El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, rechazó el miércoles que una activista de DDHH y cinco familiares acusados de estar involucrados en actos conspirativos contra el gobierno hayan estado sometidos a una situación de desaparición forzada.
“Dentro de los lapsos legales correspondientes y en estricto apego al respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales se realizó la audiencia de presentación previo a una orden de aprehensión”, dijo el miércoles en una conferencia de prensa, en la que aseguró que era "imposible" y que el gobierno de Nicolas Maduro no acepta que se trate de una "desaparición forzada".
“Cómo explican que hasta ahorita haya gente diciendo de una desaparición forzada; todo es para enlodar la democracia venezolana”, manifestó mientras cuestionó las denuncias de diversas organizaciones no gubernamentales a las que calificó de “tarifadas”.
La abogada y experta en asuntos militares venezolana Rocío San Miguel, detenida la semana pasada, fue imputada de cometer los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación. Sus abogados denunciaron que no estuvieron presentes en la audiencia y que su paradero era desconocido.
Abogados de San Miguel alertaron que su vivienda fue allanada el miércoles por la noche y manifestaron preocupación ante la posibilidad de que se pudieran “sembrar” pruebas.
Señala por el caso Brazalete Blanco
Saab dijo que San Miguel aparece “referenciada” en el caso Brazalete Blanco, que consistía en un ataque a una instalación militar para robar armas, atentar contra un gobernador oficialista y escalar a un magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.
“En las extracciones telefónicas se han visto cosas sumamente delicadas que la vinculan en esa campaña contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (…) ella reconoce su papel de estar conspirando, mal poniendo a la Fuerza Armada en Europa y EEUU”, afirmó el fiscal.
Al respecto precisó que hay 19 involucrados y 15 órdenes de aprehensión por ejecutar.
Un exesposo de la activista fue acusado por los delitos de “revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación”.
De acuerdo con el fiscal, los otros cuatro integrantes de su entorno familiar, entre ellos su hija, fueron imputados por “ocultar y encubrir medios probatorios” pertenecientes a la activista y se mantienen bajo régimen de presentación.
Diversas instancias internacionales y gobiernos han expresado su preocupación por la detención de la activista, que también tiene nacionalidad española.
La embajada de España en Venezuela ha seguido el caso y, desde que tuvo conocimiento del mismo, llevó a cabo gestiones para determinar su paradero, prestar asistencia consultar y garantizar que se respeten sus derechos, de acuerdo con un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país.
El Foro Argentino por la Democracia (FADER), pidió el miércoles a la justicia argentina investigar violaciones a los derechos humanos de San Miguel, basado en el principio de jurisdicción universal que confiere la competencia de los Estados parte de los Convenios de Ginebra para juzgar y sancionar “graves violaciones” a los DDHH.
El año pasado un fiscal federal argentino imputó a catorce militares venezolanos por haber cometido presuntos crímenes de lesa humanidad durante las manifestaciones antigubernamentales de 2014, a partir de una denuncia presentada por la Fundación Clooney para la Justicia.
Sippenhaft
Defensores pro derechos humanos que se congregaron en las inmediaciones de la sede de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones para los Derechos Humanos (ACNUDH), en Caracas, nuevamente denunciaron el miércoles que no se cumplió con el debido proceso en el caso de San Miguel e insistieron en que, tanto ella como parte de su familia, fueron sometidos a una situación de desaparición forzada.
“Esto hace parte de la ejecución de un patrón que sostenidamente se ha ejecutado en Venezuela, extender la persecución a su grupo familiar. Esta es una forma de tortura, esto es un mecanismo para quebrar a quien está privado de libertad, para someterlo a auto incriminarse en esa necesidad humana de proteger a su entorno familiar”, dijo Martha Tineo, coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón, una organización que defiende los DDHH.
El concepto jurídico, conocido como sippenhaft, se estableció en la Alemania nazi, donde la responsabilidad de un acusado por crímenes contra el Estado se extendía automáticamente hacia sus parientes, expone Acceso a la Justicia, una asociación civil dedicada a monitorear la administración de justicia y el Estado de derecho en el país.
La Misión Internacional de determinación de los hechos sobre Venezuela de la ONU (FFM por sus siglas en inglés), que es desconocida por el gobierno de Maduro, alertó en un informe publicado en 2021 que identificó al menos un caso de sippenhaft en territorio venezolano.
Tres colaboradores de la aspirante presidencial opositora María Corina Machado fueron detenidos y vinculados con la misma trama de conspiración que San Miguel. Sus abogados denuncian que desconocen dónde se encuentran.
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