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Foro Penal pide no excluir a la sociedad civil de proceso de diálogo en México


Gonzalo Himiob Santomé (D) y Alfredo Romero (I), directores del Foro Penal, en rueda de prensa en Caracas, Venezuela.

De acuerdo la ONG Foro Penal, al menos 50 presos políticos en Venezuela presentan “delicadas condiciones” de salud.

El Foro Penal, una ONG que da asistencia pro bono a detenidos de manera arbitraria, plantea que la sociedad civil venezolana no sea excluida del proceso de negociación restablecido la semana pasada entre la Plataforma Unitaria de la Oposición y el gobierno del presidente Nicolás Maduro en México.

Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, advirtió que no se deben cometer los errores de los procesos de negociación que se han llevado a cabo desde 2014, que han partido de las mismas premisas y metodologías, e insistió en que los derechos humanos no pueden negociarse de manera política.

“El error básico es pretender utilizar a los presos políticos como bandera para hacerse ver que están logrando objetivos en materia de derechos humanos y obtener de eso beneficios de carácter estrictamente políticos”, dijo Romero este jueves en un conferencia de prensa.

Añadió que “si se va a hablar de una negociación seria, donde seres humanos están puestos sobre la mesa, que suena hasta feo, porque son fichas de negociación, tienes que conocer por lo menos al ser humano”.

“Tienes que saber de quién estás hablando, tienes que saber por quién vas a hablar, tienes que saber por qué vas a hablar de él, de esta persona primero que la otra y para eso necesitas una reunión con organizaciones, con víctimas”.

El gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria reanudaron la mesa de diálogo en México, donde firmaron un acuerdo que anticipa la creación de un Fondo para la Atención Social con recursos congelados en el exterior, y que será administrado por la ONU, para atender las necesidades más urgentes en Venezuela.

Se espera que en próximas conversaciones se aborden temas como el de los presos políticos y condiciones electorales.

A juicio de Romero, para que una negociación en materia de derechos humanos sea efectiva, la información de las víctimas debe ser “validada y verificada” a través de organizaciones de derechos fundamentales que representan a las víctimas.

“Debemos exigir que no se engañe a la población diciendo que están manejando la información de los presos políticos, porque no es verdad, ni siquiera se han comunicado con nosotros. Eso no quiere decir que estemos necesariamente criticando las negociaciones”, expresó.

Gonzalo Himiob, director vicepresidente del Foro Penal, insistió en que se trata de un problema que debe ser abordado de manera integral y que debe darse el compromiso de la “no repetición”.

“De qué nos sirve, más allá de que toda libertad que se logre dentro de cualquier proceso siempre va a ser celebrado, pero de que nos sirven una, dos, 10, 20 excarcelaciones puntuales si a la vuelta de unas semanas vamos a tener esas celdas de nuevo llenas con otros presos políticos dentro de lo que es esta estrategia de puerta giratoria”, señaló.

Los abogados alertaron que una negociación política no debe comprometerse la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

“Hacerlo sería darles la espalda a las víctimas y sería un franco despropósito con todo ese trabajo que tantos años ha costado”, precisó.

A finales de este año, la fiscalía de la CPI solicitó ante la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, en virtud del artículo 18 (2) del Estatuto de Roma, lo que fue rechazado por el gobierno de Maduro que había solicitado un aplazamiento de la investigación.

El Estado venezolano argumenta que “está investigando o ha investigado a sus nacionales u otros dentro de su competencia respecto a presuntos hechos punibles contra los derechos humanos en concordancia con la información facilitada”.

Según el Foro Penal, actualmente existen 277 presos políticos en Venezuela, 154 de ellos militares y 123 civiles.

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