El sistema de justicia venezolano ha sido un actor importante, por acción u omisión, en la represión estatal contra opositores gubernamentales o personas consideradas como tal, según un nuevo informe de la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
“Basado en las investigaciones y análisis realizados, la misión tiene motivos razonables para creer que, en lugar de proveer protección a víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes, el sistema de justicia venezolano ha tenido un papel significativo en la represión del Estado contra opositores del Gobierno”, afirmó este jueves Marta Valiñas, presidenta de la Misión, durante la presentación de este segundo reporte.
En esta oportunidad, la misión se enfocó en la respuesta del sistema de justicia venezolano a las violaciones de derechos humanos contra opositores o personas percibidas como tal.
Para ello realizó 177 entrevistas con actores del sistema de justicia, así como encuestas a ex jueces, fiscales y abogados; además de realizar un análisis detallado de 183 detenciones de opositores entre 2014 y agosto de 2021.
Valiñas explicó que papel del sistema de justicia venezolano lo ha tenido de tres formas: la “erosión de su independencia”, al no avanzar adecuadamente el procesamiento a los responsables por violaciones de derechos humanos por otros actores estatales, y al cometer o no actuar ante irregularidades procesales.
La misión también se refirió a la falta de independencia. El reporte reseñó que en 102 de las 183 detenciones examinadas por la Misión, hubo funcionarios públicos de alto nivel que hicieron declaraciones públicas sobre el caso.
“Ex jueces y fiscales entrevistado reportaron que ellos y sus familiares han sido sujetos a amenazas e intimidación. Casi la mitad de los ex jueces y fiscales entrevistado por la misión dejaron Venezuela” debido a preocupaciones por su seguridad, comentó Valiñas.
La presidenta de la misión igualmente indicó que, tras un seguimiento, de los 90 casos presentados en el primer informe de la misión relacionados a oponentes políticos, en solo tres de esos casos había información sobre avances.
E Incluso en estos tres casos, la investigación o está limitada a crímenes menos severos, solo los responsables de menor nivel enfrentan enjuiciamiento, o ambas, indicó Valiñas.
A pesar de la orden presidencial dada en mayo de transferir a todos los detenidos bajo la custodia de agencias de inteligencia a instalaciones del Ministerio para el Servicio Penitenciario, Valiñas reveló que de acuerdo con información disponible por la misión, “90 presos políticos se mantienen en las instalaciones del DGCIM”.
![La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, asiste a una sesión del Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, el 13 de septiembre de 2021. [Reuters]](https://gdb.voanews.com/1E8355FE-4BF7-4FFA-97D1-5F92AC6A9D87_w100_r1.jpg)
Por su parte, Francisco Cox Vial, miembro de la misión, indicó que: “La misión tiene motivos razonables para creer que irregularidades procesales frecuentes son cometidas por el sistema de justicia de la República Bolivariana de Venezuela contra opositores reales o percibidos” del gobierno.
La investigación de los casos reveló, agregó Cox, que ‘detenciones ilegales’ son frecuentes, abusando de la excepción ‘fragante delito’, que permite la detención sin una orden judicial. Además, expresaron su preocupación por el uso excesivo de las detenciones preventivas.
De los 170 casos de audiencias de presentación documentados, en 146 fueron ordenas detenciones preventivas. De estos, 80 duraron más de dos años, el límite permitido por las leyes venezolanas.
Además, en 113 de los 183 casos totales revisados, los detenidos o sus representantes han denunciado "torturas, violencia sexual y/o otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
“En 67 de estos (casos), los detenidos han comparecieron ante la corte con claras marcas de maltrato o han denunciado torturas, violencia sexual y/o otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”, agregó Cox.
Esta misión fue establecida en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y su mandato extendido, el año pasado, hasta septiembre de 2022.
El informe completo, de más de 200 paginas, será presentado la próxima semana ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En junio, el presidente venezolano Nicolás Maduro encargó a una comisión especial, conformada por diputados oficialista, realizar en 60 días una “revolución profunda y acelerada” del sistema judicial venezolano.
"Hemos tratado de contactar, tanto a autoridades gubernamentales como a otras autoridades (...) a todas nuestras cartas no hemos recibido respuesta", explicó la presidenta de la misión, Valiñas.
Contribuir a la justicia
En conversación con la Voz de América, el miembro de la misión Francisco Cox Vial detalla que, aunque trabajan bajo el estándar de “motivos razonables”, “no se puede menospreciar el rol que ha cumplido el Poder Judicial en permitir la violación a los derechos humanos respecto de personas que son opositoras al gobierno o son percibidas como tal”.
Destaca que si los tribunales y fiscales hubiesen cumplido su rol “muy probablemente muchos de estos delitos no se hubiesen cometido o al menos hubieran sido una barrera para que no se cometiera”.
Cox ratifica que intentaron establecer un canal de comunicación con el gobierno, dandole incluso la oportunidad de conocer previamente el informe, pero no tuvieron respuesta.
Asegura que, con su trabajo, esperan reflejar lo que están sufriendo las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Venezuela y contribuir a que exista justicia para ellas.
“Esperamos que el Gobierno tome este informe y vea la falencias que existen en él y que la comunidad internacional también lo sepa y haga exigible las recomendaciones que hacemos para que haya un Poder Judicial independiente y una Fiscalía independiente que le de protección a las personas que viven en Venezuela”, señala.
Miguel Pizarro, comisionado para ONU designado por la oposición, aseguró que cada una de estas actualizaciones emitidas por distintos organismos “nos acercan a los procesos necesarios para alcanzar la justicia" para los venezolanos, y que, en este sentido, es necesario “seguir documentado los casos de violación de derechos humanos”.
Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, rechazó el informe en declaraciones transmitidas por el canal oficial VTV, calificándolo de una “presunta misión ad hoc pagada por el Grupo de Lima” y aseguró que el sistema de justicia venezolano “se rige en base a lo que establece la Constitución y la ley”.
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