Un tribunal guatemalteco inició el martes, un día antes de que se celebre a nivel mundial el día de la libertad de prensa, el juicio contra el periodista José Rubén Zamora, crítico del gobierno y especialista en temas de corrupción, acusado por la fiscalía de lavado de dinero.
Al llegar a la audiencia esposado y custodiado por una decena de policías, Zamora dijo a periodistas que era “un preso político” y aseguró que será sentenciado al señalar su falta de confianza en el tribunal. Junto a Zamora está siendo juzgada la ex auxiliar fiscal Samari Gómez, a quién la Fiscalía señala de revelar información -aunque no se conoce de qué tipo o a quién-.
El periodista también cuestionó al juez Freddy Orellana, el primero en conocer su caso y quien lo envió a juicio, por rechazar las pruebas a su favor, pero aceptó las de la fiscalía y los querellantes. “El juez Orellana más que juez parece verdugo, más agresivo que el Ministerio Público”, dijo.
Zamora, de 66 años, es el presidente de El Periódico. Ha sido galardonado con premios como el María Moors Cabot de la Universidad de Columbia, el Premio Internacional a la Libertad de Prensa y el Premio al Héroe Mundial de la Libertad de Prensa del Instituto Internacional de Prensa.
El periodista, que lleva nueve meses preso, fue acusado por la fiscalía tras la denuncia de Ronald Navarijo, un amigo suyo y comerciante acusado de corrupción quien dijo que Zamora le había pedido depositar en un banco 240.000 quetzales en efectivo, unos 30.000 dólares.
La defensa de Zamora sostiene que el periodista buscó apoyo en Navarijo para no ser él quien ingresara el dinero al sistema bancario ya que provenía de una donación y se usaría para pagos del medio. La defensa dijo también que el acoso gubernamental -que incluso bloqueó la pauta publicitaria del medio- era el motivo por el que no se quería exponer al donante.
La Fiscalía se ha alineado en su acusación con la Fundación contra el Terrorismo, un grupo de derecha que defiende a exmilitares acusados de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno y a personas acusadas de corrupción. La organización es querellante en el proceso contra Zamora.
Cuatro abogados defensores de Zamora han tenido que renunciar tras denunciar presiones judiciales, ser detenidos por supuestamente obstruir a la justicia en el caso e incluso procesados. Dos de los abogados aceptaron los cargos contra Zamora para obtener una sentencia más leve y otro permanece detenido. El cuarto aún está pendiente de captura.
El fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía especial contra la impunidad (FECI), sancionado por el gobierno estadounidense por obstruir la lucha contra la corrupción, dijo que la investigación contra otros periodistas de El Periódico avanza, por supuestamente obstruir la justicia al hacer publicaciones sobre el caso.
Tras el acoso del gobierno el matutino El Periódico, que publicó decenas de casos de corrupción, dejó de imprimirse y ahora circula en formato digital.
La familia de Zamora ha dicho que lo que detonó la encarcelación del periodista fue la publicación de un caso conocido como “La trama rusa” según el cual el presidente Alejandro Giammattei habría recibido sobornos de empresarios rusos a cambio de beneficios en concesiones de mega proyectos.
Varios organismos de prensa nacionales e internacionales han solicitado la excarcelación de Zamora.
Mario Recinos, vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, dijo que se está judicializando y criminalizando el trabajo de periodistas y que el juicio a Zamora es un retroceso para el país, porque hay dudas en el caso del que le acusa la Fiscalía.
“La Fiscalía está usando la ley contra la delincuencia organizada para aplicársela a periodistas por una supuesta obstrucción a la justicia, pero hay una ley de Emisión del Pensamiento y la constitución dice que ninguna otra ley es superior a ésta”, dijo Recinos al explicar que es la ley de Emisión del Pensamiento la que debe usarse si hubiese acusaciones a periodistas por el ejercicio de su profesión.
Gobiernos como el de Estados Unidos y países de la Unión Europea han manifestado su preocupación por la situación de Guatemala y han advertido sobre un deterioro del Estado de Derecho y la criminalización de funcionarios del Poder Judicial, defensores de los derechos humanos, opositores y periodistas.
Durante el gobierno de Giammattei (2020- 2024) se han exiliado más de 35 operadores de justicia, activistas, periodistas y opositores.
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