Jueces y magistrados de Guatemala denuncian falta de garantías para impartir justicia

La Asociación de Jueces y Magistrados por la Integridad (AGJI) de Guatemala se pronunció a favor de la jueza anticorrupción Erika Aifán, quien esta semana presentó su dimisión y se exilió a Estados Unidos, y denunciaron falta de garantías para la independencia judicial por parte del Estado.

A través un comunicado, los jueces condenaron el martes los "ataques sistemáticos" que obligaron a la jueza a renunciar al ejercicio de su función judicial e indicaron que “la falta de garantías para desempeñar sus funciones compromete nacional e internacionalmente al Estado de Guatemala”.

Los miembros de la Asociación también hicieron énfasis en que Aifán gozaba, desde 2019, de medidas cautelares de protección solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por amenazas en su contra y que el máximo órgano de justicia del país no la protegió.

El juez y presidente en funciones temporal de la AGJI, Carlos Ruano, dijo al periódico local Prensa Libre que existen múltiples factores que “afectan el libre ejercicio de la función judicial en Guatemala”.

Ruano también denunció “la falta de apoyo institucional” y lamentó que la Corte Suprema de Justicia del país no haya tomado cartas en el asunto para proteger a Aifán y otros jueces que también han sido víctimas de hostigamiento.

La renuncia de la jueza, una de las ganadoras del premio Mujeres Internacionales de Coraje del Departamento de Estado de EE. UU. de 2021, se produce luego de que otros cinco jueces anticorrupción fueran arrestados en las últimas semanas y acusados de abuso de autoridad y obstrucción a la justicia por parte del Ministerio Público.

Suspenden a otro juez anticorrupción

Un día después de la salida de Aifán, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala suspendió a otro juez, Pablo Xitumul, conocido por su lucha contra la corrupción y el manejo de casos de alto perfil contra militares y exfuncionarios del gobierno.

Tanto Xitumul como Aifán han ejercido como jueces en los llamados tribunales de "alto riesgo" del país centroamericano, creados después de la CICIG, una comisión anticorrupción respaldada por las Naciones Unidas. Ambos impulsaron reformas para investigar el crimen organizado y la corrupción.

La CICIG fue clausurada en 2019 bajo el gobierno del expresidente Jimmy Morales.

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El martes por la mañana, el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei emitió un comunicado en Twitter, diciendo que su administración estaba comprometida "con el cumplimiento del estado de derecho y con mantener a todos los miembros del poder judicial a salvo de amenazas y daños".

Inmediatamente después de su publicación, Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, reaccionó afirmando que las declaraciones del mandatario eran "una bofetada a la verdad".

Rosas denunció el "contexto de persecución y criminalización que enfrentan personas defensoras de derechos humanos, magistradas, fiscales y jueces" en el país centroamericano.

En lo que va del año, al menos 10 figuras de la justicia han huido del país hacia Estados Unidos debido a los casos abiertos contra quienes trabajaron en casos de la CICIG.

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