiscal general de Venezuela ordena investigar muerte de ex ejecutivo detenido por corrupción


El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, durante su intervención en una conferencia de prensa en Caracas.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, durante su intervención en una conferencia de prensa en Caracas.

Tarek William Saab ordenó abrir una investigación por la muerte, bajo custodia del Estado, de uno de los detenidos por una de las tramas de corrupción investigadas en el país.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ordenó el jueves investigar la muerte de Leoner Azuaje Urrea, uno de los detenidos por una de las tramas de corrupción investigadas por el Ministerio Público.

“He comisionado a los fiscales 50 y 67 Nac para investigar el lamentable suicidio del ciudadano Leoner Azuaje Urrea en su lugar de reclusión: instruyendo a la Unidad de Criminalistica del MP junto al CICPC para adelantar la inspección técnica, las entrevistas y la autopsia de ley”, escribió Saab en Twitter el jueves por la tarde.

Azuaje, quien había formado parte de la junta administradora de la estatal Cartones de Venezuela (Cartoven), fue presentado el martes por la noche ante un tribunal para ser imputado por delitos que, hasta el momento, no han sido divulgados públicamente.

En un video transmitido por Venezolana de Televisión, el canal del Estado, se le vio esposado y vistiendo un overol naranja durante su audiencia de presentación.

Según el canal del Estado, Azuaje estaba presuntamente implicado en la trama de corrupción en Cartoven.

En su cuenta en Twitter, Azuaje se identificaba como ingeniero mecánico con estudios en ingeniería gerencial, profesor universitario y “defensor de las ideas de Chávez y Bolívar”.

Hace poco más de un mes la Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela (PNA) inició operativos en los que decenas de personas, entre ellas ex altos funcionarios públicos, ​han sido detenidas e imputadas por estar incursas en “hechos de corrupción” y “malversación de fondos” en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Cartoven y el sistema judicial.

En varias ocasiones activistas de derechos fundamentales han reiterado que el hecho de que una persona fallezca ​bajo custodia del Estado, sitúa la responsabilidad sobre los representantes del gobierno.

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